El balance neto podría ser aprobado en el último trimestre de 2012

El balance neto podría ser aprobado en el último trimestre de 2012Tras la reforma energética, que tratará de reducir el déficit de tarifa, el Ministerio de Industria pretende promulgar el balance netofotovoltaico.

El Sr. Scharfhausen, como Secretario de Estado de Energía ha declarado en  cuánto a la aprobación delBalance Neto, (que será la única vía de subsistencia del sector fotovoltaico español tras la injusta moratoria sufrida), sin concretar fecha, y olvidando el mandato del Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre (por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia) que el balance neto se instaurará en España :

I.- de forma gradual y controlada, para evitar todo tipo de especulación

II.- una vez controlado el déficit del sector eléctrico para posteriormente establecer una nueva normativa que permita a los consumidores la producción individual de energía para su propio consumo, compatibilizando su curva de producción con su curva de demanda.

En ocasiones anteriores hemos señalado que es clara, notoria y patente la “mano negra” que cubre las decisiones ministeriales, ya que coinciden estas declaraciones con las de D. Gonzalo Sáenz de Miera, como Director de Prospectiva Regulatoria de Iberdrola, al señalar en Genera 2012 que el Balance Neto es insolidario con la disminución del déficit de tarifa “al no pagar los Pro-consumidores los costes variables de la tarifa”.

Recientemente, D. Ignacio Grandel, como Director del Gabinete del Secretario de Estado de Energía, ha respondido lo siguiente a la pregunta ¿En qué estado de tramitación está la regulación de Balance Neto y cuándo se pretende elevar a Consejo de Ministros para su posterior publicación en el BOE?“:

“Estimado Sr. XXXXXXXXXX,

Entiendo su preocupación y necesidad de concretar un calendario para la aprobación de la regulación sobre balance neto.

Actualmente quedan por concretar algunos aspectos técnicos y normativos por lo que es previsible su aprobación antes de fin de año. No obstante, como conocerá se esta trabajando en una profunda reforma del sistema eléctrico cuyo primer objetivo es la eliminación de la generación de déficit en el sistema.

Por tanto, cualquier decisión normativa, y máxime, dependiente del Consejo de Ministros esta sometida a la consecución del citado objetivo.

Reciba un cordial Saludo,

Ignacio Grangel
Director del Gabinete del
Secretario de Estado de Energía”

Es dificil esperar que el Gobierno cumpla su palabra (que no vale nada, despues de no haber hecho nada de lo propuesto en su programa electoral), pero deseamos que por una vez estén siendo honestos y que realmente se apruebe el balance neto antes de que acabe el año. Esta norma puede tener una gran incidencia en la creación de empleo, así como revitalizar un sector que actualmente agoniza bajo la injusta moratoria fotovoltáica.

Vía Suelosolar

Y volvemos de vacaciones el día que se aprueba la reforma energética en Consejo de Ministros… o no.


Hola a todos! Después de unos necesarios días de asueto en los que hemos  disfrutado del descanso y repuesto fuerzas, volvemos cargados de ganas e ideas para seguir ofreciendo la mejor información sobre energía a nuestros lectores.

Y no podíamos volver en mejor fecha! Precisamente hoy parece que finalmente se aprobará en Consejo de Ministros la cacareada reforma energética, cuya aprobación lleva casi dos meses aplazándose [actualización (27/08/2012): finalmente no se aprobó porque seguían las discrepancias entre Soria y Montoro]. Esos sucesivos aplazamientos no deparan nada bueno. Ya se filtró anteriormente, y así nos hicimos eco en El Blog de Efimarket, de parte del contenido de la citada reforma. Y hay que decir que esta reforma parece que no va a gustar prácticamente a nadie.

Casi todos los actores del sector energético se van a ver afectados por un aumento de la tributación gracias a la aplicación de una nueva serie de tasas que gravarán tanto la generación con energías convencionales como a las renovables, muy castigadas ya por anteriores decretos que han ido reduciendo su retribución, de forma ilegalmente retroactiva y además incumpliendo el contrato firmado entre los productores y el estado.

