La reforma energética muere antes de nacer

reforma energetica - efimarketDesde el pasado mes de marzo, el sector eléctrico se mantiene en un sin vivir esperando una supuesta reforma energética de la cual, durante meses, las principales empresas del mismo juraron no tener noticia alguna.

Tras un primer paquete de medidas aprobado en marzo casi por sorpresa, y que costó a las cinco grandes integradas en Unesa un recorte de ingresos de unos 900 millones de euros, el ministro de Industria, José Manuel Soria, anunció una segunda fase que, según sus propias palabras, estaría lista, primero, en mayo; después, en la segunda quincena de junio y, más tarde, en la primera de julio.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, tomó el relevo del manido calendario y aseguró el viernes, 13, que la reforma energética se aprobaría “en julio” y lo ha recuperado de nuevo Soria para anunciar un nuevo aplazamiento. En otras palabras, que ya nos vamos al mes de agosto.

Llegados a este punto, bien podría afirmarse que la reforma ha muerto antes de nacer. Al menos, la elaborada por el Ministerio de Industria y que supuestamente estaba pactada con el jefe de la Oficina Económica de Moncloa, Álvaro Nadal, y con el de Hacienda, Cristóbal Montoro. Y es que la mal llamada reforma, como dijo el propio Mariano Rajoy en una de sus intervenciones en el Congreso de los Diputados, no es más que “un nuevo esquema de fiscalidad energética”.

La mal llamada reforma no es más que “un nuevo esquema de fiscalidad energética”, según el propio Rajoy

La situación ha cambiado radicalmente desde que se filtrara a los medios el paquete de medidas, que se resumen en impuestos sobre la venta de energía, cuyo porcentaje varía en función de las distintas tecnologías y perjudica a las que no pueden trasladar el coste de dicho tributo al precio final. También tasas a la nuclear y la hidráulica de 10 y 15 euros por MWh, respectivamente. Conocer el origen de la filtración podría arrojar alguna luz sobre las supuestas diferencias entre Industria y Hacienda respecto a estos gravámenes. La filtración se atribuye a Álvaro Nadal y con ella pretendía testar el grado de aceptación o rechazo hacia estas medidas.

El primer rechazo ha sido interno: pese a los meses invertidos en la elaboración de las medidas, que deben incluirse en una ley, hay quien asegura que los abogados del Estado se han percatado de que son recurribles y ganables en los tribunales por las eléctricas. Pero más bien han sido los servicios jurídicos de los distintos subsectores los que han hecho llegar al Gobierno que la nueva fiscalidad es “confiscatoria, discriminatoria y crea la misma inseguridad jurídica que un recorte de primas a las renovables”, pues es realmente una detracción de primas por la puerta de atrás. Además, no respetaría el derecho comunitario relativo a la tributación de la actividad eléctrica.

Los abogados del Estado se han percatado de que algunas medidas de la reforma son recurribles y ganables en los tribunales por las eléctricas

En un proceso sin negociación de Soria o Nadal con los afectados, las empresas han desplegado toda su artillería pesada por tierra, mar y aire contra unas medidas que el Gobierno se disponía a aprobar. Las presiones han llegado de la mano de fondos de inversión con intereses en el sector de las renovables y de los bancos que financian multitud de proyectos totalmente apalancados.

Es conocida la intervención de algunos embajadores, como el de Francia o el de Estados Unidos, que mantuvo una reunión con el titular de Industria y de la que -dicen- salió muy decepcionado. También las grandes eléctricas (muchas de ellas con políticos en sus consejos) han contribuido lo suyo a desmontar las medidas.

El propio Fulvio Conti, consejero delegado de la italiana Enel, propietaria de Endesa, pidió recientemente al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que se repensara bien la aplicación casi improvisada de unos tributos que tendría graves consecuencias para uno de los sectores que aún se mantienen en pie a pesar de la crisis económica que vive el país.

Eliminado el efecto sorpresa, sin el cual no era posible aprobar los nuevos tributos sin presiones, el citado paquete de medidas se puede considerar papel mojado. No ha sido posible por las diferencias internas y las dudas de que la recaudación por venta de energía sirviese más para recortar el déficit público que el de la tarifa.

Sea en el Consejo de Ministros del 3 de agosto o sea en el previsto para el 24 de ese mes, todo indica que, de aprobarse, las medidas no se parecerían a las que se han conocido en las últimas semanas. A pesar de que el Gobierno cumpliría así su promesa de que el Estado (a través de los contribuyentes) contribuirá también a paliar el problema del déficit de tarifa. Quien más lo ha repetido es el propio Soria, del que se rumorea que podría presentar su dimisión si no se admite su propuesta.

