Soria alerta de un aumento del déficit tarifario en 6.000 millones para este año

Deficit de Tarifa - efimarket

José Manuel Soria cifró ayer en el Congreso en 6.000 millones de euros el déficit de tarifa previsto para el próximo año y en 2.200 millones el coste anual de la amortización y los intereses de la deuda acumulada.

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha cifrado en 6.000 millones de euros el déficit de tarifa previsto para 2013 y ha insistido en que el Gobierno mantiene el objetivo de adoptar medidas que acaben el próximo año con el desequilibrio entre costes e ingresos en el sistema eléctrico.

El ministro realizó esta consideración durante su comparecencia ante la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados, en la que consideró que el déficit de tarifa es uno de los “problemas más importantes” en la actualidad para su departamento.

El déficit acumulado a diciembre de 2011 asciende a 24.000 millones de euros y sigue creciendo a un ritmo de 6.000 millones anuales“, afirmó el ministro, antes de recordar que las eléctricas tradicionales son las encargadas de financiar esta deuda y de advertir del “deterioro de la posición financiera” de estas empresas relacionado con esta carga.

El ministro cifra en 3.856 millones el ahorro conseguido con las medidas

Junto a esto, Soria cifró en 2.200 millones de euros el coste anual que debe afrontar la tarifa eléctrica para responder tanto a la amortización como a los intereses asociados a la deuda del sector, y advirtió de que, “si no se toman medidas, el agujero aumentaría año a año hasta suponer en 2015 el doble del actual”.

Ajuste de costes e ingresos para atacar el déficit tarifario

Para resolver el problema, el ministro abogó por una solución basada en el ajuste de “costes e ingresos” en la que participen empresas, consumidores y el Estado. Si todos los esfuerzos consistiesen en subidas de tarifas, los incrementos serían “inasumibles”, mientras que si toda la carga se trasladase a las eléctricas, estas empresas se verían abocadas a la “quiebra”, afirmó.

Durante su comparecencia, José Manuel Soria también cifró en 3.586 millones de euros el importe de las medidas para contener el déficit de tarifa adoptadas por su departamento este año, entre las que figuran la moratoria a las renovables y el recorte a la retribución por la distribución a las eléctricas. El ministro anunció, además, que ya se han iniciado los procedimientos de contratación e instalación a través de Enresa -que está cerrando la adquisición del terreno- para construir el almacén nuclear temporal centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca).

La cifra

24.000 millones de euros acumulaba el déficit de tarifa a finales del pasado año, según recordó ayer el ministro de Industria en el Congreso.

En los próximos días saldrán las ayudas a las empresas del carbón

Con respecto al sector de la minería, Soria anunció que “en estos días” saldrá la convocatoria de ayudas a las empresas, a las que se les ha pedido colaboración para “salvar” los obstáculos planteados por la CE al plan de cierre que se envió a Bruselas en agosto del 2011.

El ministro se mostró confiado en que se alcance en breve una solución al problema de la bonificación fiscal a las navieras y aseguró que el Gobierno no aspira a tener un sistema de tax lease privilegiado con respecto al que tienen otras economías europeas. En este sentido, ha subrayado que la problemática sobre el procedimiento abierto a raíz de este sistema de bonificaciones es una prioridad para el Ejecutivo y que tanto su ministerio como el de Hacienda están trabajando para alcanzar una solución que permita al sector naval español crear empleo.

Fuente: Cinco Días

Y volvemos de vacaciones el día que se aprueba la reforma energética en Consejo de Ministros… o no.


Hola a todos! Después de unos necesarios días de asueto en los que hemos  disfrutado del descanso y repuesto fuerzas, volvemos cargados de ganas e ideas para seguir ofreciendo la mejor información sobre energía a nuestros lectores.

Y no podíamos volver en mejor fecha! Precisamente hoy parece que finalmente se aprobará en Consejo de Ministros la cacareada reforma energética, cuya aprobación lleva casi dos meses aplazándose [actualización (27/08/2012): finalmente no se aprobó porque seguían las discrepancias entre Soria y Montoro]. Esos sucesivos aplazamientos no deparan nada bueno. Ya se filtró anteriormente, y así nos hicimos eco en El Blog de Efimarket, de parte del contenido de la citada reforma. Y hay que decir que esta reforma parece que no va a gustar prácticamente a nadie.

Casi todos los actores del sector energético se van a ver afectados por un aumento de la tributación gracias a la aplicación de una nueva serie de tasas que gravarán tanto la generación con energías convencionales como a las renovables, muy castigadas ya por anteriores decretos que han ido reduciendo su retribución, de forma ilegalmente retroactiva y además incumpliendo el contrato firmado entre los productores y el estado.

En el sinsentido y secretismo que rodea el proceso de “cocción” de la reforma, hemos sabido que el Ministro Soria declaraba que “las renovables recibirán más incentivos”. Debe referirse a un futuro lejano, porque todas las acciones de los últimos años, y al parecer también en la línea del nuevo Gobierno, van dirigidas a recortar cuantas más primas del régimen especial sea posible.