En el sinsentido y secretismo que rodea el proceso de “cocción” de la reforma, hemos sabido que el Ministro Soria declaraba que “las renovables recibirán más incentivos”. Debe referirse a un futuro lejano, porque todas las acciones de los últimos años, y al parecer también en la línea del nuevo Gobierno, van dirigidas a recortar cuantas más primas del régimen especial sea posible.

Tambien ha habido “pelea de gallos” en el corral. Y es que tanto Soria (Ministro de Industria) com Montoro (Ministro de Hacienda) han tenido sus diferencias durante la elaboración de la dichosa reforma. Los dos gallitos quieren mandar en el corral, y al parecer no se ponían de acuerdo con las tasas y nuevos impuestos que van a cobrar a las empresas energéticas.

Al final ha tenido que salir Super-Soraya, esa Ministra que es capaz de parir, dirigir el Consejo de Ministros y actuar de portavoz del Gobierno a la vez (si fuera hombre seria imposible, ya saben eso que dicen…) y mediar para restarle importancia al revuelo causado por la pelea de Ministros gallitos. Para zanjar la discusión declaró que “aquí al final no decide ni Soria ni Montoro, quien decide es el Consejo de Ministros”, que es un eufemismo para decir que se iba a aprobar lo que a ella le saliera de los ovarios, con permiso de Mariano.

Y en fin, eso es lo que hay. Aqui estamos esperando a ver que demonios aprueban para intentar solucionar el agujero de 25.000 millones de euros del déficit tarifario que cada año engorda entre 6.000 y 7.000 millones de euros adicionales. La cuestión es que esperamos que las nuevas medidas tengan cierta efectividad, porque si ese déficit tuvieran que sufragarlo los consumidores, habría que subir de nuevo el precio de la electricidad entre un 40% y un 60%, cuando actualmente soportamos ya el precio de la electricidad más caro de Europa y probablemente del mundo.

Vaya bienvenida de las vacaciones! Os seguiremos contando las novedades al respecto. Manteneos alerta!

 Redacción Efimarket

La reforma energética muere antes de nacer

reforma energetica - efimarketDesde el pasado mes de marzo, el sector eléctrico se mantiene en un sin vivir esperando una supuesta reforma energética de la cual, durante meses, las principales empresas del mismo juraron no tener noticia alguna.

Tras un primer paquete de medidas aprobado en marzo casi por sorpresa, y que costó a las cinco grandes integradas en Unesa un recorte de ingresos de unos 900 millones de euros, el ministro de Industria, José Manuel Soria, anunció una segunda fase que, según sus propias palabras, estaría lista, primero, en mayo; después, en la segunda quincena de junio y, más tarde, en la primera de julio.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, tomó el relevo del manido calendario y aseguró el viernes, 13, que la reforma energética se aprobaría “en julio” y lo ha recuperado de nuevo Soria para anunciar un nuevo aplazamiento. En otras palabras, que ya nos vamos al mes de agosto.

Llegados a este punto, bien podría afirmarse que la reforma ha muerto antes de nacer. Al menos, la elaborada por el Ministerio de Industria y que supuestamente estaba pactada con el jefe de la Oficina Económica de Moncloa, Álvaro Nadal, y con el de Hacienda, Cristóbal Montoro. Y es que la mal llamada reforma, como dijo el propio Mariano Rajoy en una de sus intervenciones en el Congreso de los Diputados, no es más que “un nuevo esquema de fiscalidad energética”.

La mal llamada reforma no es más que “un nuevo esquema de fiscalidad energética”, según el propio Rajoy

La situación ha cambiado radicalmente desde que se filtrara a los medios el paquete de medidas, que se resumen en impuestos sobre la venta de energía, cuyo porcentaje varía en función de las distintas tecnologías y perjudica a las que no pueden trasladar el coste de dicho tributo al precio final. También tasas a la nuclear y la hidráulica de 10 y 15 euros por MWh, respectivamente. Conocer el origen de la filtración podría arrojar alguna luz sobre las supuestas diferencias entre Industria y Hacienda respecto a estos gravámenes. La filtración se atribuye a Álvaro Nadal y con ella pretendía testar el grado de aceptación o rechazo hacia estas medidas.