Muchas voces reclaman ahora medidas más suaves y aplazar una vez más la resolución del problema deldéficit tarifario, evitando así echar más leña al fuego de la crisis de la deuda soberana y del fantasma de la intervención. Lo que debería haber hecho Industria -vienen a decir los críticos- es una reforma de verdad, acometiendo cambios estructurales del mercado eléctrico o las subastas y, de esta manera, no tendría que haber dado cuenta a Hacienda.

Lo cierto es que las medidas fiscales, si no conllevan una reforma del sistema, solo servirán para absorber el déficit de tarifa acumulado pero no pondrá coto al que se pueda seguir generando en el futuro.

Fuente: Cinco Días

Los ciudadanos de cuatro comunidades autónomas pagarán 200 millones más por su electricidad

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Las ecotasas que cobran cuatro comunidades a las eléctricas serán repercutidas por el Gobierno a los consumidores de dichas regiones, que pagarán hasta 200 millones más en el recibo. Se trata de Castilla y León,Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia. La primera anunció ayer que recurrirá al Constitucional.

La decisión del Gobierno de cobrar un suplemento en la tarifa de acceso a los ciudadanos de las autonomías que aplican tasas medioambientales a instalaciones eléctricas (las llamadas ecotasas) afectará a cuatro comunidades autónomas: Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia. Según los cálculos del propio Gobierno, ello supondrá un sobrecoste en el precio de la factura eléctrica para los consumidores de esos territorios de hasta 200 millones.

La medida, incluida en el real decreto ley de estabilidad presupuestaria que entró en vigor el domingo (el “recortazo”), supondrá repercutir en los peajes de acceso (que pagan todos los consumidores, los que tienentarifa y los que no) el coste íntegro de las tasas que aplican los Gobierno autónomos a la producción de las centrales (de gas, nuclear o hidráulica) y a las redes de transporte que explota REE.

Las reacciones no se han hecho esperar. Ayer, el Gobierno de Extremadura comunicó que va a plantear un recurso de inconstitucionalidad contra dicho suplemento al entender que “vulnera (..) en el fondo y en la forma” el espíritu de la ecotasa autonómica. El recurso fue anunciado en una rueda de prensa por los consejeros de Economía, Antonio Fernández, y el de Medio Ambiente y Energía, José Antonio Echávarri. Fernández explicó que la medida “penaliza a los habitantes” de una comunidad, como la extremeña, que exporta al resto del Estado el 75% de la electricidad que genera, y que en su opinión, tiene un consumo  “mucho más racional”.  Además, sus habitantes sufren el impacto de la peligrosidad de una central nuclear.

Mientras se resuelve el recurso, el Gobierno va a plantear a la Asamblea regional la posibilidad de suprimir el cobro de estas tasas en tanto se pronuncia el Constitucional. La ecotasa (0,005 euros kWh) se aplica a la producción de la nuclear de Almaraz y a las centrales hidroeléctricas de la región, con una recaudación de 93 millones de euros al año. Fuentes del Ejecutivo que preside José Antonio Monago, señalan que la cuestión de fondo es que “esta tasa se ajusta a derecho”.

Además, Extremadura, así como las dos Castillas, cobra otra tasa a las redes de transporte de electricidad; de telefonía y telemáticas a razón de 700 euros por kilómetro de tendido instalado. Por su parte, la comunidad de Murcia cobra desde hace dos años un recargo a la producción de las centrales de ciclo combinado de gas, tributo que ha sido recurrido por Gaz de France que cuenta con una central de este tipo en Escombreras (Cartagena). Cataluña estudió en su día un canon a las tres nucleares ubicadas en su territorio, pero no ha llegado a aplicarlo.

Por el momento, se desconoce si serán todas, o solo algunas, las tasas que se repercutirán en la factura de la luz de los ciudadanos de estas cuatro comunidades autónomas, todas ellas gobernadas por el PP. En una disposición adicional del citado real decreto ley “se habilita” al Ministerio de Industria a que determine los “tributos y recargos concretos” que se tendrán en cuenta para aplicar el suplemento territorial.

Esta medida, que figuraba en uno de los documentos de trabajo filtrados sobre el nuevo esquema fiscal del sector energético, supone un triunfo para las compañías eléctricas, que se oponen con uñas y dientes a la reforma prevista por el Gobierno. Este prevé un gravamen del 4% sobre la facturación del régimen ordinario y otros muy superiores para las energías renovables, amén de una tasa a la nuclear y un canon a la hidráulica.

Las cinco eléctricas integradas en Unesa remitieron hace meses a Industria un informe elaborado por PwC sobre todos los tributos autonómicos que ya pagan y que no pueden trasladar al precio final. Y, aunque estos son repercutibles por ley, en el caso de las tasas autonómicas no los trasladarán ellas, sino el ministerio, que es el que fija los peajes. De este modo, sería el sistema eléctrico el que se beneficie de los 200 millones antes citados. O, quizás se beneficien también las empresas si los gobiernos regionales renuncian al cobro de estas tasas para no perjudicar a sus ciudadanos y votantes.