Tambien ha habido “pelea de gallos” en el corral. Y es que tanto Soria (Ministro de Industria) com Montoro (Ministro de Hacienda) han tenido sus diferencias durante la elaboración de la dichosa reforma. Los dos gallitos quieren mandar en el corral, y al parecer no se ponían de acuerdo con las tasas y nuevos impuestos que van a cobrar a las empresas energéticas.

Al final ha tenido que salir Super-Soraya, esa Ministra que es capaz de parir, dirigir el Consejo de Ministros y actuar de portavoz del Gobierno a la vez (si fuera hombre seria imposible, ya saben eso que dicen…) y mediar para restarle importancia al revuelo causado por la pelea de Ministros gallitos. Para zanjar la discusión declaró que “aquí al final no decide ni Soria ni Montoro, quien decide es el Consejo de Ministros”, que es un eufemismo para decir que se iba a aprobar lo que a ella le saliera de los ovarios, con permiso de Mariano.

Y en fin, eso es lo que hay. Aqui estamos esperando a ver que demonios aprueban para intentar solucionar el agujero de 25.000 millones de euros del déficit tarifario que cada año engorda entre 6.000 y 7.000 millones de euros adicionales. La cuestión es que esperamos que las nuevas medidas tengan cierta efectividad, porque si ese déficit tuvieran que sufragarlo los consumidores, habría que subir de nuevo el precio de la electricidad entre un 40% y un 60%, cuando actualmente soportamos ya el precio de la electricidad más caro de Europa y probablemente del mundo.

Vaya bienvenida de las vacaciones! Os seguiremos contando las novedades al respecto. Manteneos alerta!

 Redacción Efimarket

Nos vamos de vacaciones!

el blog de efimarket cierra por vacacionesAsí es. El Blog de Efimarket se tomará unas pequeñas vacaciones para descansar un poco y volver con fuerzas renovadas dentro de 15 días. A finales de agosto volveremos y empezaremos a calentar motores para el otoño caliente que nos espera.

Tenemos la reforma energética que está pendiente de aprobar en Consejo de Ministros, la subida del IVA que afecta a todos los productos y a todos los ciudadanos, y que se añadirá a las recientes subidas del recibo de la luz de abríl y julio, así como al recargo sentenciado por el Tribunal Supremo a favor de las eléctricas, que encarecerá un 10% más la factura de la luz hasta diciembre, consiguiendo así que la electricidad española sea la más cara del mundo.

Ha sido un primer semestre movidito. A parte de las subidas de luz, gas y agua, que pesan cada día mas en el bolsillo del ciudadano, así como todo tipo de malas noticias (sobre todo para el sector de las energías renovables) y polémicas (como las prospecciones petrolíferas en Canarias, por citar una de tantas), tambien hemos vivido e informado desde este Blog de grandes y esperanzadores avances, así como de un progresivo aumento de la cultura energética del ciudadano, que le empuja a implicarse cada vez mas como pieza clave en la lucha contra el cambio climático favoreciendo la sostenibilidad del medio y la sociedad.

Hemos vivido también avances tecnológicos impresionantes (como los del grafeno y nuevas tecnologías solares), nuevos records de generación limpia, eólica y solar, además de informar sobre situaciones en paises (como Brasil Australia) que deben de servir de ejemplo para desarrollar un modelo energético sostenible, que cree empleo y sea más respetuoso con todo lo que nos rodea, medio ambiente y personas.

En fin, espero que los que nos seguís habitualmente estéis satisfechos con nuestra labor informativa-divulgativa, y que a la vuelta del verano sigáis compartiendo con nosotros la actualidad energética, participando y difundiendo este conocimiento, así como beneficiándoos de el y las tecnologías disponibles para hacer nuestra vida más sostenible, energética y económicamente.

Desde Efimarket desearos un buen verano, y recordaros que no debeis gastar demasiada electricidad este mes, que ya sabeis lo que sube la electricidad para lo que queda de año…

Saludos!

Redacción Efimarket

La reforma energética muere antes de nacer

reforma energetica - efimarketDesde el pasado mes de marzo, el sector eléctrico se mantiene en un sin vivir esperando una supuesta reforma energética de la cual, durante meses, las principales empresas del mismo juraron no tener noticia alguna.

Tras un primer paquete de medidas aprobado en marzo casi por sorpresa, y que costó a las cinco grandes integradas en Unesa un recorte de ingresos de unos 900 millones de euros, el ministro de Industria, José Manuel Soria, anunció una segunda fase que, según sus propias palabras, estaría lista, primero, en mayo; después, en la segunda quincena de junio y, más tarde, en la primera de julio.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, tomó el relevo del manido calendario y aseguró el viernes, 13, que la reforma energética se aprobaría “en julio” y lo ha recuperado de nuevo Soria para anunciar un nuevo aplazamiento. En otras palabras, que ya nos vamos al mes de agosto.

Llegados a este punto, bien podría afirmarse que la reforma ha muerto antes de nacer. Al menos, la elaborada por el Ministerio de Industria y que supuestamente estaba pactada con el jefe de la Oficina Económica de Moncloa, Álvaro Nadal, y con el de Hacienda, Cristóbal Montoro. Y es que la mal llamada reforma, como dijo el propio Mariano Rajoy en una de sus intervenciones en el Congreso de los Diputados, no es más que “un nuevo esquema de fiscalidad energética”.

