El Gobierno fustigará de nuevo a las renovables con una tasa de 850 millones

El gobierno castiga con una tasa a las renovables - efimarketLa reforma energética que se aprobará en breve incluye una tasa a las energías renovables que proporcionará 850 millones al sistema eléctrico y se aplicará según la eficiencia de las plantas, es decir, a más eficiencia en la generación, menos tasa. Otra tasa gravará también a la energía hidráulica y la energía nuclear (tal y como se venía pidiendo desde varios asociaciones e interlocutores del sector de las renovables y afines) con lo que el coste de la reforma para las eléctricas tradicionales será de otros 1.900 millones.

Las espadas aun están en alto. Las empresas de los distintos sectores eléctricos intentan indagar sobre el contenido de la nueva reforma energética que el Gobierno prevé aprobar en el Consejo de Ministros esta semana o la siguiente, y que pinta mal para todos. Fuentes próximas al Ejecutivo dan por hecho que se va a aplicar una tasa a la producción hidráulica, a la nuclear y otra más a las energías renovables.

Estas mismas fuentes calculan que los ingresos por esta tasa a la generación verde será de unos 850 millones de euros y dependerá de la eficiencia de las plantas. Por tanto, el coste para cada tecnología dependerá del ratio de eficiencia que se aplique: si se mide la relación entre el precio del kilovatio y la producción, las más castigadas serían la fotovoltaica y la termosolar.

En el sector fotovoltaico calculan que los ingresos se reducirán entre un 14% (el caso de las plantas que se rigen por el real decreto 661) y el 20% (las posteriores a dicho decreto). A esto hay que añadir la actual moratoria, por la que estos productores ya han dejado de percibir parte de las primas que les corresponden durante un periodo revisable de 3 años.

En el sector eólico se oponen a un gravamen igual para toda la generación, pues el impacto en los resultados de las empresas renovables sería mucho mayor proporcionalmente que en los de las eléctricas tradicionales. El Gobierno opta por una tasa ante la dificultad jurídica de recortar las primas del régimen especial, ya que recortar primas plantearía un grave problema de inseguridad jurídica que afectaría negativamente a la inversión de capital extranjero en nuevas plantas solares y eólicas.

A la hidráulica y las nucleares todo indica que se les aplicará un gravamen distinto. Se calcula que de los 4.500 millones que el Gobierno pretende aportar al sistema eléctrico, entre recorte de costes, nuevas tasas y subidas de la luz, 1.900 millones de euros corresponderán a las utilities tradicionales.

Esta cifra incluiría también un ajuste de otros costes del sistema, como el de los pagos por capacidad. El ministro de Industria, José Manuel Soria, también ha apuntado la posibilidad de recortar la llamada interrumpibilidad, un precio especial de que disfrutan los grandes consumidores industriales a cambio de un servicio que no se ha activado desde mucho antes de que se desencadenase la crisis económica. Este consiste en que esos grandes consumidores pueden ser desconectados con preaviso en caso de que Red Eléctrica necesite gestionar una demanda superior a la energía disponible en ese momento en la red.

Otro de los pilares de la reforma, la subida del impuesto de hidrocarburos o el de la electricidad que grava la factura de la luz (el conocido como céntimo verde), está en entredicho ante la dificultad de establecer un vínculo entre los ingresos que se recauden y la financiación de costes del sistema eléctrico, como las primas de las renovables. La propuesta del ministro Soria y del jefe de la Oficina Económica de Presidencia, Álvaro Nadal, no ha sido bien recibida en Hacienda, y el Ministro Montoro ya dio muestras de desacuerdo la semana pasada..

Queda también por ver si el Gobierno aprueba una subida de los peajes de acceso, que financian el déficit de tarifa, entre otros, y que no fue incluida por problemas de procedimiento en la subida de la luz de casi el 4%que entró en vigor ayer. Esta subida es solo la parte correspondiente al precio de la energía, pero no incluye los peajes.

Para revisarlos, Industria debe remitir una propuesta de orden ministerial a la Comisión de la Energía (CNE), que debe emitir un dictamen preceptivo. Podría hacerlo bien entrado este mes de julio, con carácter retroactivo desde el día 1. Algo que ya hizo en abril respecto a las tarifas del segundo trimestre.