Las cifras

93 millones de euros es la recaudación por la ecotasa a la nuclear y la hidráulica de la Junta de Extremadura.

200 millones es el máximo que se prevé repercutir en el recibo de la luz de cuatro comunidades con dichas tasas.

4% es el impuesto al régimen ordinario que quiere fijar el Gobierno, que afectaría a las grandes eléctricas.

Otro recargo a quien más luz consuma

Aunque la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró el viernes que la aprobación de la reforma energética se posponía a otro Consejo de Ministros de julio, lo cierto es que el real decreto ley sobre equilibrio presupuestario ya avanzaba algunas medidas relevantes. Además del suplemento territorial por tasas medioambientales, la norma que entró en vigor el fin de semana, establece la “progresividad en los peajes de acceso”. En otras palabras, que pagará algún tipo de recargo quien más consuma, según el criterio que fije Industria (se librarían los consumidores vulnerables, hoy por hoy, los que tienen bono social).

Otra novedad de la nueva norma es que se pone fin a la revisión trimestral obligatoria de los peajes de acceso en el caso de que se produzca una subida de los costes. A partir de ahora, la revisión cada tres meses será facultativa y la intención es revisarlos solo una vez al año. De esta manera, solo se modificará cada tres meses el precio de la energía que incluye el recibo de la luz, pues ese se determina en la subasta Cesur, que se celebra al final de cada trimestre y es de obligado traslado a la factura. El objetivo, según figura en un documento de trabajo del Gobierno sobre la reforma energética, es tener más seguridad “ante cambios en los Presupuestos Generales del Estado y posibles sentencias” de los tribunales

El Gobierno ha aprobado, asimismo, un cambio en la naturaleza jurídica del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), que se convierte en un “instrumento” al servicio de la Administración. Entre sus nuevos objetivos está el de prestar asistencia técnica y económica al Ministerio de Industria o apoyar el desarrollo de tecnologías para “descarbonizar” la generación eléctrica.

Fuente: Cinco Días

El nuevo impuesto eléctrico se come un tercio de las primas de las renovables

mas impuestos para las renovables - efimarketEl nuevo “esquema fiscal energético”, como lo llamó Mariano Rajoy, gravará con 1.180 millones más el sector de las renovables, y con 1.350 millones a las grandes eléctricas. En el primer caso, equivale a un tercio de las primas que reciben, pero todas se sienten las más perjudicadas frente a las otras.

Los peores presagios parecen cumplirse, tanto para las cinco grandes eléctricas integradas en Unesa (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, HC Energía y Eon España), como para los productores del llamado régimen especial, entre los que figuran algunas empresas relevantes, como Acciona, EDP, ACS, Abengoa o Solaria, y los cientos de pequeños inversores propietarios de las más de 50.000 instalaciones fotovoltaicas, en unos casos, particulares y, en otros, fondos de inversión.

El esquema de la nueva fiscalidad que gravará la venta de energía, cuyo proyecto de ley fue analizado por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, que fue aprobado en el Consejo de Ministros anterior, ha hecho saltar las alarmas entre los sectores eléctricos afectados, que son todos, aunque en distinta proporción. También la Bolsa reaccionó en consecuencia con fuertes caídas de las utilities y las de energías verdes.

El debate del viernes se centró en averiguar, a la luz de los datos filtrados, qué tecnologías serían las más perjudicadas por la nueva tributación que gravará con un 4% las ventas del régimen ordinario (carbón, gas, nuclear e hidráulica); un 11%, la eólica; un 19%, la fotovoltaica; otro 13%, la termosolar, y entre un 3% y un 4,5% la biomasa, la cogeneración y la termosolar. A ello se añade una tasa de 10 euros MWh a la energía nuclear y un canon (por ser dominio público) a la hidráulica, de otros 15 euros MWh. ¿Por qué esas diferencias?

El propio ministro de Industria, José Manuel Soria, aseguró el jueves que la progresividad del impuesto está relacionada con el nivel de subsidio de cada tecnología. O, lo que es lo mismo, con las primas que reciben. De hecho, fuentes empresariales consideran que se trata de un recorte de primas por la puerta de atrás, decidida por el Gobierno para evitar los tribunales.

La Asociación Empresarial Eólica (AEE), que lanzó ayer un mensaje apocalíptico (“es el fin del sector”, dijo en una nota de prensa) calcula que el gravamen (en su caso, Hacienda recaudará 400 millones) se comerá un 27% de las primas. Y lo peor es que “compromete la viabilidad de muchos proyectos, que han visto incrementar sus costes financieros en inversiones que no están amortizadas”. Igual de negro lo pintó el sector fotovoltaico. La asociación Unef calcula que las nuevas medidas suponen una reducción del 30% de la retribución hasta 2013 (otros 550 millones anuales). La recaudación prevista para el resto de renovables es de 230 millones.