La mal llamada reforma no es más que “un nuevo esquema de fiscalidad energética”, según el propio Rajoy

La situación ha cambiado radicalmente desde que se filtrara a los medios el paquete de medidas, que se resumen en impuestos sobre la venta de energía, cuyo porcentaje varía en función de las distintas tecnologías y perjudica a las que no pueden trasladar el coste de dicho tributo al precio final. También tasas a la nuclear y la hidráulica de 10 y 15 euros por MWh, respectivamente. Conocer el origen de la filtración podría arrojar alguna luz sobre las supuestas diferencias entre Industria y Hacienda respecto a estos gravámenes. La filtración se atribuye a Álvaro Nadal y con ella pretendía testar el grado de aceptación o rechazo hacia estas medidas.

El primer rechazo ha sido interno: pese a los meses invertidos en la elaboración de las medidas, que deben incluirse en una ley, hay quien asegura que los abogados del Estado se han percatado de que son recurribles y ganables en los tribunales por las eléctricas. Pero más bien han sido los servicios jurídicos de los distintos subsectores los que han hecho llegar al Gobierno que la nueva fiscalidad es “confiscatoria, discriminatoria y crea la misma inseguridad jurídica que un recorte de primas a las renovables”, pues es realmente una detracción de primas por la puerta de atrás. Además, no respetaría el derecho comunitario relativo a la tributación de la actividad eléctrica.

Los abogados del Estado se han percatado de que algunas medidas de la reforma son recurribles y ganables en los tribunales por las eléctricas

En un proceso sin negociación de Soria o Nadal con los afectados, las empresas han desplegado toda su artillería pesada por tierra, mar y aire contra unas medidas que el Gobierno se disponía a aprobar. Las presiones han llegado de la mano de fondos de inversión con intereses en el sector de las renovables y de los bancos que financian multitud de proyectos totalmente apalancados.

Es conocida la intervención de algunos embajadores, como el de Francia o el de Estados Unidos, que mantuvo una reunión con el titular de Industria y de la que -dicen- salió muy decepcionado. También las grandes eléctricas (muchas de ellas con políticos en sus consejos) han contribuido lo suyo a desmontar las medidas.

El propio Fulvio Conti, consejero delegado de la italiana Enel, propietaria de Endesa, pidió recientemente al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que se repensara bien la aplicación casi improvisada de unos tributos que tendría graves consecuencias para uno de los sectores que aún se mantienen en pie a pesar de la crisis económica que vive el país.

Eliminado el efecto sorpresa, sin el cual no era posible aprobar los nuevos tributos sin presiones, el citado paquete de medidas se puede considerar papel mojado. No ha sido posible por las diferencias internas y las dudas de que la recaudación por venta de energía sirviese más para recortar el déficit público que el de la tarifa.

Sea en el Consejo de Ministros del 3 de agosto o sea en el previsto para el 24 de ese mes, todo indica que, de aprobarse, las medidas no se parecerían a las que se han conocido en las últimas semanas. A pesar de que el Gobierno cumpliría así su promesa de que el Estado (a través de los contribuyentes) contribuirá también a paliar el problema del déficit de tarifa. Quien más lo ha repetido es el propio Soria, del que se rumorea que podría presentar su dimisión si no se admite su propuesta.

Muchas voces reclaman ahora medidas más suaves y aplazar una vez más la resolución del problema deldéficit tarifario, evitando así echar más leña al fuego de la crisis de la deuda soberana y del fantasma de la intervención. Lo que debería haber hecho Industria -vienen a decir los críticos- es una reforma de verdad, acometiendo cambios estructurales del mercado eléctrico o las subastas y, de esta manera, no tendría que haber dado cuenta a Hacienda.

Lo cierto es que las medidas fiscales, si no conllevan una reforma del sistema, solo servirán para absorber el déficit de tarifa acumulado pero no pondrá coto al que se pueda seguir generando en el futuro.

Fuente: Cinco Días

Galicia, Asturias y Canarias pagarán también suplemento en la tarifa eléctrica

subida de la luz - efimarketUn informe elaborado por PwC para Unesa recoge que hasta siete comunidades autónomas aplican impuestos medioambientales a las cinco grandes eléctricas y al operador del sistema, REE. Según el real decreto-ley que entró en vigor el domingo, Industria aplicará un suplemento a los ciudadanos de los territorios que, a su vez, cobran ecotasas.

Además de los consumidores de Extremadura; Castilla-La Mancha; Castilla y León y Murcia que comentábamos ayer, también los de Canarias, Asturias y Galicia son candidatos a que el Ministerio de Industria les aplique un suplemento extra en su tarifa de acceso. Según un estudio elaborado para Unesa por PwC, siete son las comunidades autónomas que aplican a las actividades eléctricas algún tipo de gravamen medioambiental o ecotasas, principalmente, a la producción nuclear, a la hidráulica y a las redes de alta tensión que gestiona REE (ver cuadro resumen).