Las medidas no logran atajar el déficit tarifario

Aunque las medidas de la llamada reforma eléctrica van dirigidas a acabar con el déficit de tarifa, la hipoteca es tal y las circunstancias tan graves, que el Gobierno no podrá lograr su objetivo. Así, incluso contabilizando los 3.240 millones que el Gobierno inyectó al sistema el pasado 30 de marzo, vía recortes de gastos (1.700 millones) y subida de la tarifa (1.640 millones), el límite del déficit tarifario que la ley permite para este año, 1.500 millones, ya se ha superado. Sin contar estas medidas, el déficit de este año se situaría en 29.000 millones de euros.

Dos son las razones principales: que la caída de la demanda de electricidad está siendo mucho mayor de la prevista por el Gobierno para este año y que los Presupuestos del Estado no van a asumir los extracostes de los sistemas extrapeninsulares, que deberá cargar la tarifa y representan anualmente unos 1.800 millones.

Para el cálculo de estimación de la demanda para elaborar la orden de tarifas de enero, el ministerio tomó como referencia los datos del operador del sistema, REE, recogidos por la CNE. Sin embargo, el regulador energético ya ha advertido de este desfase en sus últimos dictámenes. La demanda en el primer semestre ha caído un 1,7%.

Pero lo que más agravará el déficit de tarifa es el coste de las extrapeninsulares de 2012 que sigue figurando en los Presupuestos (concretamente, un 75%) pero que irán a la tarifa y que aflorará el año que viene, cuando la CNE haga las liquidaciones correspondientes de este año.

La ley establece que en 2013 el déficit de tarifa será cero (el titulizable, se entiende) y dada la dificultad para cumplir este objetivo, en el sector piden que se prorrogue durante un año ese límite.

Las cifras

20% es el recorte de ingresos que representará la aplicación de la tasa a la generación para las fotovoltaicas más recientes.

1,7% es la caída de la demanda de electricidad en el primer semestre de este año que agravará el déficit de tarifa.

Fuente: Cinco Días

Montoro no quiere que el ‘céntimo verde’ sufrague las primas renovables

Montoro-opone-centimo-verde-sufrague-primas-renovables - efimarketNi será un céntimo ni será verde. Hacienda debate con el resto de ministerios la posibilidad de que el recargo del impuesto de hidrocarburos, que incluye la reforma eléctrica de Industria, se destine a sufragar las renovables y frenar, así, el déficit de tarifa. La Ley Presupuestaria no permite, salvo mediante una cláusula de excepción, que la recaudación de un impuesto se vincule a un servicio.

La segunda fase de la reforma energética, cuya demora está creando gran incertidumbre en el sector, se está cociendo en el Ministerio de Hacienda, ya que buena parte de las medidas para acabar con el déficit de tarifa son de tipo fiscal. De hecho, la reforma, que ahora se anuncia para la primera quincena de julio, incluye un proyecto de ley que afecta a ciertos tributos y otro real decreto ley con nuevos recortes de los costes del sistema.

Entre las primeras medidas figura la aplicación de un recargo en el impuesto sobre hidrocarburos de cuatro céntimos por litro de carburante, que se destinaría a financiar las primas de las renovables, que representan un tercio de la tarifa eléctrica (unos 7.000 millones de euros) y a políticas de eficiencia energética. Sin embargo, esta idea del Ministerio de Industria no cuadra con la Ley General Presupuestaria, que establece que los ingresos tributarios deben destinarse, o están “afectados”, al sostenimiento de los gastos públicos.

Así, para que la recaudación del céntimo verde se pudiera destinar a sufragar los costes de la tarifa eléctrica (las primas antes citadas), se debería incluir en el proyecto de ley “una cláusula de afectación”, que es una excepción que permite la Ley Presupuestaria. Para poder vincular los ingresos a un servicio concreto sería necesaria una tasa y no un impuesto.

Según fuentes del sector, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no es partidario de destinar la recaudación del céntimo verde a las renovables o la tarifa, con lo que el céntimo ya no sería verde. Otras fuentes apuntan a que el ministro solo rechaza que toda la recaudación prevista, unos 1.500 millones de euros, se destine al déficit del sistema eléctrico y quiere que una parte vaya a enjuagar el déficit público.

