Tiempos revueltos en el sector eléctrico…

Torre de electricidadComo ocurre antes de las tempestades y huracanes más destructivos, una tensa y extraña calma se siente en todo lo que rodea al sector eléctrico en España, en los últimos días. En este mismo instante se halla pendiente una nueva emisión de deuda del Fondo para la Amortización del Déficit de Tarifa (FADE), la subasta CESUR para establecer los nuevos precios de la TUR (Tarifa de Último Recurso, la tarifa a la que se acogen la mayoría de consumidores en sus hogares) y la toma de medidas ante la reciente sentencia del Tribunal Constitucional en la que se declaraba no válida la congelación de tarifas ejecutada por el anterior Gobierno en sus últimos días.

¿Y por qué asusta esa calma? Porque la tempestad que puede surgir de esa calma implica una posible quita del déficit de tarifa (se habla que podría ser de hasta 7.000 milones de euros, según denuncian las eléctricas). O bien una compensación de la parte regulada de las tarifas (los peajes) a la baja, contrarrestando la fuerte subida que demandan las eléctricas, que pedían una subida del 17% hace unos días. Y tambien puede ocurrir algo que preocupa a más de tres millones de consumidores: la posible eliminación del bono social, que tiene congelada la tarifa desde 2009, a la que afecta la sentencia del Tribunal Supremo.

En fin, se prepara una buena, y dada lo imprevisible de este gobierno, que igual te sorprende con una rebaja de los sueldos de los banqueros, como que de repente te implanta el copago en justicia, puede pasar cualquier cosa. Desde luego, si hay que ser justos, la diferencia con el anterior Gobierno es que no está claro que las compañías eléctricas vayan a resultar beneficiadas, cosa que con Zapatero y Sebastián era más que obvio. Pero de todas formas seamos cautos, porque este Gobierno parece ser más de “una de cal y otra de arena”, y es posible que a la vez que le hace una quita a deuda de las eléctricas nos suban el precio de la electricidad un 20%. Así que vamos a esperar a ver por donde nos salen. Eso si, preparad los chubasqueros porque va a caer una buena…

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Cada vez más cerca: la inminente reforma energética

Ministro de IndustriaLa apisonadora reformista del Gobierno avanza firme hacia una nueva parada, quizá una de las más candentes: el sector eléctrico. El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha lanzado en las últimas semanas varios mensajes que, aunque no permiten conocer cuáles van a ser los pasos concretos, sirven para poner sobre aviso al sector de que el Ejecutivo está dispuesto a adoptar medidas drásticas para atajar el déficit de tarifa, la deuda histórica que las compañías reclaman a los consumidores. Una factura que ya alcanza los 24.000 millones de euros y que no muestra signos de agotamiento. Se calcula que solo durante este año sumará 5.000 millones más.

La moratoria temporal a los nuevos proyectos renovables fue la última y polémica decisión del Ejecutivo en esta materia, pero no la única. Ni mucho menos. Las compañías del sector lo saben y están en ascuas. Unesa, la patronal de las eléctricas (que reúne a Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, E.ON España y HC Energía) ha trasladado a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) sus propuestas, que, en la práctica, suponen poner por escrito su frontal rechazo a algunas de las medidas más polémicas, como la quita del déficit tarifario.

Pese a las presiones por parte de uno y otro bando, el proceso sigue su cauce en la sede de Industria. El secretario de Estado de Energía, Fernando Martí, ha solicitado a la CNE un análisis que debe hacerse público antes del 10 de marzo. Pero finalmente será presentado este miércoles. El planteamiento de la CNE es similar al del Gobierno en relación con la consolidación fiscal ante Bruselas. No se puede arreglar en un solo año. El informe de la CNE solicita subidas graduales de los peajes de acceso, de en torno al 5 o 6% al año. Esta parte del recibo consta de los costes regulados de la factura eléctrica, aquellos que son, ahora, inferiores a sus ingresos correspondientes.

Convencida de que la fórmula de poner nuevos parches sobre la hemorragia del déficit de tarifa volverá a resultar insuficiente, la CNE estudia algunas decisiones menos ortodoxas, como las tasas a las centrales nucleares e hidráulicas. Las eléctricas lo consideran injusto, pero parece inevitable. La CNE no se plantea, en cualquier caso, ni quitas ni derramas de la deuda. Unesa ha avisado de que, en tal improbable caso, acudirían a Bruselas con todos los medios legales.