También las eléctricas de Unesa se consideraron las más perjudicadas, teniendo en cuenta que en marzo ya sufrieron un recorte a la retribución de la distribución y de los pagos por capacidad y porque son las que financian el déficit de tarifa (origen y fin de las medidas).

Las eléctricas, con rating en revisión o al borde del bono basura, arremetieron especialmente contra la tasa a la nuclear y el agua. En una nota de prensa, su patronal aseguraba ayer que ha solicitado al Gobierno que se lleve a cabo la reforma estructural del sector eléctrico, “reduciendo los costes del mismo en lugar de aumentar los impuestos”.

 Fuente: Cinco Días

El Gobierno gravará con más impuestos a la energía para recaudar 6.800 millones más

El gobierno grava con mas impuestos la energia para recaudar 6800 millones mas - efimarketLa reforma del sector energético, ahogado por un déficit acumulado de 24.000 millones, desvela sus intimidades. El Ministerio de Industria, confirmó este miércoles a través del titular del departamento, José Manuel Soria, que aplicará un impuesto para las fuentes de generación renovables y no renovables y fijará, además una tasa a la generación de energía nuclear e hidráulica. La suma de todas las medidas propuestas asciende a 6.830 millones de euros, según el borrador del documento que detalla el plan de Industria. Las eléctricas caen hoy en Bolsa al conocerse los planes de Industria. Durante el día de hoy se espera que dicha reforma sea aprobada en Consejo de Ministros, junto al resto de recortes, la subida del IVA y otros ajustes.

El nuevo impuesto, que será tramitado mediante un proyecto de ley, será del 4% (dos euros por MW facturado) para todas las tecnologías del régimen ordinario (nuclear, hidráulica y ciclos combinados a gas). En el caso del régimen especial, el plan distingue entre energías gestionables y no gestionables para aplicar distintos tipos. De todas ellas destaca el tipo que se aplica a la energía eólica (11% y 400 millones a recaudar) y a la fotovoltaica (19% y 550 millones), un tipo que podría acabar con el retorno de la inversión de aquellos que invirtieron en su momento en esta energía limpia, la mayoría de ellos pequeños inversores.

Además del impuesto general, las centrales nucleares y las hidroeléctricas tendrán una tasa adicional. Serán 10 euros por MW en el caso de la energía nuclear (ingresos de 550 millones) y de 15 euros en el caso de las hidroeléctricas (400 millones de recaudación).

Además, se añade un recargo de cuatro céntimos por metro cúbico a loshidrocarburos gaseosos, con el que se recaudarán 1.150 millones y subastas de los derechos de emisiones a partir de 2013 que supondrán otros 900 millones. El plan prevé también pasar a deuda pública 2.100 millones de la anualidad del déficit que debe ser amortizada.

También habrá medidas vía decreto. En concreto, un recorte a la retribución del transporte de energía de 50 millones y de 100 millones a los pagos por la atención del servicio en las islas, Ceuta y Melilla. Estos recortes afectarían a grandes empresas como REE.

En sector advierte de un fuerte impacto por el tributo

Los detalles de la reforma han caído como una bomba en el sector. Fuentes de las empresas más perjudicadas, las tradicionales, propietarias de nucleares, hidroeléctricas y parques eólicos, destacaron que el plan de Industria pone en riesgo la actividad de generación, compromete la financiación de las compañías (abocadas a una rebaja de calificación) y deja en el alero a un sector fundamental para el país. Las compañías, que han batallado duramente por hacer valer sus tesis a través de la asociación patronal Unesa, creen que el Ejecutivo ha admitido una idea equivocada: que las centrales nucleares e hidroeléctricas están amortizadas y perciben retribuciones injustificadas.

En el sector de las renovables, las empresas más perjudicadas son las fotovoltaicas, que han advertido de las consecuencias de soportar nuevos recortes incluso para la banca que les facilitó los créditos para desarrollar las instalaciones. Para las empresas termosolares, con menos facturación, las medidas tendrían, en principio, un menor impacto.

Las cotizaciones de las compañías eléctricas que cotizan en Bolsa caen hoy con fuerza en Bolsa tras conocerse los planes de Industria, en medio de un mercado a la baja. La más golpeada es Iberdrola, con un retroceso que ha llegado a ser del 4%. Los retrocesos de Endesa y Gas Natural se situaban en torno al 2% hacia el mediodía, en un mercado que retrocedía el 1,5%.

Fuente: El Pais

Lo que el presidente de UNESA no contó en Bruselas

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Eduardo Montes, presidente de UNESA

El pasado viernes los directores de regulación de las tres grandes compañías (Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa), acompañados por el presidente de UNESA, visitaron a la Comisión Europea en un desesperado intento de que Bruselas secunde la reducción de los apoyos a las  energías renovables en España y se mantengan los privilegios de que gozan las eléctricas desde hace tantos años en nuestro país.