Lo cierto es que la falta de acuerdo sobre el destino de los ingresos por la subida del impuesto de hidrocarburos y el de la electricidad, que también se incrementará, es la que está retrasando la reforma energética. Y es que la decisión no está solo en manos de Hacienda o de la propia Oficina Económica de Moncloa, sino del resto de ministerios, a los que se les está consultando.

Además, el impuesto de la electricidad está transferido a las comunidades autónomas, por lo que habría que crear dos tramos para que el Estado y, a través de él el sistema eléctrico, pueda disponer de ese dinero.

Otro problema añadido es que, aunque el proyecto de ley incluyese la citada excepción, esta podría ser anulada a la primera de cambio en cualquier ley de presupuestos en beneficio de las cuentas públicas, provocando una gran inseguridad en la tarifa eléctrica. Así lo demuestra la única experiencia de apoyo de los Presupuestos a los gastos del sistema eléctrico: aunque una ley obliga desde 2009 a que las cuentas públicas financien los extracostes de las extrapeninsulares de la tarifa, Economía y Hacienda han eliminado año tras año esta obligación.

La reforma que plantea Industria prevé que el sistema eléctrico, entre recorte de costes y aumento de ingresos, obtenga unos 4.500 millones de euros.

Las eléctricas tienen una deuda de 73.000 millones

El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha repetido una y otra vez que el esfuerzo para acabar con la lacra del déficit de tarifa recaerá sobre los consumidores, el Estado y las compañías del sector. En el primer caso, con subidas de tarifas; en el segundo, con un recorte de los costes de los peajes de acceso que cobran las eléctricas y mediante tasas a la generación que recaudará el sistema eléctrico y, en el tercero, a través de los Presupuestos del Estado. En plena crisis, el Gobierno ha optado por aumentar o crear impuestos, pero el problema está servido, pues el déficit público compite duramente con el de tarifa, y la recaudación obtenida por esta vía iría a sufragar el primero.

La incertidumbre y los rumores sobre estas medidas afectan negativamente al sector. Precisamente ayer, Unesa, la patronal de las cinco grandes eléctricas, que son las que financian el déficit, remitió un comunicado en el que exigían al Gobierno que haga pública cuanto antes la reforma, para evitar “la difícil situación en que se encuentran en los mercados internacionales”. Las agencias de rating han rebajado la calificación de las eléctricas hasta situar a algunas en perspectiva negativa. En este sentido, Unesa reclama que el déficit “sea soportado por todos los que cobran de la tarifa”, máxime cuando la reforma de marzo “recayó únicamente en los consumidores y en las compañías de Unesa”. La deuda de sus asociadas es de 73.000 millones (44.000 por la actividad eléctrica en España), lo que dificulta las inversiones.

Unesa denuncia la grave e “incoherente” situación que se ha producido con los impuestos ecológicos que aplican las autonomías y rechaza que se paguen primas a dos tercios de la fotovoltaica, a 450 euros/MWh en 25 años, cuando hay plantas en proyecto con prima cero.

 

Las cifras

1.500 millones son los ingresos previstos por Hacienda por el recargo de cuatro céntimos por litro en el impuesto de hidrocarburos.

4.500 millones es lo que el Gobierno prevé obtener con las medidas de la reforma eléctrica que se aprobará en julio.

 

Fuente: Cinco Días

La nueva subida de la luz de mañana podría superar el 4%

consejo ministros reforma energetica - efimarketLos precios de la electricidad en el mercado mayorista, los cuales influyen en el resultado de la subasta Cesur, anticipan una fuerte subida de la tarifa de último recurso (TUR). El precio del pool cerró ayer en 53,54 euros/MWh, frente a los 51 euros MW/h del trimestre anterior. Durante el mes de junio el precio en dicho mercado ha llegado a superar los 60 euros MW/h.

El resultado de la subasta que se celebra hoy determinará, a su vez, el precio de la energía en la factura de la luz que se revisará a partir de julio. Dicha factura incluirá también una subida de la tarifa de acceso (o peajes), que es la parte regulada de la misma y no puede bajar pues a través de ella los consumidores pagan el déficit de tarifa a las cinco grandes compañías eléctricas.