Las compañías de Unesa, por su parte, no se salen del guion: continúan reclamando una fuerte subida de la luz para equiparar, dicen, los costes con los ingresos. Incluso, señalan que, con el actual sistema, la actividad no es rentable para sus compañías en España, ya que el sistema energético no contempla el precio real de la luz.

Con el actual modelo, la cuenta de resultados de las compañías eléctricas está salvada por el negocio internacional, explican desde la patronal presidida por Eduardo Montes. La financiación del déficit se incluye, incluso, en concepto de beneficios. Sin ellos, el retorno de la inversión sería negativo.

Una de las razones de intensificar ahora las demandas está en que el 30 de marzo se vuelve a abrir la revisión trimestral del recibo de la luz. Pero, además, las compañías eléctricas siguen exigiendo una moratoria retroactiva sobre las renovables. En la actualidad, la capacidad instalada es suficiente para cubrir la demanda energética del país. Las eléctricas piden, por tanto, que no entren en funcionamiento los megavatios renovables ya asignados de aquellas tecnologías más caras actualmente. Se consideran injustamente tratadas. Ponen de ejemplo el hecho de que la central eléctrica de Garoña, de Endesa e Iberdrola, ha cerrado con pérdidas durante 2009 y 2010, mientras que otros operadores como Abengoa han presentado beneficios importantes, derivados de su actividad termosolar. Apuntan, por ello, a la rentabilidad de las primas asignadas.

Revolución de los consumidores

Al principio del todo, fue el autoconsumo. Las familias producían aquello que consumían: alimentos, muebles, incluso vestuario. Después, llegó el trueque y, mas tarde, el dinero. Y, ahora, el mercado energético puede volver a los orígenes.

Kit Autoconsumo
Ejemplo de kit solar de autoconsumo, de la tienda de Efimarket
Y es que el Gobierno de Mariano Rajoy planea aprobar una regulación novedosa del autoconsumo, basada en lo que se conoce como balance neto, una fórmula que independiza al consumidor de las grandes empresas eléctricas. Es una verdadera revolución de la forma en que se genera y consume energía en nuestro país. La propuesta, impulsada fundamentalmente por las asociaciones fotovoltaicas, supone que los consumidores generan su propia electricidad, vuelcan la cantidad sobrante a la red eléctrica común, y pueden descontarse, a lo largo de un año, una cantidad equivalente de su consumo eléctrico convencional. Es decir, los consumidores solo pagarían por la energía consumida menos la generada.
Esta fórmula dinamizaría el sector, «que está parado» por la suspensión de las primas a nuevos proyectos, reconoció Jorge Morales, de la junta directiva de la Unión Española Fotovoltaica, UNEF, que agrupa a las cuatro patronales del sector fotovoltaico.
Hasta ahora, los particulares que generan electricidad a partir de energías renovables la conectan a la red eléctrica al precio de la tarifa establecida por las grandes compañías distribuidoras. La regulación inminente romperá con este proceso. Los paneles fotovoltaicos se conectarán a una red interna de la propia vivienda para satisfacer sus necesidades energéticas. En el sistema tradicional, la energía recorre largas distancias por redes de infraestructuras desde donde se genera hasta los centros de consumo doméstico. Con el balance neto, las viviendas se convierten en pequeños productores.
La federación de las fotovoltaicas espera que el Gobierno tome medidas que incentiven esta práctica, para que «los ciudadanos puedan ahorrarse un porcentaje creciente de sus recibos de la luz». UNED pide, para ello, «eximir de peajes, liberar los tamaños de las instalaciones e incentivar fiscalmente las instalaciones de balance individual». Morales de Labra, miembro de la directiva, admitió que la energía volcada a la red tendrá que pagar ciertos peajes, pero con un tratamiento «razonablemente favorable», dado que está muy próxima a los lugares de consumo. El consumo instantáneo, sin embargo, debería estar totalmente «exento», afirmó.
El boceto que maneja el Gobierno solo permite el autoconsumo por usuarios particulares, ya que la norma lo limita a instalaciones de 100 kilovatios. Esto supone que las comunidades de vecinos o polígonos de empresas no podrían contratar esta modalidad. Es lo que se conoce como balance neto compartido. UNEF considera que sería un error frenar la implantación de estas instalaciones y aconseja que se permitan aquellas medianas, cercanas a los centros de consumo, que no superen los 5 megavatios de potencia, y con un promedio en torno a los 3 megavatios.
Según las asociaciones fotovoltaicas, los beneficios serían importantes. UNEF calcula que, con precios actuales, el balance neto ya sería rentable sin ayuda económica. Además, generaría un ahorro de hasta el 3% para este mismo año, con un autoconsumo fotovoltaico del 60% sobre la electricidad total consumida por el grupo que disponga de las instalaciones. Esta alternativa también permitiría ahorrar el coste de la energía eléctrica que se pierde, cada año, en los sistemas de transporte y distribución. Esto supone un 10% de la energía eléctrica total, o 2.000 millones de euros para el sistema.