También Valencia y Cataluña tramitan impuestos medioambientales a la producción eléctrica, la emisión de gases contaminantes y los residuos radiactivos. En el primer caso, es un anteproyecto cuya tramitación está en sus inicios y, en el segundo, una proposición de ley también en trámite.

Según el real decreto ley de estabilidad presupuestaria (o “el recortazo”, como se le conoce coloquialmente) que entró en vigor el domingo, Industria deberá aplicar a partir de ahora un suplemento territorial (que hasta ahora era potestativo y se ha convertido en obligatorio) a los peajes de acceso de los ciudadanos de las regiones que apliquen, a su vez, dichas ecotasas. Según la citada norma, el ministerio deberá determinar reglamentariamente “los tributos y recargos concretos” que se recuperarán para el sistema eléctrico a través de los peajes de acceso de los consumidores locales.

Desde 2005 hasta este mismo año, media docena de comunidades autónomas han aprobado un total de 15 ecotasas. A estas hay que añadir el gravamen de Canarias sobre las redes de transporte y distribución de alta y media tensión que, aunque ha sido aprobado este mismo año, no tendrá efecto hasta el 1 de enero de 2013. Los impuestos de más reciente cobro son los que aplica desde el 1 de marzo el Gobierno de Castilla y León a la producción hidráulica, los parques eólicos y las redes de transporte en su territorio.

El Gobierno de esta comunidad hizo una consulta a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) antes de aprobar estos impuestos. En ella preguntaba al regulador si las eléctricas podrían repercutirlos a los consumidores castellanoleoneses. La CNE respondió que solo podría hacerlo el Ministerio de Industria, que es el que decide los peajes y que, pese a que la Ley Eléctrica permitía dicho suplemento, no había ningún antecedente de que lo hubiera aplicado. Con la nueva norma, el Gobierno rompe la tarifa eléctrica única en todo el Estado y, según sus cálculos, con el recargo territorial se podrían obtener hasta 200 millones de euros a partir de 2013.

Algunas autonomías aplican otros tributos medioambientales sobre contaminación atmosférica y eliminación de residuos en vertederos, si bien, el real decreto ley establece que el suplemento se refiere a las ecotasas sobre actividades eléctricas.

La cifra

16 impuestos medioambientales están en vigor en siete comunidades: Extremadura, las dos Castillas, Murcia, Galicia, Asturias y Canarias (con una tasa que cobrará en 2013).

Monago reitera que deben pagar las generadoras

La “fuerte contestación” al suplemento territorial en los peajes de acceso que se temía el Gobierno, según un documento en el que se recoge la nueva fiscalidad que se aplicaría a las grandes eléctricas y las de renovables, no se ha hecho esperar. El Ejecutivo de Extremadura anunció el mismo lunes, el día siguiente a su entrada en vigor, que va presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la medida.

Ayer, el presidente de la Junta, José Antonio Monago, aseguró que “hay razones en derecho” para que la denominada ecotasa no recaiga “en las espaldas de los consumidores”, sino que sean las compañías eléctricas la que paguen ese impuesto, informa Europa Press. En una rueda de prensa, Monago recordó que la ecotasa va contra el “impacto medioambiental” de determinadas actividades, por lo que “tiene que recaer en este caso sobre la industria productora de energía, pero no sobre los consumidores”.

Fuente: Cinco Días

Los ciudadanos de cuatro comunidades autónomas pagarán 200 millones más por su electricidad

Imagen-regleta-enchufes - efimarket

Las ecotasas que cobran cuatro comunidades a las eléctricas serán repercutidas por el Gobierno a los consumidores de dichas regiones, que pagarán hasta 200 millones más en el recibo. Se trata de Castilla y León,Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia. La primera anunció ayer que recurrirá al Constitucional.

La decisión del Gobierno de cobrar un suplemento en la tarifa de acceso a los ciudadanos de las autonomías que aplican tasas medioambientales a instalaciones eléctricas (las llamadas ecotasas) afectará a cuatro comunidades autónomas: Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia. Según los cálculos del propio Gobierno, ello supondrá un sobrecoste en el precio de la factura eléctrica para los consumidores de esos territorios de hasta 200 millones.

La medida, incluida en el real decreto ley de estabilidad presupuestaria que entró en vigor el domingo (el “recortazo”), supondrá repercutir en los peajes de acceso (que pagan todos los consumidores, los que tienentarifa y los que no) el coste íntegro de las tasas que aplican los Gobierno autónomos a la producción de las centrales (de gas, nuclear o hidráulica) y a las redes de transporte que explota REE.

Las reacciones no se han hecho esperar. Ayer, el Gobierno de Extremadura comunicó que va a plantear un recurso de inconstitucionalidad contra dicho suplemento al entender que “vulnera (..) en el fondo y en la forma” el espíritu de la ecotasa autonómica. El recurso fue anunciado en una rueda de prensa por los consejeros de Economía, Antonio Fernández, y el de Medio Ambiente y Energía, José Antonio Echávarri. Fernández explicó que la medida “penaliza a los habitantes” de una comunidad, como la extremeña, que exporta al resto del Estado el 75% de la electricidad que genera, y que en su opinión, tiene un consumo  “mucho más racional”.  Además, sus habitantes sufren el impacto de la peligrosidad de una central nuclear.

