La agencia de calificación crediticia Standard & Poor’s (S&P), en un informe publicado el pasado 12 de enero (el mismo en que bajó la calificación de nueve países) sobre el efecto que tendrá el déficit de tarifa y las incertidumbres políticas sobre el rating de las grandes eléctricas españolas, asegura que se han realizado “algunas colocaciones privadas adicionales no reveladas“, que estima en 1.400 millones de euros. Un extremo que han confirmado a este diario fuentes empresariales, que precisan que han sido seis operaciones por 1.406 millones.
La primera emisión privada de la deuda eléctrica, y hasta ahora la única de la que se tienen noticias, es la que realizó el Fondo de Amortización de la Deuda Eléctrica (FADE) entre el 14 y el 15 de noviembre entre inversores privados al margen del mercado. La colocación fue de 475 millones, en dos tramos de 325 y 150 millones, con una rentabilidad del 6,42% y del 5%, respectivamente. A finales de septiembre, el Gobierno publicó un real decreto que permitía las emisiones privadas para facilitar la titulización, función reservada hasta ese momento al Tesoro Público.
Como señala el informe de S&P, “pese a la crisis de la deuda soberana y la inestabilidad de los mercados”, el Estado logró titulizar el año pasado 8.500 millones de euros, que representan más de la mitad del déficit pendiente a 31 de diciembre de 2010. A ello hay que sumar los 1.400 millones. Para la agencia de rating estas emisiones demuestran “el apetito del mercado por estos títulos y el compromiso del Gobierno de acabar con el déficit”.
Sin embargo, las previsiones de S&P para este año se tornan oscuras. Considera que la deuda eléctrica va a sufrir las mismas presiones que la deuda soberana y que los mayores costes de su financiación se van a traducir en mayores costes para el sistema eléctrico. La sangría del déficit de tarifa y las incertidumbres políticas que S&P aprecia para su resolución, máxime en un contexto económico “muy difícil”, podría conducir una rebaja de la calificación de las cinco grandes generadoras de electricidad que financian del déficit, en tanto se tituliza (Endesa, Iberdrola, Gas Natural y, en mucha menor medida, HC y Eon España).
Aunque el nuevo Gobierno del PP ha subido los peajes de acceso en el primer trimestre (una media del 8,5%) ello no es suficiente para cumplir el objetivo de déficit para este año (1.500 millones, que podría sumar otros 2.000 millones) cuando ya se arrastra la rebaja aprobada (y recurrida ante el Tribunal Supremo por las empresas) en el último trimestre de 2011.
La recesión contribuirá a empeorar la situación, ya que con una demanda plana para este año de tan solo el 0,1%, los ingresos se resentirán agravando el déficit. Y aunque el Gobierno subirá los peajes, según el informe, en este contexto recesivo y con precios de la energía al alza, solo lo hará de forma modesta (por debajo de dos dígitos).
La situación desembocará inevitablemente en la aplicación de reformas estructurales, pero el informe ve improbable que este año se pueda lograr una solución definitiva. S&P considera un riesgo para la solvencia financiera de las eléctricas que el Gobierno les haga compartir “el dolor” de los consumidores aplicando un impuesto especial a la nuclear y a la hidráulica.
En definitiva, para la agencia de calificación existe una simbiosis entre la deuda soberana y la deuda eléctrica o, lo que es lo mismo, entre el déficit público y el de tarifa. Una opinión que comparten ejecutivos del sector.
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Fuente: Cinco Días
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