Crucial para la UE

La adopción de esta normativa es crucial para el sector y el desarrollo de los compromisos de la Unión Europea. Según un informe de Sun Edison, el autoconsumo facilitaría la consecución de los objetivos 20-20-20, un propósito del que se aleja con los actuales planes energéticos. Por ello, anima a los Veintisiete a incorporar el concepto de autoconsumo a «las directivas existentes o crear una nueva» para superar las barreras a las que se enfrenta en las legislaciones nacionales. El balance neto ya es una realidad en otros países como Italia, Alemania o Estados Unidos.
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Fuente: ABC

Las eléctricas denunciarán la quita del déficit

Torre eléctricaEn Efimarket seguimos con atención todo lo relacionado con el déficit tarifario y sus consecuencias para ciudadanos y empresas, como pueden ser nuevas y probables subidas del precio de la electricidad. En este caso el Gobierno ha dado un toque de atención a las eléctricas, que ya han mostrado su indignación ante semejante posibilidad.

Las cinco grandes eléctricas (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, HC Energía y Eon España) tienen preparada su artillería judicial contra una hipotética aplicación por parte del Gobierno de una quita del déficit de tarifa que, a 31 de diciembre, sumaba 24.000 millones, de los que casi la mitad figuran aún en sus balances y sigue creciendo de día en día. Si en la reforma que el Ejecutivo de Mariano Rajoy está diseñando para resolver este agujero opta por una quita, se las tendrá que ver con las eléctricas de Unesa en Bruselas.

Una “expropiación” de este derecho de cobro, según la ha calificado la patronal, supondría la modificación de una norma con rango de ley, concretamente, la Ley Eléctrica, por lo que las afectadas no podrían recurrir a los tribunales nacionales. Pero sí a la Comisión Europea, a la que elevarían una queja contra una medida que consideran una “absoluta ayuda de Estado”, de la que se estarían beneficiando sus competidoras del mercado de generación que no asumen su coste.

El reparto de la financiación del déficit de tarifa que el Gobierno socialista incluyó en un real decreto ley en 2005 siempre fue considerado una arbitrariedad, y no solo por las cinco grandes eléctricas a las que les “cayó el muerto”. De hecho, siendo el déficit un desajuste de ingresos de las actividades reguladas (esto es, de las redes) su financiación no ha corrido a cargo de las distribuidoras, como debería, sino de las grandes generadoras de los cinco grupos incumbentes que cuentan con filiales de distribución.

Industria optó entonces por una solución poco ortodoxa al entender que las distribuidoras no contaban con recursos suficientes (sus ingresos rondan los 5.000 millones de euros anuales) para financiar el déficit, lo que hubiese provocado su quiebra. El polémico mecanismo era el siguiente: las distribuidoras que entonces recaudaban el dinero de los consumidores (desde julio de 2009 lo hacen las comercializadoras) se quedaban con la retribución que les correspondía y, el resto, lo liquidaba la Comisión Nacional de Energía (CNE) al resto de beneficiarios, siendo las últimos en cobrar las generadoras.