El primer rechazo ha sido interno: pese a los meses invertidos en la elaboración de las medidas, que deben incluirse en una ley, hay quien asegura que los abogados del Estado se han percatado de que son recurribles y ganables en los tribunales por las eléctricas. Pero más bien han sido los servicios jurídicos de los distintos subsectores los que han hecho llegar al Gobierno que la nueva fiscalidad es “confiscatoria, discriminatoria y crea la misma inseguridad jurídica que un recorte de primas a las renovables”, pues es realmente una detracción de primas por la puerta de atrás. Además, no respetaría el derecho comunitario relativo a la tributación de la actividad eléctrica.

Los abogados del Estado se han percatado de que algunas medidas de la reforma son recurribles y ganables en los tribunales por las eléctricas

En un proceso sin negociación de Soria o Nadal con los afectados, las empresas han desplegado toda su artillería pesada por tierra, mar y aire contra unas medidas que el Gobierno se disponía a aprobar. Las presiones han llegado de la mano de fondos de inversión con intereses en el sector de las renovables y de los bancos que financian multitud de proyectos totalmente apalancados.

Es conocida la intervención de algunos embajadores, como el de Francia o el de Estados Unidos, que mantuvo una reunión con el titular de Industria y de la que -dicen- salió muy decepcionado. También las grandes eléctricas (muchas de ellas con políticos en sus consejos) han contribuido lo suyo a desmontar las medidas.

El propio Fulvio Conti, consejero delegado de la italiana Enel, propietaria de Endesa, pidió recientemente al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que se repensara bien la aplicación casi improvisada de unos tributos que tendría graves consecuencias para uno de los sectores que aún se mantienen en pie a pesar de la crisis económica que vive el país.

Eliminado el efecto sorpresa, sin el cual no era posible aprobar los nuevos tributos sin presiones, el citado paquete de medidas se puede considerar papel mojado. No ha sido posible por las diferencias internas y las dudas de que la recaudación por venta de energía sirviese más para recortar el déficit público que el de la tarifa.

Sea en el Consejo de Ministros del 3 de agosto o sea en el previsto para el 24 de ese mes, todo indica que, de aprobarse, las medidas no se parecerían a las que se han conocido en las últimas semanas. A pesar de que el Gobierno cumpliría así su promesa de que el Estado (a través de los contribuyentes) contribuirá también a paliar el problema del déficit de tarifa. Quien más lo ha repetido es el propio Soria, del que se rumorea que podría presentar su dimisión si no se admite su propuesta.

Muchas voces reclaman ahora medidas más suaves y aplazar una vez más la resolución del problema deldéficit tarifario, evitando así echar más leña al fuego de la crisis de la deuda soberana y del fantasma de la intervención. Lo que debería haber hecho Industria -vienen a decir los críticos- es una reforma de verdad, acometiendo cambios estructurales del mercado eléctrico o las subastas y, de esta manera, no tendría que haber dado cuenta a Hacienda.

Lo cierto es que las medidas fiscales, si no conllevan una reforma del sistema, solo servirán para absorber el déficit de tarifa acumulado pero no pondrá coto al que se pueda seguir generando en el futuro.

Fuente: Cinco Días

Los ciudadanos de cuatro comunidades autónomas pagarán 200 millones más por su electricidad

Imagen-regleta-enchufes - efimarket

Las ecotasas que cobran cuatro comunidades a las eléctricas serán repercutidas por el Gobierno a los consumidores de dichas regiones, que pagarán hasta 200 millones más en el recibo. Se trata de Castilla y León,Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia. La primera anunció ayer que recurrirá al Constitucional.