Mientras se resuelve el recurso, el Gobierno va a plantear a la Asamblea regional la posibilidad de suprimir el cobro de estas tasas en tanto se pronuncia el Constitucional. La ecotasa (0,005 euros kWh) se aplica a la producción de la nuclear de Almaraz y a las centrales hidroeléctricas de la región, con una recaudación de 93 millones de euros al año. Fuentes del Ejecutivo que preside José Antonio Monago, señalan que la cuestión de fondo es que “esta tasa se ajusta a derecho”.

Además, Extremadura, así como las dos Castillas, cobra otra tasa a las redes de transporte de electricidad; de telefonía y telemáticas a razón de 700 euros por kilómetro de tendido instalado. Por su parte, la comunidad de Murcia cobra desde hace dos años un recargo a la producción de las centrales de ciclo combinado de gas, tributo que ha sido recurrido por Gaz de France que cuenta con una central de este tipo en Escombreras (Cartagena). Cataluña estudió en su día un canon a las tres nucleares ubicadas en su territorio, pero no ha llegado a aplicarlo.

Por el momento, se desconoce si serán todas, o solo algunas, las tasas que se repercutirán en la factura de la luz de los ciudadanos de estas cuatro comunidades autónomas, todas ellas gobernadas por el PP. En una disposición adicional del citado real decreto ley “se habilita” al Ministerio de Industria a que determine los “tributos y recargos concretos” que se tendrán en cuenta para aplicar el suplemento territorial.

Esta medida, que figuraba en uno de los documentos de trabajo filtrados sobre el nuevo esquema fiscal del sector energético, supone un triunfo para las compañías eléctricas, que se oponen con uñas y dientes a la reforma prevista por el Gobierno. Este prevé un gravamen del 4% sobre la facturación del régimen ordinario y otros muy superiores para las energías renovables, amén de una tasa a la nuclear y un canon a la hidráulica.

Las cinco eléctricas integradas en Unesa remitieron hace meses a Industria un informe elaborado por PwC sobre todos los tributos autonómicos que ya pagan y que no pueden trasladar al precio final. Y, aunque estos son repercutibles por ley, en el caso de las tasas autonómicas no los trasladarán ellas, sino el ministerio, que es el que fija los peajes. De este modo, sería el sistema eléctrico el que se beneficie de los 200 millones antes citados. O, quizás se beneficien también las empresas si los gobiernos regionales renuncian al cobro de estas tasas para no perjudicar a sus ciudadanos y votantes.

Las cifras

93 millones de euros es la recaudación por la ecotasa a la nuclear y la hidráulica de la Junta de Extremadura.

200 millones es el máximo que se prevé repercutir en el recibo de la luz de cuatro comunidades con dichas tasas.

4% es el impuesto al régimen ordinario que quiere fijar el Gobierno, que afectaría a las grandes eléctricas.

Otro recargo a quien más luz consuma

Aunque la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró el viernes que la aprobación de la reforma energética se posponía a otro Consejo de Ministros de julio, lo cierto es que el real decreto ley sobre equilibrio presupuestario ya avanzaba algunas medidas relevantes. Además del suplemento territorial por tasas medioambientales, la norma que entró en vigor el fin de semana, establece la “progresividad en los peajes de acceso”. En otras palabras, que pagará algún tipo de recargo quien más consuma, según el criterio que fije Industria (se librarían los consumidores vulnerables, hoy por hoy, los que tienen bono social).

Otra novedad de la nueva norma es que se pone fin a la revisión trimestral obligatoria de los peajes de acceso en el caso de que se produzca una subida de los costes. A partir de ahora, la revisión cada tres meses será facultativa y la intención es revisarlos solo una vez al año. De esta manera, solo se modificará cada tres meses el precio de la energía que incluye el recibo de la luz, pues ese se determina en la subasta Cesur, que se celebra al final de cada trimestre y es de obligado traslado a la factura. El objetivo, según figura en un documento de trabajo del Gobierno sobre la reforma energética, es tener más seguridad “ante cambios en los Presupuestos Generales del Estado y posibles sentencias” de los tribunales

El Gobierno ha aprobado, asimismo, un cambio en la naturaleza jurídica del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), que se convierte en un “instrumento” al servicio de la Administración. Entre sus nuevos objetivos está el de prestar asistencia técnica y económica al Ministerio de Industria o apoyar el desarrollo de tecnologías para “descarbonizar” la generación eléctrica.

Fuente: Cinco Días

El nuevo impuesto eléctrico se come un tercio de las primas de las renovables

mas impuestos para las renovables - efimarketEl nuevo “esquema fiscal energético”, como lo llamó Mariano Rajoy, gravará con 1.180 millones más el sector de las renovables, y con 1.350 millones a las grandes eléctricas. En el primer caso, equivale a un tercio de las primas que reciben, pero todas se sienten las más perjudicadas frente a las otras.