Si la liquidación no resultaba suficiente (lo que viene ocurriendo desde hace más de una década) las grandes eléctricas se convertían en acreedoras de un derecho de crédito con unos intereses no siempre exentos de polémica (en un primer momento se les aplicó el euríbor, un sistema que el propio ministerio consideró injusto, y más tarde el precio del mercado). La deuda se titulizaba posteriormente entre entidades financieras y desde hace un año se emite con el aval del Estado.

Sin embargo, desde 2005, la estructura productiva ha dado un vuelco, con la irrupción en el mercado de nuevas instalaciones de renovables (de grandes grupos como Acciona o Solaria) y muchos ciclos combinados de gas que explotan empresas ajenas a Unesa. Así, en 2010, del total de la potencia instalada (101.000 MW) a estas les correspondía una cuota del 62% (cifra similar en el caso de la producción) y el resto a sus competidoras.

Entre el fantasma de la quita y el de la tasa nuclear

El temor de los responsables de las eléctricas al fantasma de una posible quita de la deuda eléctrica se ha hecho patente en los últimos días. Una prueba de ello es la presión que están ejerciendo sobre la Comisión Nacional de Energía (CNE) para que certifique con urgencia las emisiones del déficit que está realizando a través del fondo de titulización (FADE), un requisito que exige la normativa. Estas presiones y la velocidad a la que están titulizando el déficit (para este año tienen 10.000 millones susceptibles de colocar con el aval público) responden al temor de un recorte de la deuda, algo que, según informes de la CNE solo podría hacerse sobre la deuda no emitida.

Es evidente que al déficit titulizado y ya en manos de terceros (entidades financieras) no se le puede aplicar quita alguna. Y, aunque la duda solo planea sobre la que aún no se ha emitido, hay expertos jurídicos que consideran que “el derecho de cobro reconocido hasta ahora no se puede tocar, esté o no titulizado”. Otro tanto ocurre con la deuda titulizada aunque no cuente aún con los certificados correspondientes de la CNE.

En cuanto a la tasa o impuesto a la nuclear o la hidráulica que quiere aplicar el Gobierno, correrían la misma suerte: Bruselas. En el primer caso, las empresas recuerdan que la energía nuclear ya está gravada con una tasa, más concretamente los residuos que genera. Si en lugar de tasa (un gravamen que solo se puede aplicar a quienes reciben el servicio) es optar por un impuesto, las afectadas recuerdan que iría a los Presupuestos (a reducir el déficit público, no de tarifa) y que podría no ser compatible con el IVA y con los gravámenes medioambientales que ya aplican a la actividad eléctrica algunas comunidades autónomas.

Fuente: Cinco Días

El Gobierno prepara una reforma en el sector del gas para evitar un déficit de tarifa como el eléctrico

Ministro IndustriaEl ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, afirma que el Gobierno prepara una “reforma profunda en las actividades reguladas” del gas con la finalidad de evitar que en este sector se produzca un déficit de tarifa como el registrado en el sistema eléctrico.

Soria explicó que en 2011 el sector del gas arrojó un déficit de 229 millones que, sin suponer “la situación del eléctrico”, supone “una señal de alerta” y un incentivo para lanzar una reforma que evite los desajustes y que, al mismo tiempo, “garantice la competitividad de las empresas ni dañe sus derechos”.

Este sector sufre una caída desde hace años que coincide con el aumento del 65% en los costes de las infraestructuras y un reducido uso de las centrales de ciclo combinado, el 50%.

Por otro parte, Soria destacó la importancia de las conexiones internacionales gasistas y las “buenas perspectivas” de inversión en el sector del gas en Argelia, cuyo Gobierno dispone de un plan de inversión entre 2010 y 2014 valorado en 300.000 millones de euros.

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Fuente: Europapress.es

Déficit tarifario, cuestión de números

Montón de monedasJorge Fabra Utray, en su tribuna de El País, disecciona el entramando energético que se está formando en torno al déficit de tarifa. En dicho análisis, el economista y ex-presidente de Red Eléctrica, entre otras, apela a una simple cuestión de números  para desmontar el injusto sistema de tarificación y las descompesadas subastas eléctricas que no hacen más que favorecer a las formas de producción tradicionales  a la vez que dificultan la implantación de un modelo energético basado en energías renovables, más limpias y más respetuosas.

Fabra se plantea cómo es posible que la factura eléctrica se haya incrementado en casi un 80% en los últimos 5 o 6 años a la vez que las grandes compañias no hacen otra cosa que aumentar beneficios y repartir dividendos.