La decisión del Gobierno de cobrar un suplemento en la tarifa de acceso a los ciudadanos de las autonomías que aplican tasas medioambientales a instalaciones eléctricas (las llamadas ecotasas) afectará a cuatro comunidades autónomas: Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia. Según los cálculos del propio Gobierno, ello supondrá un sobrecoste en el precio de la factura eléctrica para los consumidores de esos territorios de hasta 200 millones.

La medida, incluida en el real decreto ley de estabilidad presupuestaria que entró en vigor el domingo (el “recortazo”), supondrá repercutir en los peajes de acceso (que pagan todos los consumidores, los que tienentarifa y los que no) el coste íntegro de las tasas que aplican los Gobierno autónomos a la producción de las centrales (de gas, nuclear o hidráulica) y a las redes de transporte que explota REE.

Las reacciones no se han hecho esperar. Ayer, el Gobierno de Extremadura comunicó que va a plantear un recurso de inconstitucionalidad contra dicho suplemento al entender que “vulnera (..) en el fondo y en la forma” el espíritu de la ecotasa autonómica. El recurso fue anunciado en una rueda de prensa por los consejeros de Economía, Antonio Fernández, y el de Medio Ambiente y Energía, José Antonio Echávarri. Fernández explicó que la medida “penaliza a los habitantes” de una comunidad, como la extremeña, que exporta al resto del Estado el 75% de la electricidad que genera, y que en su opinión, tiene un consumo  “mucho más racional”.  Además, sus habitantes sufren el impacto de la peligrosidad de una central nuclear.

Mientras se resuelve el recurso, el Gobierno va a plantear a la Asamblea regional la posibilidad de suprimir el cobro de estas tasas en tanto se pronuncia el Constitucional. La ecotasa (0,005 euros kWh) se aplica a la producción de la nuclear de Almaraz y a las centrales hidroeléctricas de la región, con una recaudación de 93 millones de euros al año. Fuentes del Ejecutivo que preside José Antonio Monago, señalan que la cuestión de fondo es que “esta tasa se ajusta a derecho”.

Además, Extremadura, así como las dos Castillas, cobra otra tasa a las redes de transporte de electricidad; de telefonía y telemáticas a razón de 700 euros por kilómetro de tendido instalado. Por su parte, la comunidad de Murcia cobra desde hace dos años un recargo a la producción de las centrales de ciclo combinado de gas, tributo que ha sido recurrido por Gaz de France que cuenta con una central de este tipo en Escombreras (Cartagena). Cataluña estudió en su día un canon a las tres nucleares ubicadas en su territorio, pero no ha llegado a aplicarlo.

Por el momento, se desconoce si serán todas, o solo algunas, las tasas que se repercutirán en la factura de la luz de los ciudadanos de estas cuatro comunidades autónomas, todas ellas gobernadas por el PP. En una disposición adicional del citado real decreto ley “se habilita” al Ministerio de Industria a que determine los “tributos y recargos concretos” que se tendrán en cuenta para aplicar el suplemento territorial.

Esta medida, que figuraba en uno de los documentos de trabajo filtrados sobre el nuevo esquema fiscal del sector energético, supone un triunfo para las compañías eléctricas, que se oponen con uñas y dientes a la reforma prevista por el Gobierno. Este prevé un gravamen del 4% sobre la facturación del régimen ordinario y otros muy superiores para las energías renovables, amén de una tasa a la nuclear y un canon a la hidráulica.

Las cinco eléctricas integradas en Unesa remitieron hace meses a Industria un informe elaborado por PwC sobre todos los tributos autonómicos que ya pagan y que no pueden trasladar al precio final. Y, aunque estos son repercutibles por ley, en el caso de las tasas autonómicas no los trasladarán ellas, sino el ministerio, que es el que fija los peajes. De este modo, sería el sistema eléctrico el que se beneficie de los 200 millones antes citados. O, quizás se beneficien también las empresas si los gobiernos regionales renuncian al cobro de estas tasas para no perjudicar a sus ciudadanos y votantes.

