La compañías eléctricas están en guardia ante la posible propuesta del nuevo Gobierno de Mariano Rajoy que consistiría en la reducción de los ingresos a recibir por estas en base al déficit tarifario acumulado, es decir, por el desfase que existe entre el precio de producir la energía y lo que realmente se paga por ella. Dicho desfase asciende a la friolera de 20.000 millones de euros, de los que más de la mitad seguirían estando pendientes de cobrar por las compañías generadoras.

El diputado popular encargado de intermediar con las eléctricas es Álvaro Nadal, en unos acercamientos que llevan produciéndose desde hace meses. Al principio, los populares tantearon una quita pura y dura de las cantidades a percibir por las eléctricas, pero esto ha ido cambiando con el paso del tiempo debido a la dificultad de la operación. Ahora se habla de opciones que en cierto modo puedan dejar contentos a unos y otros, y se barajan posibilidades tales con la conmutación de déficit a cambio de suelo. Esto tiene su lógica siempre y cuando el Estado tuviera que asumir las ingentes cantidades de suelo que atesoran los bancos, algo que por otra parte parece inevitable. Cómo valorar esos activos de suelo es ya otra cuestión y el principal escollo a superar.

Desde las eléctricas, sin embargo, se niega la mayor. “La ley ya estipula cómo debe pagarse el déficit de tarifa. Cualquier cambio supondría modificar la normativa en vigor. De momento, no ha habido ningún planteamiento oficial de quita”, se explica desde una eléctrica. La patronal (Unesa) insiste en esa idea: “No se nos ha dicho nada oficialmente. Y la quita ni siquiera se contempla. Si hay una deuda, la tienes que pagar”.

En vista del posible golpe de mano por parte del Gobierno, las eléctricas juegan sus cartas y se manifiestan con acciones como la propuesta remitida al secretario de Estado de Energía, en la que le pedía esta semana que el Gobierno en funciones elevara en 2012 un 30% los peajes de la luz, que recogen los costes regulados del sistema eléctrico. En caso contrario, aseguran que el déficit de tarifa alcanzará en el próximo ejercicio los 5.270 millones, es decir, 3.770 millones por encima del tope legal. La revisión que plantean las empresas supondría una subida del 15% del precio de la electricidad. La diferencia entre ingresos y gastos ya superaba en septiembre, con tres meses por delante, el límite de 3.000 millones fijado por ley.

Salvar los bancos y luchar contra el desempleo

El discurso de Nadal ha sido claro en los últimos meses. Lo que le preocupa son los puestos de trabajo, la industria y las pymes nacionales. No está por la labor de llegar al objetivo del 20-20-20 [el mandato de la UE por el que las energías renovables deben aportar un 20% del consumo en 2020] porque sí. Se trata de promover la industria nacional y, si se llega a ese objetivo, bien estará. Del mismo modo, asegura que no hace falta más potencia de momento y que, si se requiere en el futuro, las fuentes prioritarias deben ser la nuclear y las renovables. Eso sí, siempre con el menor coste posible y teniendo en cuenta que las prioridades del nuevo Gobierno deben ser sanear el sector financiero y una reforma laboral”, añaden estas fuentes.

Desde luego, a expensas de lo que haga el Gobierno entrante, las eléctricas han tenido éxito en su labor de lobby con el saliente. José Luis Rodríguez Zapatero y Miguel Sebastián se despedían con un último guiño millonario a las compañías tras olvidar su inicial discurso verde. El Ejecutivo regulaba hace apenas días el servicio de disponibilidad de potencia, por el que fundamentalmente las propietarias de ciclos combinados veían formalizada la compensación económica a la que tendrán derecho anual por garantizar el suministro eléctrico. Un gesto del Gobierno con los tres grandes del sector (Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa) nacido del acuerdo cerrado a finales del 2010 para que las eléctricas retirasen los pleitos que mantenían por los decretos de ayuda al carbón nacional impulsados por la Administración. La CNE había evaluado que en España existe sobrecapacidad de potencia y no existe peligro de falta de suministro.

En esta línea, Sebastián dejaba al PP la resolución del pulso que las eléctricas convencionales, por un lado, y los principales promotores de energía termosolar, es decir, ACS, Acciona y Abengoa, mantenían a cuenta de los últimos detalles del PER 2011-2020 (Plan de Energías Renovables) y la incorporación al sistema de los 2.500 megavatios (MW) de energía termosolar ya inscritos en el registro de preasignación. Tendrá que ser el nuevo Ejecutivo del PP el que tenga que pronunciarse sobre la moratoria a las renovables reclamada por Unesa o dar carta de naturaleza al desarrollo de esa potencia, cuyo sobre coste para el sistema vía primas sería de 2.000millones de euros al año, según denuncian las propias eléctricas. Sus intreses pasan por defender su mix de producción y resolver el déficit de tarifa de más de 20.000 millones que acumula el sistema.

Fuente: El Confidencial