A continuación, os animamos a que leais el artículo íntegro porque no tiene desperdicio:

En la electricidad, los números se imponen

La reforma de la regulación eléctrica es esencial para la competitividad de la economía, pero no acaba de ser comprendida en todos sus términos y en toda su dimensión. Su dificultad de comprensión ha permitido un deterioro de la regulación del mercado eléctrico y un extraordinario desequilibrio entre costes e ingresos en perjuicio de los consumidores y de las nuevas tecnologías.
Sin embargo, parece que la realidad de los números podría empezar a imponerse en la buena dirección.

En el contexto actual, el mantenimiento del statu quo en materia eléctrica es, simplemente, insostenible. El llamado déficit tarifario -que supera los 24.000 millones de euros- es la prueba irrefutable de su insostenibilidad. Si no fuera así, el Gobierno hubiera subido las tarifas eléctricas de manera visible y no hubiera escondido a los consumidores esas subidas en el déficit tarifario y en el traslado de parte de los costes eléctricos a los Presupuestos Generales del Estado (casi 3.000 millones), ni tampoco hubiera segmentado los recibos de la luz en recibos mensuales en lugar de, como siempre, en recibos bimestrales.

Es como si las subidas de la luz no lo fueran porque aplazáramos su pago -como si la parte hipotecada de una casa no fuera también precio de la casa- o como si pagar una misma cantidad en 12 meses fuera menor si en su lugar la pagáramos en seis bimestres. Desde 2004 hasta 2011 el recibo de la luz ha subido un 80%. De este porcentaje, un 60% ha sido pagado al contado y el 20% restante con la firma de una hipoteca (el déficit tarifario). Para colmo, esa deuda reconocida, retribuida con el Euribor más un spread, avalada por el Estado y cuya legalidad ha sido ratificada por los tribunales, se conmuta por un pago al contado mediante su titulización que supone, en valor presente, mayores costes para los consumidores que podrían estar cercanos a los 5.000 millones, según se comporten las primas de riesgo en cada tramo titulizado. Es como si el descuento de una letra fuera pagado por su emisor y no por quien prefiere el contado frente al cobro del nominal a su vencimiento. A los acreedores es a quien corresponde elegir el contado con descuento o el plazo con intereses, no a los deudores cuya solvencia ha sido avalada por el Estado.

En su discurso de investidura, Mariano Rajoy afirmó que el déficit tarifario es uno de “los problemas más complejos” y que no se puede solucionar aplicando “una subida de tarifas que recaiga sobre los consumidores castigando la competitividad de la economía”. ¿Estaba planteando Rajoy un descuento del déficit tarifario? A su vez, el ministro de Industria, José Manuel Soria, ha anunciado su intención de llevar a cabo una “transformación relativamente profunda del modelo energético” con el objetivo de que la energía sea “segura, lo más barata posible” y disponga de un precio que “refleje exactamente los costes de producción”. ¿Está el ministro reconociendo que los consumidores pagan más por la electricidad de lo que cuesta producirla? ¿Está el Gobierno considerando extraer parte de los beneficios que las empresas eléctricas generan en algunos negocios que escapan a los ajustes de la competencia?

Una respuesta afirmativa a estas preguntas sería una buena noticia para el año eléctrico que ahora comienza. Veamos por qué.

Hecho 1: en el mercado eléctrico, el precio que determina la retribución de todas las centrales en funcionamiento se fija según la oferta de la última central térmica necesaria para cubrir la demanda. El problema es que esa retribución es insuficiente para la mayor parte de las centrales de carbón, de gas y renovables, pero es excesiva para las centrales nucleares e hidroeléctricas. Sin el equilibrio retributivo que aporta la competencia (inexistente en los segmentos nuclear y de la gran hidráulica porque no es posible la entrada de nuevos competidores), no hay razón alguna que pueda avalar la eficiencia del mercado de electricidad. Las centrales que con los precios de mercado no cubren sus costes medios perciben complementos retributivos: pagos por capacidad, primas, etcétera, mientras que las centrales, que con los mismos precios obtienen beneficios muy elevados, mantienen esa retribución sin minoración alguna. Se trata del más claro y radical ejemplo de socialización de pérdidas y privatización de beneficios.