En declaraciones a un medio radiofónico, el Ministro Soria ha dejado ver que la subida de la tarifa rondará valores entre el 4% y el 5%. 

Esta semana es clave para el sector energético y se espera que el Consejo de Ministros del viernes apruebe nuevas medidas, esencialmente de tipo fiscal, para poner freno al déficit de tarifa.

La llamada reforma energética va a coincidir con la revisión de la tarifa del tercer trimestre. La primera fue aprobada el 30 de marzo. Sin embargo, en esta ocasión el Gobierno no va a tener a su favor una caída de los precios de la energía, tal como ocurrió con la subasta Cesur de marzo. Por razones coyunturales, el resultado de las pujas en los primeros meses del año es a la baja, lo que no suele ocurrir en el segundo semestre.

Además, todo apunta a que en marzo las empresas no presionaron los precios al alza para dejar margen al Gobierno para abordar una reforma, que, finalmente, no fue de su agrado. Fuentes del sector aseguran que en esta ocasión no van a dar ningún margen: los posibles recortes que el Ejecutivo les pueda aplicar los compensarían con la subida del precio de la energía que nacen en la Cesur.

Nerviosismo

Para el sector energético esta será una semana de nervios. El que más y el que menos teme una tasa, caso de la generación, o algún tipo de recorte. El suspense es mayor si se tiene en cuenta la falta de interlocución con el Gobierno que denuncian en todos los subsectores.

Fuente: Cinco Días

El Gobierno aprobará el viernes la reforma energética, aumentando además el precio de la luz

reforma energetica - efimarketEl Gobierno aprobará el viernes de esta semana tanto la reforma energética, con la que espera solucionar el problema del déficit de tarifa, como la revisión del precio de la luz para el tercer trimestre del año, en la que los ingresos del sistema eléctrico deberán ser suficientes para cubrir los costes, lo que implicará seguramente una nueva subida del recibo de la luz en julio.

En su reforma energética, el Gobierno incluirá medidas para detener el crecimiento del déficit de tarifa y, por otro lado, dar una solución a la deuda acumulada de 24.000 millones, que deben devolver los consumidores.

La absorción del desajuste obliga a nuevos esfuerzos a los tres principales actores del sector, que son los consumidores, las empresas y el Estado. Los consumidores ya han soportado subidas del 60% en el recibo en los últimos cinco años, mientras que las eléctricas ven amenazados sus ‘rating’ por la deuda que financian y el Estado no tiene capacidad para contribuir a la solución.

Aun así, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha advertido de que las medidas adoptadas en marzo fueron insuficientes y de que hay que poner coto a un problema que crece a un ritmo anual de 4.000 millones. Hace apenas tres meses, Industria elevó un 7% las tarifas para asumir las sentencias del Tribunal Supremo y recortó costes por 1.700 millones de euros.

Entre las medidas que estudia ahora el Gobierno figura la de gravar los combustibles con un ‘céntimo verde‘ para financiar las renovables, lo que procuraría ingresos suficientes para aliviar el coste de las primas que, a través de la tarifa, se dedican a estas tecnologías.

El ministro José Manuel Soria también ha aludido a un aumento en la “imposición indirecta a la generación”, mientras que en su departamento se trabaja en una reducción a entre 3 y 5 kilovatios (kW) del umbral de potencia con derecho a tarifa regulada, lo que obligaría a más de 9 millones de consumidores a salir al mercado libre.

Las eléctricas, que temen mayores recortes en partidas como la distribución, advierten de que, de los 18.500 millones de costes del sistema, 10.050 millones son subvenciones (7.600 millones en primas, 1.900 millones en extrapeninsulares, 500 millones para grandes consumidores y 400 millones del decreto del carbón), y que es ahí donde se debe recortar. Mientras, los operadores petrolíferos critican el ‘céntimo verde’ y recuerdan la alta fiscalidad que ya soportan los combustibles.

SUBASTA ELÉCTRICA.

Al margen de las decisiones que adopte el Gobierno, los expertos advierten de que será necesario elevar los ingresos del sistema y de que, para ello, no solo se elevará previsiblemente la fiscalidad, sino también la tarifa eléctrica.