Seguramente a las eléctricas no les preocupa que del coste de cada kWh que generamos en los ciclos combinados, el 80% se vaya fuera del país, o que perpetuemos la dependencia energética del exterior, que es la base de su negocio actual tras la gran burbuja de instalaciones innecesarias de ciclos combinados que con enormes subvenciones, llamadas “incentivos a la inversión”, han realizado en los últimos años. Estamos seguros de que a la Comisión Europea, que ha marcado una hoja de ruta hacia un cambio de modelo energético, sí.

Pero lo que seguramente no comentaron a la Comisión el señor Montes y sus acompañantes fue, entre otras cosas, lo siguiente:

– Que es precisamente en el negocio regulado, es decir el que causa contablemente el déficit de tarifa, donde las eléctricas tienen mayores beneficios y el que más ha crecido en los últimos años, de lo cual hacen incluso gala en las presentaciones de resultados a sus accionistas. Los beneficios de esa parte de su negocio en todo este periodo de acumulación del déficit han sido mayores que las primas recibidas por las renovables y, sin duda, una moderación de los mismos hubiese permitido tener un déficit mucho menor en estos momentos.

– Que, incomprensiblemente todavía, no se ha efectuado la liquidación final de los costes de transición a la competencia (CTCs) cobrados por las eléctricas en aquel pingüe negocio en el que convirtieron el cambio de modelo de mercado. Según ciertas estimaciones, las compañías eléctricas deberían devolver más de 3.000 millones de euros, lo cual, sin duda, aliviaría el déficit.

– Que los derechos de emisión gratuitos internalizados en el precio del ‘pool’ se minoraron de la retribución en el periodo 2006-2009 pero no posteriormente, ni tampoco en 2005. La cuantía pendiente de regularización sería superior a 4.000 millones de euros, que también contribuirían a reducir el déficit significativamente.

– Que, al igual que se justifica para las renovables, se podría aplicar la doctrina del Supremo de “beneficio razonable” a las centrales prácticamente amortizadas (nucleares e hidráulicas) que, con muy pequeños costes variables, se aprovechan de la subida de los precios del ‘pool’. Una rigurosa auditoría de costes demostraría el elevadísimo margen con el que vienen operando desde hace años y se podrían establecer mecanismos por los que dicho margen se aplicara a reducir el déficit acumulado y futuro.

– Que los ciclos combinados, auténtica burbuja energética de este país, además del “pago por disponibilidad” disponen de una subvención llamada “incentivo a la inversión”, que era de 20.000 €/MW/año durante 10 años y que el anterior ministro, Miguel Sebastián, elevó a 26.000 €/MW/año momentos antes del cambio de gobierno. Esta subvención puede representar en algunos casos el 25% de su inversión. Este coste, además, se incluye en el término de energía y no aparece como coste regulado, por lo que está pasando inadvertido al hablar del déficit. Con subvenciones parecidas, algunas renovables tampoco necesitarían primas.

– Que en el ranking de empresas que más primas a las renovables han recibido figuran empresas eléctricas cuyas opiniones sobre la razonabilidad o no del marco regulatorio dependen de su posicionamiento particular y circunstancias temporales para cada tecnología.

Tampoco creemos que les informaran con transparencia de que la termosolar ha recibido hasta la fecha del orden del 3% de las primas acumuladas por el Régimen Especial y que, por tanto, habrá que buscar a otros responsables del déficit acumulado hasta estos momentos. Además, cuando estén en funcionamiento todas las centrales termosolares del Registro de Preasignación, representarán menos coste anual que la Cogeneración, que la Fotovoltaica o que la Eólica.

Este Gobierno tiene, por tanto, muchas herramientas para reducir el déficit, que no pasan precisamente por tasas discriminatorias hacia las tecnologías solares, como las que se han venido comentando estos días en los medios, las cuales vulnerarían los principios de seguridad jurídica y de rentabilidad razonable, así como varios artículos de la Carta sobre el Tratado de la Energía, resultarían anticonstitucionales y confiscatorias además de elevar el riesgo-país y de poder inducir una situación no deseada en el sector financiero.

Sabemos que la apuesta de la Unión Europea es muy fuerte a favor de las renovables, y en particular de la energía solar, que en sus formas de conversión, fotovoltaica termoeléctrica, contribuirá en el futuro, desde los países del Sur, a una buena parte de las necesidades energéticas de la UE.

El cambio de modelo energético es irreversible aunque las eléctricas traten de frenarlo para defender la situación de privilegio que llevan disfrutando en nuestro país desde hace tantos años, sin importarles que sigamos manteniendo la dependencia energética, el déficit comercial con el exterior y que se perjudique a una industria que puede proporcionar al país empleo, independencia energética y expansión internacional.