Hecho 2: desde 1997 hasta 2011, las centrales nucleares e hidroeléctricas han percibido ingresos muy superiores a los comprometidos bajo el marco regulatorio retributivo que amparaba la recuperación de sus inversiones. Ello es así porque en 2005 ya habían cobrado la totalidad de los Costes de Transición a la Competencia 8.600 millones; porque hasta que se suprimieron en 2006 los siguieron cobrando hasta alcanzar una cantidad superior a la que determinaba la Ley del Sector Eléctrico sin que ese exceso haya sido liquidado; y porque, desde entonces, han estado cobrando precios superiores a sus costes remanentes (cuestión completamente imprevista en el Protocolo Eléctrico de 1998, firmado con el Gobierno de José María Aznar, e inimaginable en el marco regulatorio anterior a la Ley de 1997). El que parte de estas centrales no estén todavía amortizadas o provisionadas es cuestión que solo compete a la política contable de cada empresa y en nada contradice la realidad económica subyacente sobre la efectiva recuperación de las inversiones históricas correspondientes -que es la que importa a la economía y los consumidores-. Si en términos de rentabilidad sobre los capitales realmente invertidos en los activos de generación, pudiera alguien no considerar desorbitados los beneficios de las empresas eléctricas, como sostiene la patronal UNESA, será, sin duda, porque sus asociadas tienen mediocres resultados en otros negocios que nada tienen que ver con lo que aquí se trata.

Hecho 3: el peso de las renovables tiene que aumentar considerablemente con horizonte en 2020 por tres razones: 1. contribuyen a la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero; 2. su desarrollo, además de generar externalidades económicas positivas, permitirá que alcancen su plena madurez disminuyendo a medio plazo el coste de la generación de electricidad (debe desterrarse de una vez para siempre la española mediocridad de “que inventen otros”), y 3. España está comprometida con el cumplimiento de los compromisos de la Unión Europea.

La dificultad estriba en establecer una senda competitiva y eficiente que cumpla estas condiciones y objetivos. Pero la realidad es que las soluciones están siendo propuestas desde hace ya tiempo. Se trataría de extraer una parte de los ingresos excesivos que percibe el parque histórico de generación para neutralizar, durante los 8 o 10 próximos años, el coste del progresivo incremento de la energía renovable necesario para aumentar su peso en la dieta energética. También sería necesario eliminar muchas normas que, sin aportar valor añadido alguno, encarecen el suministro de electricidad. A título de mero ejemplo cabe mencionar las normas que regulan el suministro del último recurso.

En resumen, las declaraciones de los actuales miembros del Gobierno deberían concretarse en una reforma que recondujera los precios que pagan los consumidores de electricidad a los costes reales y justificados de su producción. Si, además, la minoración de los beneficios injustificados de las centrales nucleares e hidroeléctricas se utilizara para estabilizar los costes de una generación crecientemente renovable, estaríamos contribuyendo a una cuestión no solo clave para la gestión de la mayor amenaza que gravita sobre nuestro planeta -el cambio climático- sino también al cambio del modelo productivo que necesita España y a una mejora de la competitividad de nuestra economía que desde ningún otro sector podría lograrse: independencia energética, innovación, creación de empleo, mejora de nuestra balanza de pagos, contención de la contaminación y disminución de costes para las familias y las empresas. Para ello, es necesaria una profunda reforma estructural de la regulación eléctrica. Sí. Una reforma estructural. No para desregular sino para regular, tal y como propone sobre la energía el segundo manifiesto de economistas frente a la crisis [www.economistasfrentealacrisis.com] en su quinta propuesta.

Las buenas intenciones del Ejecutivo en materia energética quedarían ensombrecidas, sin embargo, por lo que pudiera ser su primera decisión: la prolongación de la licencia de la central de Garoña. Y parece que, contradiciendo no pocas de sus declaraciones, tal prolongación podría hacerse con un gratis total para las empresas. De confirmase esta sospecha, marcaría un precedente en Europa: en Alemania y Bélgica (antes de la catástrofe de Fukushima) se decidió alargar la licencia de los reactores previo pago de varios cientos de millones de euros. Aunque lo cierto es que el gratis total sí tiene precedentes en España, donde ya en 1997 el Gobierno prolongó la concesión de las principales explotaciones hidroeléctricas a cambio de… nada.