Las cifras

93 millones de euros es la recaudación por la ecotasa a la nuclear y la hidráulica de la Junta de Extremadura.

200 millones es el máximo que se prevé repercutir en el recibo de la luz de cuatro comunidades con dichas tasas.

4% es el impuesto al régimen ordinario que quiere fijar el Gobierno, que afectaría a las grandes eléctricas.

Otro recargo a quien más luz consuma

Aunque la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró el viernes que la aprobación de la reforma energética se posponía a otro Consejo de Ministros de julio, lo cierto es que el real decreto ley sobre equilibrio presupuestario ya avanzaba algunas medidas relevantes. Además del suplemento territorial por tasas medioambientales, la norma que entró en vigor el fin de semana, establece la “progresividad en los peajes de acceso”. En otras palabras, que pagará algún tipo de recargo quien más consuma, según el criterio que fije Industria (se librarían los consumidores vulnerables, hoy por hoy, los que tienen bono social).

Otra novedad de la nueva norma es que se pone fin a la revisión trimestral obligatoria de los peajes de acceso en el caso de que se produzca una subida de los costes. A partir de ahora, la revisión cada tres meses será facultativa y la intención es revisarlos solo una vez al año. De esta manera, solo se modificará cada tres meses el precio de la energía que incluye el recibo de la luz, pues ese se determina en la subasta Cesur, que se celebra al final de cada trimestre y es de obligado traslado a la factura. El objetivo, según figura en un documento de trabajo del Gobierno sobre la reforma energética, es tener más seguridad “ante cambios en los Presupuestos Generales del Estado y posibles sentencias” de los tribunales

El Gobierno ha aprobado, asimismo, un cambio en la naturaleza jurídica del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), que se convierte en un “instrumento” al servicio de la Administración. Entre sus nuevos objetivos está el de prestar asistencia técnica y económica al Ministerio de Industria o apoyar el desarrollo de tecnologías para “descarbonizar” la generación eléctrica.

Fuente: Cinco Días

El nuevo impuesto eléctrico se come un tercio de las primas de las renovables

mas impuestos para las renovables - efimarketEl nuevo “esquema fiscal energético”, como lo llamó Mariano Rajoy, gravará con 1.180 millones más el sector de las renovables, y con 1.350 millones a las grandes eléctricas. En el primer caso, equivale a un tercio de las primas que reciben, pero todas se sienten las más perjudicadas frente a las otras.

Los peores presagios parecen cumplirse, tanto para las cinco grandes eléctricas integradas en Unesa (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, HC Energía y Eon España), como para los productores del llamado régimen especial, entre los que figuran algunas empresas relevantes, como Acciona, EDP, ACS, Abengoa o Solaria, y los cientos de pequeños inversores propietarios de las más de 50.000 instalaciones fotovoltaicas, en unos casos, particulares y, en otros, fondos de inversión.

El esquema de la nueva fiscalidad que gravará la venta de energía, cuyo proyecto de ley fue analizado por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, que fue aprobado en el Consejo de Ministros anterior, ha hecho saltar las alarmas entre los sectores eléctricos afectados, que son todos, aunque en distinta proporción. También la Bolsa reaccionó en consecuencia con fuertes caídas de las utilities y las de energías verdes.

El debate del viernes se centró en averiguar, a la luz de los datos filtrados, qué tecnologías serían las más perjudicadas por la nueva tributación que gravará con un 4% las ventas del régimen ordinario (carbón, gas, nuclear e hidráulica); un 11%, la eólica; un 19%, la fotovoltaica; otro 13%, la termosolar, y entre un 3% y un 4,5% la biomasa, la cogeneración y la termosolar. A ello se añade una tasa de 10 euros MWh a la energía nuclear y un canon (por ser dominio público) a la hidráulica, de otros 15 euros MWh. ¿Por qué esas diferencias?