Fuente: Protermosolar

La nueva subida de la luz de mañana podría superar el 4%

consejo ministros reforma energetica - efimarketLos precios de la electricidad en el mercado mayorista, los cuales influyen en el resultado de la subasta Cesur, anticipan una fuerte subida de la tarifa de último recurso (TUR). El precio del pool cerró ayer en 53,54 euros/MWh, frente a los 51 euros MW/h del trimestre anterior. Durante el mes de junio el precio en dicho mercado ha llegado a superar los 60 euros MW/h.

El resultado de la subasta que se celebra hoy determinará, a su vez, el precio de la energía en la factura de la luz que se revisará a partir de julio. Dicha factura incluirá también una subida de la tarifa de acceso (o peajes), que es la parte regulada de la misma y no puede bajar pues a través de ella los consumidores pagan el déficit de tarifa a las cinco grandes compañías eléctricas.

En declaraciones a un medio radiofónico, el Ministro Soria ha dejado ver que la subida de la tarifa rondará valores entre el 4% y el 5%. 

Esta semana es clave para el sector energético y se espera que el Consejo de Ministros del viernes apruebe nuevas medidas, esencialmente de tipo fiscal, para poner freno al déficit de tarifa.

La llamada reforma energética va a coincidir con la revisión de la tarifa del tercer trimestre. La primera fue aprobada el 30 de marzo. Sin embargo, en esta ocasión el Gobierno no va a tener a su favor una caída de los precios de la energía, tal como ocurrió con la subasta Cesur de marzo. Por razones coyunturales, el resultado de las pujas en los primeros meses del año es a la baja, lo que no suele ocurrir en el segundo semestre.

Además, todo apunta a que en marzo las empresas no presionaron los precios al alza para dejar margen al Gobierno para abordar una reforma, que, finalmente, no fue de su agrado. Fuentes del sector aseguran que en esta ocasión no van a dar ningún margen: los posibles recortes que el Ejecutivo les pueda aplicar los compensarían con la subida del precio de la energía que nacen en la Cesur.

Nerviosismo

Para el sector energético esta será una semana de nervios. El que más y el que menos teme una tasa, caso de la generación, o algún tipo de recorte. El suspense es mayor si se tiene en cuenta la falta de interlocución con el Gobierno que denuncian en todos los subsectores.

Fuente: Cinco Días

La UE imputa “costes ocultos” y “compensaciones excesivas” a las eléctricas españolas

dependencia energetica de España - efimarketLa Comisión Europea (CE) acaba de publicar su “Evaluación del programa nacional de reforma y del programa de estabilidad de España para 2012”, un documento que efectivamente evalúa las reformas emprendidas por Mariano Rajoy desde su llegada al poder y que, lógicamente, también repasa las medidas que, en materia de política energética, ha ido alumbrando el ejecutivo español. En ese documento, la CE no considera responsables del déficit de tarifa a las energías renovables y sí señala, sin embargo, “costes ocultos” en la tarifa y asimismo “compensaciones excesivas” que estarían beneficiando a las grandes eléctricas y engordando artificialmente el déficit tarifario.

Es posible decirlo más alto, pero va a ser difícil decirlo más claro. El veredicto está muy claro: “la suspensión de las ayudas a las energías renovables desalienta la inversión en el sector y hará difícil que España alcance sus objetivos energéticos y climáticos en el marco de la Estrategia Europa 2020“. Más aún: la Comisión apunta a que, con una menor proporción de energías renovables, la dependencia de España de la energía importada crecerá por encima de la tasa actual, que se sitúa en el 79%, valor que es ya muy superior a la media de la UE, que está en el 54%. La trascendencia de ese incremento de la dependencia está fuera de toda duda: España importó en 2011 petróleo y gas (en la imagen, buque metanero) por valor de más de 53.000 millones de euros.

La Comisión también critica claramente las trabas burocráticas que padecen las renovables españolas y propone simplificar “los complejos procedimientos de autorización y planificación” y suprimir “otros obstáculos al desarrollo de las energías renovables”, todo lo cual –considera la CE– puede “contribuir a reducir el coste de estas energías” (sobre el particular, véase el informe PV Legal).

Pero la evaluación de la CE no se limita a las energías renovables, sino que también aborda las convencionales y, ahí, las conclusiones son muy distintas. Hasta el punto de que el documento de la Comisión se muestra particularmente duro cuando habla de los “costes ocultos” del sistema eléctrico, que asegura se derivan “del apoyo a ciertas actividades reguladas”, actividades que la CE cita explícitamente. A saber: las “subvenciones ineficientes y perjudiciales para el medio ambiente concedidas a las minas de carbón”, en primer lugar, y, en segundo, la “rentabilidad del transporte y la distribución en función del valor neto de los activos utilizados”.