El alcance de la próxima revisión tarifaria a partir del 1 de julio dependerá en parte de la próxima subasta de electricidad entre comercializadoras de último recurso (Cesur), que se celebrará este martes y que servirá para fijar el término correspondiente a la energía dentro de la tarifa de la luz.

El resultado de estas subastas tiene un peso cercano al 50% sobre la Tarifa de Último Recurso (TUR), mientras que el otro 50% corresponde a los peajes eléctricos, que sufragan los costes regulados del sistema eléctrico.

La anterior subasta, celebrada en marzo, se cerró con bajadas del 7%, si bien la TUR subió finalmente un 7% para recoger un incremento de peajes cercano al 23% con el que el Gobierno cumplía las sentencias del Supremo y garantizaba el equilibrio entre costes e ingresos.

Fuente: Europa Press

La nueva subida de la luz será finalmente del 7%… por ahora

Gráfico de la subida de la luzAyer finalmente se dieron a conocer las nuevas subidas de la luz y el gas. El recibo de la luz subirá el domingo un 7% para los consumidores domésticos acogidos a la Tarifa de Último Recurso (TUR), un 4,1% para las pequeñas y medianas empresas, un 2,78% para la mediana industria y 0,91 para la gran industria. El gas, por su parte, subirá un 5%.

El ministro de Industria, José Manuel Soria desveló al término del Consejo de Ministros y tras semanas de tensa espera (sobre todo para las empresas) las medidas que de momento aplicará para hacer frente a los desajustes que registra el sistema eléctrico y que suman 24.000 millones de déficit acumulados a diciembre de 2011.

Todos esperaban una subida como la anunciada. A los 1.382 millones de euros que recaerán sobre los usuarios, se suman recortes en los pagos por distribución, capacidad y transporte que cobran las empresas. Este recorte suma otros 1.700 millones.

El Gobierno también ha adoptado medidas en el sector gasista (con un “incipiente” déficit de 300 millones). Para ello, además de subir las tarifas un 5% a partir del domingo, paraliza la construcción de nuevas infraestructuras (plantas de regasificación, almacenamiento y gasoductos).

Esto solo es un primer paso antes de una anunciada Reforma Energética, según anunció Soria. Tanto el titular de Industria, como la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, destacaron que con las decisiones de subidas y de recortes adoptadas, se reparten los esfuerzos de forma equitativa. Para justificar este hecho tan poco creible, Soria añadió que, de haber recaído todo el esfuerzo sobre los consumidores, la subida de las tarifas eléctricas en abril habría tenido que llegar al 40%.

Sin embargo y a pesar de las justificaciones del Gobierno, la realidad es que el peso más importe recae sobre las espaldas de los consumidores. Esto es por lo siguiente: el recibo de la luz, como explicó Soria, está compuesto de dos mitades, el precio de la energía (que se decide en subasta trimestral) y los peajes que aprueba el Gobierno. En la última subasta, el precio de la energía cayó un 7,1%. Por esa razón, para subir el porcentaje final del 7%, los peajes (la mitad del recibo que no es energía) han subido un 21%. Es un porcentaje que han solicitado repetidamente las empresas apoyándose en informes de consultores y todo tipo de estudios. Así pues, el reparto de esfuerzos es solo aparentemente equilibrado. De esta forma el consumidor doméstico paga uno de los recibos más caros de la UE debido a que la factura eléctrica es, en más del 50%, un cajón lleno de impuestos. Solo Malta y Chipre pagan recibos más altos, y esto es debido a su condición de territorio insular.

Los autos del Supremo declarando inválida la congelación de tarifas, pactada entre PP y PSOE en junio de 2011, le han venido bien a Soria. No solo para justificar la fuerte subida (21%) de los peajes regulados, sino para ganar tiempo en el diseño de una reforma que augura mayores presiones a ciudadanos y empresas. Las eléctricas estan aterrorizadas ante la posibilidad de que la reforma toque núcleo del negocio: las centrales nucleares y las hidroeléctricas, sobre las que se cierne la sombra de nuevos impuestos, al estilo italiano.