El propio ministro de Industria, José Manuel Soria, aseguró el jueves que la progresividad del impuesto está relacionada con el nivel de subsidio de cada tecnología. O, lo que es lo mismo, con las primas que reciben. De hecho, fuentes empresariales consideran que se trata de un recorte de primas por la puerta de atrás, decidida por el Gobierno para evitar los tribunales.

La Asociación Empresarial Eólica (AEE), que lanzó ayer un mensaje apocalíptico (“es el fin del sector”, dijo en una nota de prensa) calcula que el gravamen (en su caso, Hacienda recaudará 400 millones) se comerá un 27% de las primas. Y lo peor es que “compromete la viabilidad de muchos proyectos, que han visto incrementar sus costes financieros en inversiones que no están amortizadas”. Igual de negro lo pintó el sector fotovoltaico. La asociación Unef calcula que las nuevas medidas suponen una reducción del 30% de la retribución hasta 2013 (otros 550 millones anuales). La recaudación prevista para el resto de renovables es de 230 millones.

También las eléctricas de Unesa se consideraron las más perjudicadas, teniendo en cuenta que en marzo ya sufrieron un recorte a la retribución de la distribución y de los pagos por capacidad y porque son las que financian el déficit de tarifa (origen y fin de las medidas).

Las eléctricas, con rating en revisión o al borde del bono basura, arremetieron especialmente contra la tasa a la nuclear y el agua. En una nota de prensa, su patronal aseguraba ayer que ha solicitado al Gobierno que se lleve a cabo la reforma estructural del sector eléctrico, “reduciendo los costes del mismo en lugar de aumentar los impuestos”.

 Fuente: Cinco Días

El Gobierno gravará con más impuestos a la energía para recaudar 6.800 millones más

El gobierno grava con mas impuestos la energia para recaudar 6800 millones mas - efimarketLa reforma del sector energético, ahogado por un déficit acumulado de 24.000 millones, desvela sus intimidades. El Ministerio de Industria, confirmó este miércoles a través del titular del departamento, José Manuel Soria, que aplicará un impuesto para las fuentes de generación renovables y no renovables y fijará, además una tasa a la generación de energía nuclear e hidráulica. La suma de todas las medidas propuestas asciende a 6.830 millones de euros, según el borrador del documento que detalla el plan de Industria. Las eléctricas caen hoy en Bolsa al conocerse los planes de Industria. Durante el día de hoy se espera que dicha reforma sea aprobada en Consejo de Ministros, junto al resto de recortes, la subida del IVA y otros ajustes.

El nuevo impuesto, que será tramitado mediante un proyecto de ley, será del 4% (dos euros por MW facturado) para todas las tecnologías del régimen ordinario (nuclear, hidráulica y ciclos combinados a gas). En el caso del régimen especial, el plan distingue entre energías gestionables y no gestionables para aplicar distintos tipos. De todas ellas destaca el tipo que se aplica a la energía eólica (11% y 400 millones a recaudar) y a la fotovoltaica (19% y 550 millones), un tipo que podría acabar con el retorno de la inversión de aquellos que invirtieron en su momento en esta energía limpia, la mayoría de ellos pequeños inversores.

Además del impuesto general, las centrales nucleares y las hidroeléctricas tendrán una tasa adicional. Serán 10 euros por MW en el caso de la energía nuclear (ingresos de 550 millones) y de 15 euros en el caso de las hidroeléctricas (400 millones de recaudación).

Además, se añade un recargo de cuatro céntimos por metro cúbico a loshidrocarburos gaseosos, con el que se recaudarán 1.150 millones y subastas de los derechos de emisiones a partir de 2013 que supondrán otros 900 millones. El plan prevé también pasar a deuda pública 2.100 millones de la anualidad del déficit que debe ser amortizada.

También habrá medidas vía decreto. En concreto, un recorte a la retribución del transporte de energía de 50 millones y de 100 millones a los pagos por la atención del servicio en las islas, Ceuta y Melilla. Estos recortes afectarían a grandes empresas como REE.