Los peores presagios parecen cumplirse, tanto para las cinco grandes eléctricas integradas en Unesa (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, HC Energía y Eon España), como para los productores del llamado régimen especial, entre los que figuran algunas empresas relevantes, como Acciona, EDP, ACS, Abengoa o Solaria, y los cientos de pequeños inversores propietarios de las más de 50.000 instalaciones fotovoltaicas, en unos casos, particulares y, en otros, fondos de inversión.

El esquema de la nueva fiscalidad que gravará la venta de energía, cuyo proyecto de ley fue analizado por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, que fue aprobado en el Consejo de Ministros anterior, ha hecho saltar las alarmas entre los sectores eléctricos afectados, que son todos, aunque en distinta proporción. También la Bolsa reaccionó en consecuencia con fuertes caídas de las utilities y las de energías verdes.

El debate del viernes se centró en averiguar, a la luz de los datos filtrados, qué tecnologías serían las más perjudicadas por la nueva tributación que gravará con un 4% las ventas del régimen ordinario (carbón, gas, nuclear e hidráulica); un 11%, la eólica; un 19%, la fotovoltaica; otro 13%, la termosolar, y entre un 3% y un 4,5% la biomasa, la cogeneración y la termosolar. A ello se añade una tasa de 10 euros MWh a la energía nuclear y un canon (por ser dominio público) a la hidráulica, de otros 15 euros MWh. ¿Por qué esas diferencias?

El propio ministro de Industria, José Manuel Soria, aseguró el jueves que la progresividad del impuesto está relacionada con el nivel de subsidio de cada tecnología. O, lo que es lo mismo, con las primas que reciben. De hecho, fuentes empresariales consideran que se trata de un recorte de primas por la puerta de atrás, decidida por el Gobierno para evitar los tribunales.

La Asociación Empresarial Eólica (AEE), que lanzó ayer un mensaje apocalíptico (“es el fin del sector”, dijo en una nota de prensa) calcula que el gravamen (en su caso, Hacienda recaudará 400 millones) se comerá un 27% de las primas. Y lo peor es que “compromete la viabilidad de muchos proyectos, que han visto incrementar sus costes financieros en inversiones que no están amortizadas”. Igual de negro lo pintó el sector fotovoltaico. La asociación Unef calcula que las nuevas medidas suponen una reducción del 30% de la retribución hasta 2013 (otros 550 millones anuales). La recaudación prevista para el resto de renovables es de 230 millones.

También las eléctricas de Unesa se consideraron las más perjudicadas, teniendo en cuenta que en marzo ya sufrieron un recorte a la retribución de la distribución y de los pagos por capacidad y porque son las que financian el déficit de tarifa (origen y fin de las medidas).

Las eléctricas, con rating en revisión o al borde del bono basura, arremetieron especialmente contra la tasa a la nuclear y el agua. En una nota de prensa, su patronal aseguraba ayer que ha solicitado al Gobierno que se lleve a cabo la reforma estructural del sector eléctrico, “reduciendo los costes del mismo en lugar de aumentar los impuestos”.

 Fuente: Cinco Días

El Gobierno gravará con más impuestos a la energía para recaudar 6.800 millones más

El gobierno grava con mas impuestos la energia para recaudar 6800 millones mas - efimarketLa reforma del sector energético, ahogado por un déficit acumulado de 24.000 millones, desvela sus intimidades. El Ministerio de Industria, confirmó este miércoles a través del titular del departamento, José Manuel Soria, que aplicará un impuesto para las fuentes de generación renovables y no renovables y fijará, además una tasa a la generación de energía nuclear e hidráulica. La suma de todas las medidas propuestas asciende a 6.830 millones de euros, según el borrador del documento que detalla el plan de Industria. Las eléctricas caen hoy en Bolsa al conocerse los planes de Industria. Durante el día de hoy se espera que dicha reforma sea aprobada en Consejo de Ministros, junto al resto de recortes, la subida del IVA y otros ajustes.

El nuevo impuesto, que será tramitado mediante un proyecto de ley, será del 4% (dos euros por MW facturado) para todas las tecnologías del régimen ordinario (nuclear, hidráulica y ciclos combinados a gas). En el caso del régimen especial, el plan distingue entre energías gestionables y no gestionables para aplicar distintos tipos. De todas ellas destaca el tipo que se aplica a la energía eólica (11% y 400 millones a recaudar) y a la fotovoltaica (19% y 550 millones), un tipo que podría acabar con el retorno de la inversión de aquellos que invirtieron en su momento en esta energía limpia, la mayoría de ellos pequeños inversores.

Además del impuesto general, las centrales nucleares y las hidroeléctricas tendrán una tasa adicional. Serán 10 euros por MW en el caso de la energía nuclear (ingresos de 550 millones) y de 15 euros en el caso de las hidroeléctricas (400 millones de recaudación).

Además, se añade un recargo de cuatro céntimos por metro cúbico a loshidrocarburos gaseosos, con el que se recaudarán 1.150 millones y subastas de los derechos de emisiones a partir de 2013 que supondrán otros 900 millones. El plan prevé también pasar a deuda pública 2.100 millones de la anualidad del déficit que debe ser amortizada.