Esperemos, en cualquier caso, que en materia energética las buenas intenciones del Gobierno no se malogren por el camino. Así es que, como diría el maestro, permanezcamos atentos. –

Jorge Fabra Utray es economista y doctor en Derecho, miembro del Grupo de Reflexión sobre la Energía del Instituto Pascual Madoz de la Universidad Carlos III y ha sido presidente de Red Eléctrica (1988-1997) y Consejero de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) (2005-2011).

Fuente: El País

Las grandes eléctricas realizan emisiones privadas “secretas” del déficit de tarifa por valor de 1400 millones

Torre eléctricaLa agencia de calificación crediticia Standard & Poor’s (S&P), en un informe publicado el pasado 12 de enero (el mismo en que bajó la calificación de nueve países) sobre el efecto que tendrá el déficit de tarifa y las incertidumbres políticas sobre el rating de las grandes eléctricas españolas, asegura que se han realizado “algunas colocaciones privadas adicionales no reveladas“, que estima en 1.400 millones de euros. Un extremo que han confirmado a este diario fuentes empresariales, que precisan que han sido seis operaciones por 1.406 millones.

La primera emisión privada de la deuda eléctrica, y hasta ahora la única de la que se tienen noticias, es la que realizó el Fondo de Amortización de la Deuda Eléctrica (FADE) entre el 14 y el 15 de noviembre entre inversores privados al margen del mercado. La colocación fue de 475 millones, en dos tramos de 325 y 150 millones, con una rentabilidad del 6,42% y del 5%, respectivamente. A finales de septiembre, el Gobierno publicó un real decreto que permitía las emisiones privadas para facilitar la titulización, función reservada hasta ese momento al Tesoro Público.

Como señala el informe de S&P, “pese a la crisis de la deuda soberana y la inestabilidad de los mercados”, el Estado logró titulizar el año pasado 8.500 millones de euros, que representan más de la mitad del déficit pendiente a 31 de diciembre de 2010. A ello hay que sumar los 1.400 millones. Para la agencia de rating estas emisiones demuestran “el apetito del mercado por estos títulos y el compromiso del Gobierno de acabar con el déficit”.

Sin embargo, las previsiones de S&P para este año se tornan oscuras. Considera que la deuda eléctrica va a sufrir las mismas presiones que la deuda soberana y que los mayores costes de su financiación se van a traducir en mayores costes para el sistema eléctrico. La sangría del déficit de tarifa y las incertidumbres políticas que S&P aprecia para su resolución, máxime en un contexto económico “muy difícil”, podría conducir una rebaja de la calificación de las cinco grandes generadoras de electricidad que financian del déficit, en tanto se tituliza (Endesa, Iberdrola, Gas Natural y, en mucha menor medida, HC y Eon España).

Aunque el nuevo Gobierno del PP ha subido los peajes de acceso en el primer trimestre (una media del 8,5%) ello no es suficiente para cumplir el objetivo de déficit para este año (1.500 millones, que podría sumar otros 2.000 millones) cuando ya se arrastra la rebaja aprobada (y recurrida ante el Tribunal Supremo por las empresas) en el último trimestre de 2011.

La recesión contribuirá a empeorar la situación, ya que con una demanda plana para este año de tan solo el 0,1%, los ingresos se resentirán agravando el déficit. Y aunque el Gobierno subirá los peajes, según el informe, en este contexto recesivo y con precios de la energía al alza, solo lo hará de forma modesta (por debajo de dos dígitos).

La situación desembocará inevitablemente en la aplicación de reformas estructurales, pero el informe ve improbable que este año se pueda lograr una solución definitiva. S&P considera un riesgo para la solvencia financiera de las eléctricas que el Gobierno les haga compartir “el dolor” de los consumidores aplicando un impuesto especial a la nuclear y a la hidráulica.

En definitiva, para la agencia de calificación existe una simbiosis entre la deuda soberana y la deuda eléctrica o, lo que es lo mismo, entre el déficit público y el de tarifa. Una opinión que comparten ejecutivos del sector.

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Fuente: Cinco Días