No deja títere con cabeza

A la luz de lo dicho, la evaluación concluye que el sistema de tarificación de la electricidad en España es “ineficiente y presenta un nivel de competencia insuficiente”. La Comisión señala que esa competencia insuficiente en el sector energético “ha contribuido, al menos en parte, a la constitución del déficit tarifario, al favorecer una compensación excesiva de algunas infraestructuras, tales como centrales nucleares y grandes centrales hidroeléctricas, ya amortizadas, o al mantener la concesión de subvenciones ineficientes y perjudiciales para el medio ambiente a las minas de carbón“. Para colmo, apunta la CE, “estas medidas no se han traducido en menores precios”. Y un apunte para contextualizar: las propietarias de la inmensa mayoría de las centrales térmicas que queman carbón en nuestro país, de las grandes presas hidroeléctricas y de todas las centrales nucleares de España son Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, E.On y EDP, compañías eléctricas todas integrantes únicas de la Asociación Española de la Industria Eléctrica, la gran patronal Unesa).

Cómo define el déficit la CE

En su informe, la Comisión explica el déficit de tarifa del siguiente modo: “España ha limitado tradicionalmente los precios finales de la electricidad para una serie de grupos de consumidores en el marco de un sistema de tarifas reguladas. Las tarifas no siempre cubren los costes, lo que implica que el sistema genera un déficit tarifario a expensas de la empresa suministradora del servicio. Dado que los costes de generación y los costes regulados (por ejemplo, costes de transporte y distribución) aumentan más deprisa que las tarifas, el déficit ha aumentado significativamente en los últimos años, habiendo alcanzado un importe acumulado de 24.000 millones de euros (equivalentes a más del 2% del PIB)”. Sobre los costes del sistema, vénase páginas seis y siete del Informe sobre el Sector Energético Español de la Comisión Nacional de Energía.

La explicación de la CE continúa así: “dos terceras partes de este importe (aproximadamente 17.000 millones de euros) están garantizadas por el gobierno, lo que ha permitido a las empresas suministradoras su cobertura. En 2009, el gobierno revisó íntegramente el sistema de tarificación con el fin de garantizar que los precios de la electricidad cubrieran todos los costes. Sin embargo, se siguió permitiendo a los hogares de bajo consumo, que representaban el 83% de los consumidores, disfrutar de precios de la electricidad que no reflejaban todos los costes del sistema (entre los elementos integrantes de los costes totales se incluye la producción, el transporte y la distribución de electricidad y diversas medidas de política energética), mediante la aplicación de la tarifa de último recurso (hogares con una capacidad de consumo limitada a 10 kW). Como consecuencia de ello, el déficit tarifario siguió acumulándose”.

Qué es la Tarifa de Último Recurso, TUR

El uno de julio de 2009 entró en vigor un nuevo sistema de tarifas eléctricas en el que coexisten, por un lado, el mercado libre, y por otro, una tarifa fijada por el gobierno: la denominada Tarifa de Último Recurso. La TUR es el precio regulado por el gobierno para el suministro obligatorio a los clientes que no quieren o no pueden buscar otras ofertas en el mercado. Según el gobierno, la TUR “se configura como una tarifa refugio y está reservada para los consumidores que tienen una potencia contratada inferior a 10 kW, segmento en el que se encuentran prácticamente todos los consumidores domésticos”. El ejecutivo eligió cinco empresas, denominadas comercializadoras de último recurso, para dar servicio a los clientes con derecho a la TUR. Esas cinco empresas son filiales de las mismas que integran Unesa. A saber: Endesa Energía XXI, Iberdrola Comercialización de Último Recurso, Gas Natural, HC-Naturgás Comercializadora Último Recurso y E.ON Comercializadora de Último Recurso.

Fuente: Energías Renovables

Dos estrategias, dos records. Y en España… miserias energéticas

Hace exactamente una semana, Alemania batió el récord mundial de producción fotovoltaica. Es decir: Alemania es actualmente el país que más electricidad genera y aporta a su sistema eléctrico gracias a la energía solar fotovoltaica.

Por otro lado, hace pocos días también saltó la noticia de que la electricidad en Francia es un 43% más barata. Y todos sabemos que Francia es el país europeo con mayor potencia nuclear instalada.

¿Y en España qué ocurre mientras tanto? Aquí tenemos el doble de sol que en Alemania (más horas solares y más irradiación, al estar a una latitud inferior), con casi 4000MW fotovoltaicos instalados, y también tenemos unos cuantos, no pocos, reactores nucleares, que cubren aproximadamente un 20% de la demanda eléctrica.

Entonces… ¿cómo se explica que España es el tercer país de Europa con la electricidad más cara, sólo detrás de dos territorios insulares, como Chipre y Malta? En las islas es complejo disponer de un sistema eléctrico capaz de ofrecer un precio bajo de la electricidad. No porque no haya soluciones (la isla del Hierro, en Canarias, pronto será autosuficiente, basándose en energía renovables: eólica e hidráulica), sino porque históricamente siempre ha sido menos rentable construir las infraestructuras eléctricas necesarias para dotar de electricidad esos territorios, debido a su aislamiento o distancia al continente.