En sector advierte de un fuerte impacto por el tributo

Los detalles de la reforma han caído como una bomba en el sector. Fuentes de las empresas más perjudicadas, las tradicionales, propietarias de nucleares, hidroeléctricas y parques eólicos, destacaron que el plan de Industria pone en riesgo la actividad de generación, compromete la financiación de las compañías (abocadas a una rebaja de calificación) y deja en el alero a un sector fundamental para el país. Las compañías, que han batallado duramente por hacer valer sus tesis a través de la asociación patronal Unesa, creen que el Ejecutivo ha admitido una idea equivocada: que las centrales nucleares e hidroeléctricas están amortizadas y perciben retribuciones injustificadas.

En el sector de las renovables, las empresas más perjudicadas son las fotovoltaicas, que han advertido de las consecuencias de soportar nuevos recortes incluso para la banca que les facilitó los créditos para desarrollar las instalaciones. Para las empresas termosolares, con menos facturación, las medidas tendrían, en principio, un menor impacto.

Las cotizaciones de las compañías eléctricas que cotizan en Bolsa caen hoy con fuerza en Bolsa tras conocerse los planes de Industria, en medio de un mercado a la baja. La más golpeada es Iberdrola, con un retroceso que ha llegado a ser del 4%. Los retrocesos de Endesa y Gas Natural se situaban en torno al 2% hacia el mediodía, en un mercado que retrocedía el 1,5%.

Fuente: El Pais

El otro rescate: la reforma eléctrica

reforma electrica - efimarketReproducimos a continuación el interesante artículo de Carmen Monforte publicado en el diario económico Cinco Días el pasado viernes. En el nos descubre el oscuro panorama oculto tras la nube de humo de las noticias económicas, pero que sin embargo tiene un paralelismo curioso. De hecho, el enorme déficit tarifario eléctrico se asemeja en cuanto a dimensiones a la deuda de la banca debida a la burbuja inmobiliaria. Pero ya sin más os dejamos con el magnífico artículo.

Según el diccionario de la RAE, una reforma es “aquello que se propone, proyecta o ejecuta como innovación o mejora en algo”. Si nos atenemos estrictamente a este significado, la llamada reforma eléctrica no puede ser considerada como tal (ni la aprobada en marzo ni la segunda fase prevista para este mes), sino como una sarta de medidas para que los consumidores eléctricos, los contribuyentes y, en menor medida, las compañías del sector paguen pura y simplemente el déficit de tarifa acumulado, que rondaría este año los 29.000 millones de euros. Pero sin una verdadera reforma que racionalice el sistema a través de una revisión profunda de los costes y de las subvenciones del cambalache en que se ha convertido la tarifa de acceso, el mal de fondo persistirá. Díganlo Soria o Montoro.

Y es que se veía venir: el déficit acumulado en la última década, que se podría haber evitado con subidas asumibles en años de bonanza económica, y que habrían puesto coto al descontrol de la demanda y del exceso de capacidad, lo tendrán que pagar los consumidores en el peor de los momentos posibles, con el fantasma de un rescate a España rondando en el ambiente. La oportunidad se perdió hace tiempo, tanto para los consumidores como para las grandes eléctricas, que financian la deuda en tanto se tituliza en el mercado.

Además de las subidas de impuestos y de los recortes salariales o sociales de todo tipo aprobados y previstos para equilibrar las cuentas públicas que sangran por el lado de los ingresos, los ciudadanos van a tener que afrontar el pago de un déficit tarifario que poco o nada tiene que ver con la actual crisis financiera, sino con políticas electoralistas aplicadas en los últimos años. Ningún Gobierno se atrevió a subir suficientemente las tarifas para cubrir de verdad los costes reconocidos por ley ni tampoco a recortar dichos costes, a lo que se oponían los distintos grupos de presión.