También habrá medidas vía decreto. En concreto, un recorte a la retribución del transporte de energía de 50 millones y de 100 millones a los pagos por la atención del servicio en las islas, Ceuta y Melilla. Estos recortes afectarían a grandes empresas como REE.

En sector advierte de un fuerte impacto por el tributo

Los detalles de la reforma han caído como una bomba en el sector. Fuentes de las empresas más perjudicadas, las tradicionales, propietarias de nucleares, hidroeléctricas y parques eólicos, destacaron que el plan de Industria pone en riesgo la actividad de generación, compromete la financiación de las compañías (abocadas a una rebaja de calificación) y deja en el alero a un sector fundamental para el país. Las compañías, que han batallado duramente por hacer valer sus tesis a través de la asociación patronal Unesa, creen que el Ejecutivo ha admitido una idea equivocada: que las centrales nucleares e hidroeléctricas están amortizadas y perciben retribuciones injustificadas.

En el sector de las renovables, las empresas más perjudicadas son las fotovoltaicas, que han advertido de las consecuencias de soportar nuevos recortes incluso para la banca que les facilitó los créditos para desarrollar las instalaciones. Para las empresas termosolares, con menos facturación, las medidas tendrían, en principio, un menor impacto.

Las cotizaciones de las compañías eléctricas que cotizan en Bolsa caen hoy con fuerza en Bolsa tras conocerse los planes de Industria, en medio de un mercado a la baja. La más golpeada es Iberdrola, con un retroceso que ha llegado a ser del 4%. Los retrocesos de Endesa y Gas Natural se situaban en torno al 2% hacia el mediodía, en un mercado que retrocedía el 1,5%.

Fuente: El Pais

Grandes fondos presionan al Gobierno español temerosos de la reforma energética

reforma energetica - efimarketLa incertidumbre sobre los cambios regulatorios en el sector energético español tiene en ascuas a un grupo de grandes fondos internacionales de inversión en infraestructuras. Once de estas firmas, que dicen contar con 9.000 millones de euros en activos españoles, han enviado una carta al Gobierno en la que advierten que si la reforma energética que prepara el Ejecutivo les perjudica, reducirán sus inversiones en el país y emprenderán acciones legales.

Se trata de la segunda misiva que estas firmas envían a Moncloa para reclamar seguridad jurídica para sus activos en España. En la nueva carta fechada el 3 de julio, los fondos elevan el tono de su protesta ante el temor a que los cambios regulatorios que prepara el Ministerio de Energía e Industria dañen la rentabilidad de sus activos renovables con recortes “retroactivos y discriminatorios” de la tarifa que reciben (no sería la primera vez que ocurre esto en nuestro país).

Una medida de estas características dañaría la viabilidad futura de España como receptor de nuestras inversiones y abriría la puerta a acciones legales por nuestra parte que en nada benefician a ninguna de las partes implicadas”, dice la carta suscrita por fondos respaldados por grupos como Deustche Bank, HSBC, Natixis y Munich Re.

Estas firmas también cuestionan el largo y opaco proceso que está liderando el Ministerio de Industria y Energía para decidir sobre los cambios regulatorios. “Dada la situación de la economía española, esta incertidumbre perjudica seriamente la credibilidad de España en los mercados y entre los inversores extranjeros en el sector, que en muchos casos ya han suspendido importantes proyectos de inversión en el sector“, dice la carta.

Estos fondos se consideran en inferioridad de condiciones frente al lobby de las grandes eléctricas españolas, y critican también que no se les haya consultado, lamentando la “falta de diálogo con los sectores afectados”. La carta va dirigida a Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno; Jorge Moragas, director del Gabinete del presidente Mariano Rajoy; y a los ministros José Manuel Soria (Industria y Energía) y Cristóbal Montoro (Hacienda).

Han sido enviadas copias del texto a las embajadas en Madrid de Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, Francia y Alemania. Según fuentes cercanas a los fondos, diplomáticos de estos países están colaborando en la presión para que la reforma no perjudique los intereses de los inversores extranjeros. Esas cinco embajadas representan a los once fondos, que son Ampere Equity Fund, Antin, Cube, Eiser, Hg Capital, Infrared, KGAL, KKR, MEAG, RREEF y Riverstone Holdings.

“El deterioro de la seguridad jurídica que traerían consigo medidas de carácter retroactivo y/o discriminatorio, sería incomprensible en un país miembro de la Unión Europea. Es imperativo, por tanto, que la reforma se lleve a cabo preservando la estabilidad del marco jurídico y la seguridad jurídica de los inversores que tan necesarios son para la salida de la crisis”, concluye la carta.

Los inversores proponen como solución en la reforma una tasa por cada megavatio hora que producen todas las generadoras de electricidad o sobre sus beneficios, en lugar de una tasa en función de la eficiencia o los ingresos, que perjudicaría a las renovables.

