Las hostilidades entre el Ministerio de Industria y las eléctricas integradas en Unesa quedaron públicamente de manifiesto el viernes pasado cuando el secretario de Estado de Energía, Fernando Marti, respondió en tono desabrido a su presidente, Eduardo Montes, que la patronal eléctrica no es quién “para dictar la política energética del Gobierno”. Montes había exigido una subida de la factura de la luz del 15% en cumplimiento de las medidas cautelares del Supremo que imponen una refacturación del consumo desde el 1 de octubre por casi 2.900 millones de euros.

La exigencia del alto tribunal trae de cabeza a los abogados del Estado y a los técnicos del ministerio, que no encuentran la manera de evitar una catástrofe tarifaria. La actitud del presidente de Unesa no ha sido bien vista por algunas asociadas, más partidarias de mantener la calma y aflojar la presión contra un Gobierno acosado por la multitud de sectores a los que podría afectar la reforma para solucionar el déficit.

Pese a los comentarios retóricos que unos y otros hacen sobre la actitud dialogante del ministro de Industria, José Manuel Soria, lo cierto es que el político canario se limita “a dar la mano cuando uno entra y cuando sale de su despacho”, señalan gráficamente fuentes del sector. En cuanto al secretario de Estado, ni siquiera les ha permitido traspasar la puerta del suyo.

La ausencia de comunicación, unida al fuerte malestar creado por las cautelares del Supremo y la sentencia que anula la financiación del bono social (que podría obligar al Gobierno a eliminar este incentivo de la tarifa en plena recesión) hacen temer a las eléctricas medidas duras y con calzador para recortar la deuda eléctrica. Y, lo peor de todo, que se las van a encontrar en el BOE.

De hecho, la congelación de las titulizaciones del déficit pendientes por valor de 7.000 millones de euros les suena “a revancha” o a una posible quita, pese a que esta fue descartada recientemente por el propio Soria.

A la vista de lo ocurrido con el bono social, cuya financiación fue admitida por las empresas a cambio de que Industria les restituyese ingresos relativos a los derechos de emisión de CO2, y después fue recurrida por Iberdrola en los tribunales, las eléctricas no deberían sorprenderse del portazo del Gobierno, señalan en el sector.

Aunque se desconoce si la actitud del Gobierno es una respuesta a dicha traición, lo ocurrido demostraría “que hay que acabar para siempre con los pactos de despacho con las eléctricas, pues no se sostienen en Derecho”, indica un experto. El Gobierno les ofrece prebendas a cambio de algún sacrificio y tras aceptarlo, van a los tribunales. Tampoco faltan casos de incumplimiento de promesas por parte del ministerio.

Sea como fuere, para evitar arbitrariedades que perjudican finalmente a todas las partes, y más cuando los lobbies se han multiplicado, resulta conveniente que el Gobierno aborde la supuesta reforma con autonomía. Por el momento, ha perdido la oportunidad de haberla sustentado en el informe de la CNE, que Marti, presionado por REE y Enagás, echó por tierra en otra nota de prensa sin precedentes.

Fuente: Cinco Días