El resultado: una deuda disparatada de los consumidores con las eléctricas, a la que estas tienen derecho y que han reclamado por vía judicial (solo la que ha excedido los límites legales). Así, solo por las refacturaciones de consumos desde octubre impuestas por el Tribunal Supremo al Gobierno, la tarifa de acceso subió en abril un 25%, un coste que se fraccionará en los recibos de la luz hasta finales de año. También las eléctricas, que aceptaron en su día el endiablado sistema consistente en esconder las subidas debajo de una alfombra y aplazar su pago a través de un sistema de titulización que, al contar con el aval del Estado, se ha dado de bruces con la crisis de la deuda soberana que dificulta la colocación de la deuda eléctrica.

En dos fases

Así las cosas, el Gobierno aprobó el 30 de marzo un real decreto-ley con medidas con las que el sistema eléctrico lograba 3.240 millones de euros. De estos, 1.640 millones corren por cuenta de los clientes (una subida de las tarifas de 1.580 millones y un recorte de los pagos por interrumpibilidad de la gran industria de 60 millones) y otros 940 millones por las eléctricas, que verán recortados los ingresos por la actividad de distribución en 690 millones. La cantidad restante, 660 millones, procede de supuestos remanentes del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE) y de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), entre otros.

Consciente de que estas medidas apenas sirven para cubrir el descontrol del déficit de este año, el Ministerio de Industria prometió un segundo capítulo de “reformas” a aprobar en la segunda quincena de junio que irá acompañada, con total seguridad, de una nueva subida de la tarifa de acceso y, muy probablemente, de la tarifa de último recurso o TUR (la primera es la mitad de la segunda, que se completa con el precio de la energía).

No en vano, el martes de la semana que viene se celebra la subasta Cesur, en la que se determinará dicho precio en la factura del tercer trimestre. En función del resultado de la puja, el Gobierno jugará con una subida de tarifas, que introducirá en el proyecto de ley de la falsa reforma que se prevé aprobar en el Consejo de Ministros del viernes 29. A falta de un borrador y en medio de la confusión que generan las declaraciones del ministro de Industria, José Manuel Soria, todo apunta a que las medidas con las que el Gobierno pretende frenar el déficit de tarifa serán, esencialmente, de tipo fiscal. De hecho, quienes más trabajan estos días en el proyecto son los técnicos del Ministerio de Hacienda, señalan fuentes del sector.

Las medidas tributarias se centran en la aplicación del llamado céntimo verde (entre cuatro y cinco por litro de carburante) como un recargo del impuesto de hidrocarburos. Por esta vía se prevé recaudar unos 1.500 millones de euros que, en teoría, irían destinados a costear la promoción (primas) de las energías renovables. Sin embargo, la medida encierra un peligro: al ir a a las arcas públicas, y dados los graves problemas presupuestarios, no hay seguridad jurídica de que se destine a la tarifa.

Otra medida, la más confusa de todas es “el incremento de la imposición indirecta a la generación”, según palabras de Soria. Dado que el ministro descartó que se tratara del IVA, solo cabría pensar en el de la electricidad, que ingresan las comunidades autónomas. Sin embargo, este tributo no grava la generación sino el consumo. En este punto de la madeja, hay quien considera que Soria se refería a los peajes que, desde diciembre de 2010, tienen que pagar las generadoras por usar las redes eléctricas. Sin embargo, ni es un impuesto indirecto ni se puede incrementar, pues lo que ahora pagan las compañías (0,5 euros por MW) es un límite fijado por la Unión Europea.

Negra situación financiera

Con todo, lo que preocupa a las empresas es la tercera medida que, sin concretar, consistiría en una tasa general sobre la producción, que variaría según las distintas tecnologías. Las empresas, que siguen lamentando la falta de interlocución con un Gobierno autista, consideran que este recorte de ingresos supondría “la puntilla” para un sector cuyas calificaciones crediticias rozan, según los casos, el bono basura o están en perspectiva negativa.

Ello, unido a la paralización de las titulizaciones de la deuda tarifaria, agravará la situación de uno “de los pocos sectores que aún se estaba librando de la crisis”, como subrayó en su día el alto ejecutivo de una de las eléctricas.

Fuente: Cinco Días