Fuente: Expansión

Lo que el presidente de UNESA no contó en Bruselas

unesa - efimarket

Eduardo Montes, presidente de UNESA

El pasado viernes los directores de regulación de las tres grandes compañías (Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa), acompañados por el presidente de UNESA, visitaron a la Comisión Europea en un desesperado intento de que Bruselas secunde la reducción de los apoyos a las  energías renovables en España y se mantengan los privilegios de que gozan las eléctricas desde hace tantos años en nuestro país.

Seguramente a las eléctricas no les preocupa que del coste de cada kWh que generamos en los ciclos combinados, el 80% se vaya fuera del país, o que perpetuemos la dependencia energética del exterior, que es la base de su negocio actual tras la gran burbuja de instalaciones innecesarias de ciclos combinados que con enormes subvenciones, llamadas “incentivos a la inversión”, han realizado en los últimos años. Estamos seguros de que a la Comisión Europea, que ha marcado una hoja de ruta hacia un cambio de modelo energético, sí.

Pero lo que seguramente no comentaron a la Comisión el señor Montes y sus acompañantes fue, entre otras cosas, lo siguiente:

– Que es precisamente en el negocio regulado, es decir el que causa contablemente el déficit de tarifa, donde las eléctricas tienen mayores beneficios y el que más ha crecido en los últimos años, de lo cual hacen incluso gala en las presentaciones de resultados a sus accionistas. Los beneficios de esa parte de su negocio en todo este periodo de acumulación del déficit han sido mayores que las primas recibidas por las renovables y, sin duda, una moderación de los mismos hubiese permitido tener un déficit mucho menor en estos momentos.

– Que, incomprensiblemente todavía, no se ha efectuado la liquidación final de los costes de transición a la competencia (CTCs) cobrados por las eléctricas en aquel pingüe negocio en el que convirtieron el cambio de modelo de mercado. Según ciertas estimaciones, las compañías eléctricas deberían devolver más de 3.000 millones de euros, lo cual, sin duda, aliviaría el déficit.

– Que los derechos de emisión gratuitos internalizados en el precio del ‘pool’ se minoraron de la retribución en el periodo 2006-2009 pero no posteriormente, ni tampoco en 2005. La cuantía pendiente de regularización sería superior a 4.000 millones de euros, que también contribuirían a reducir el déficit significativamente.

– Que, al igual que se justifica para las renovables, se podría aplicar la doctrina del Supremo de “beneficio razonable” a las centrales prácticamente amortizadas (nucleares e hidráulicas) que, con muy pequeños costes variables, se aprovechan de la subida de los precios del ‘pool’. Una rigurosa auditoría de costes demostraría el elevadísimo margen con el que vienen operando desde hace años y se podrían establecer mecanismos por los que dicho margen se aplicara a reducir el déficit acumulado y futuro.

– Que los ciclos combinados, auténtica burbuja energética de este país, además del “pago por disponibilidad” disponen de una subvención llamada “incentivo a la inversión”, que era de 20.000 €/MW/año durante 10 años y que el anterior ministro, Miguel Sebastián, elevó a 26.000 €/MW/año momentos antes del cambio de gobierno. Esta subvención puede representar en algunos casos el 25% de su inversión. Este coste, además, se incluye en el término de energía y no aparece como coste regulado, por lo que está pasando inadvertido al hablar del déficit. Con subvenciones parecidas, algunas renovables tampoco necesitarían primas.

– Que en el ranking de empresas que más primas a las renovables han recibido figuran empresas eléctricas cuyas opiniones sobre la razonabilidad o no del marco regulatorio dependen de su posicionamiento particular y circunstancias temporales para cada tecnología.

Tampoco creemos que les informaran con transparencia de que la termosolar ha recibido hasta la fecha del orden del 3% de las primas acumuladas por el Régimen Especial y que, por tanto, habrá que buscar a otros responsables del déficit acumulado hasta estos momentos. Además, cuando estén en funcionamiento todas las centrales termosolares del Registro de Preasignación, representarán menos coste anual que la Cogeneración, que la Fotovoltaica o que la Eólica.

Este Gobierno tiene, por tanto, muchas herramientas para reducir el déficit, que no pasan precisamente por tasas discriminatorias hacia las tecnologías solares, como las que se han venido comentando estos días en los medios, las cuales vulnerarían los principios de seguridad jurídica y de rentabilidad razonable, así como varios artículos de la Carta sobre el Tratado de la Energía, resultarían anticonstitucionales y confiscatorias además de elevar el riesgo-país y de poder inducir una situación no deseada en el sector financiero.

Sabemos que la apuesta de la Unión Europea es muy fuerte a favor de las renovables, y en particular de la energía solar, que en sus formas de conversión, fotovoltaica termoeléctrica, contribuirá en el futuro, desde los países del Sur, a una buena parte de las necesidades energéticas de la UE.

El cambio de modelo energético es irreversible aunque las eléctricas traten de frenarlo para defender la situación de privilegio que llevan disfrutando en nuestro país desde hace tantos años, sin importarles que sigamos manteniendo la dependencia energética, el déficit comercial con el exterior y que se perjudique a una industria que puede proporcionar al país empleo, independencia energética y expansión internacional.

Fuente: Protermosolar