Pero en España, con el terreno que hay, las interconexiones con nuestros vecinos, el exceso de potencia instalada (esta quizá sea uno de las causa encubiertas)… ¿cómo es posible que tengamos un precio de la electricidad tan elevado, más aun, cuando se trata de un mercado liberalizado?

No hay justificación posible. La presión que ha ejercido históricamente sobre el Gobierno de turno el lobby eléctrico ha derivado en esta situación: un déficit de tarifa absurdo, que lastra el sistema con más de 25.000 millones de euros de deuda, una electricidad muy cara, que además debería de seguir subiendo para disminuir ese déficit artificial, que no se corresponde a la realidad de costes de generación y distribución. Un mercado eléctrico mal diseñado, que permite que fuentes de energía muy amortizadas (nuclear e hidráulica) se beneficien en pujas con otras energías mas caras, como el gas. En fin, un despropósito que genera una bola enorme que en algun momento deberá resolverse, porque si no esta situación desembocará en precios astronómicos de la electricidad, que asumiremos los ciudadanos y clientes, lastrando más aun nuestra competitividad como país en un momento realmente delicado, en el punto de la intervención económica, con la destrucción del euro a la vista.

En cualquier caso, de momento parece que seguiremos sufriendo las consecuencias de un mercado eléctrico irracional y absurdo, un lobby eléctrico cada vez más poderoso y ávido de nuevos ingresos, y un gobierno que no sabe como arreglar este desaguisado.

Redacción Efimarket

El sector de la biomasa crea la plataforma Probiomasa

El sector de la biomasa advierte de la “crítica” situación que atraviesa y, para defender su continuidad y promover la utilización de esta fuente de energía, ha creado la nueva plataforma Probiomasa.

En un comunicado, la nueva plataforma pide al Gobierno que apueste por el desarrollo de la biomasa y considere estratégica esta tecnología, por ser la que más empleo y riqueza genera en el medio rural, la que más impuestos paga, la que más residuos valoriza y la que más emisiones de CO2 evita.

Además, Probiomasa asegura que esta actividad es la aporta una mayor estabilidad al sistema eléctrico y no tiene relación con la aparición del déficit de tarifa. Además, es 100% gestionable.

Los productores de biomasas agroganaderas están representados por las organizaciones profesionales agrarias ASAJA, COAG y UPA, así como por las cooperativas agro-alimentarias.

Además, los productores de biomasas forestales están representados por la asociación COSE, que agrupa a las asociaciones de propietarios forestales privados de cada una de las comunidades autónomas.

Junto a esto, los productores de energía renovable a partir de la valorización de las biomasas están representados por APPA Biomasa, que es la patronal empresarial del sector de la biomasa en España, y por ADAP, que defiende los intereses de los productores de biogás de España.

Desde Efimarket damos la enhorabuena por esta inicativa y esperamos que sirva para seguir difundiendo las bondades de esta fuente de energía límpia y renovable, con la que además podemos reducir nuestro consumo energético de calefacción en nuestros hogares.

Fuente: El Economista

El Ministro Soria advierte sobre los riesgos que implica el enorme déficit de tarifa eléctrico

El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha defendido el real decreto ley que recoge la última subida de la luz y que recorta 1.700 millones de euros a operadores del sistema eléctrico, porque el déficit de tarifa, que asciende a 24.000 millones de euros, de los que 17.000 millones están titulizados con el aval del Estado, “puede convertirse más pronto que tarde en un problema financiero”.

Este fue uno de los principales argumentos que esgrimió durante su intervención en el debate de convalidación del real decreto con el que el Gobierno pretende reducir el déficit de tarifa para cumplir con los autos y resoluciones del Tribunal Supremo que obligan a que este saldo no supere los 1.500 millones en 2012 y sea cero en 2013.

“Es un problema estructural al que hay que poner coto”, recalcó Soria, quien explicó que el principal objetivo del Gobierno es evitar que el déficit se siga multiplicando año tras año, como ha ocurrido desde 2004.

Según explicó Soria, la decisión del Gobierno de subir la Tarifa de Ultimo Recurso (TUR) de la luz del 7% a partir del 1 de abril, que reportará 1.382 millones de euros, y los recortes a operadores del sistema permitirán tapar un agujero de 3.150 millones de euros.

En este punto, el ministro de Industria ha señalado que la subida de la luz afecta a todo tipo de consumidores, y ha recalcado que de haber recaído todo el ajuste del déficit sobre los consumidores, la factura de la luz habría de haber subido hasta un 40%, algo que consideró “insostenible”.

Dentro del sector del gas, Soria advirtió de que en 2011 se ha generado un “incipiente” déficit que asciende a 300 millones de euros, que han motivado en el marco del decreto recortes en la suspensión de tramitación de nuevas instalaciones de gas natural, de nuevas regasificadoras o de autorizaciones administrativas a gasoductos planificados.

Fuente: El Economista