Desde Efimarket seguimos denunciando la escalada del precio de la electricidad y animamos a todos los ciudadanos a luchar por una mayor independencia energética. Para eso, además de ofrecer multitud de trucos y guías para ahorrar luz y agua en el Blog de Efimarket, ponemos a disposición de ciudadanos y empresas nuestros productos de ahorro y eficiencia energética y nuestros Kits Solares de Autoconsumo, con los que no sólo podremos disminuir nuestra factura eléctrica más de un 50%, sino que incluso podríamos alcanzar la independencia total durante las horas de sol.

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Fuente: El País

Cada vez más cerca: la inminente reforma energética

Ministro de IndustriaLa apisonadora reformista del Gobierno avanza firme hacia una nueva parada, quizá una de las más candentes: el sector eléctrico. El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha lanzado en las últimas semanas varios mensajes que, aunque no permiten conocer cuáles van a ser los pasos concretos, sirven para poner sobre aviso al sector de que el Ejecutivo está dispuesto a adoptar medidas drásticas para atajar el déficit de tarifa, la deuda histórica que las compañías reclaman a los consumidores. Una factura que ya alcanza los 24.000 millones de euros y que no muestra signos de agotamiento. Se calcula que solo durante este año sumará 5.000 millones más.

La moratoria temporal a los nuevos proyectos renovables fue la última y polémica decisión del Ejecutivo en esta materia, pero no la única. Ni mucho menos. Las compañías del sector lo saben y están en ascuas. Unesa, la patronal de las eléctricas (que reúne a Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, E.ON España y HC Energía) ha trasladado a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) sus propuestas, que, en la práctica, suponen poner por escrito su frontal rechazo a algunas de las medidas más polémicas, como la quita del déficit tarifario.

Pese a las presiones por parte de uno y otro bando, el proceso sigue su cauce en la sede de Industria. El secretario de Estado de Energía, Fernando Martí, ha solicitado a la CNE un análisis que debe hacerse público antes del 10 de marzo. Pero finalmente será presentado este miércoles. El planteamiento de la CNE es similar al del Gobierno en relación con la consolidación fiscal ante Bruselas. No se puede arreglar en un solo año. El informe de la CNE solicita subidas graduales de los peajes de acceso, de en torno al 5 o 6% al año. Esta parte del recibo consta de los costes regulados de la factura eléctrica, aquellos que son, ahora, inferiores a sus ingresos correspondientes.

Convencida de que la fórmula de poner nuevos parches sobre la hemorragia del déficit de tarifa volverá a resultar insuficiente, la CNE estudia algunas decisiones menos ortodoxas, como las tasas a las centrales nucleares e hidráulicas. Las eléctricas lo consideran injusto, pero parece inevitable. La CNE no se plantea, en cualquier caso, ni quitas ni derramas de la deuda. Unesa ha avisado de que, en tal improbable caso, acudirían a Bruselas con todos los medios legales.

Las compañías de Unesa, por su parte, no se salen del guion: continúan reclamando una fuerte subida de la luz para equiparar, dicen, los costes con los ingresos. Incluso, señalan que, con el actual sistema, la actividad no es rentable para sus compañías en España, ya que el sistema energético no contempla el precio real de la luz.

Con el actual modelo, la cuenta de resultados de las compañías eléctricas está salvada por el negocio internacional, explican desde la patronal presidida por Eduardo Montes. La financiación del déficit se incluye, incluso, en concepto de beneficios. Sin ellos, el retorno de la inversión sería negativo.

Una de las razones de intensificar ahora las demandas está en que el 30 de marzo se vuelve a abrir la revisión trimestral del recibo de la luz. Pero, además, las compañías eléctricas siguen exigiendo una moratoria retroactiva sobre las renovables. En la actualidad, la capacidad instalada es suficiente para cubrir la demanda energética del país. Las eléctricas piden, por tanto, que no entren en funcionamiento los megavatios renovables ya asignados de aquellas tecnologías más caras actualmente. Se consideran injustamente tratadas. Ponen de ejemplo el hecho de que la central eléctrica de Garoña, de Endesa e Iberdrola, ha cerrado con pérdidas durante 2009 y 2010, mientras que otros operadores como Abengoa han presentado beneficios importantes, derivados de su actividad termosolar. Apuntan, por ello, a la rentabilidad de las primas asignadas.

Revolución de los consumidores

Al principio del todo, fue el autoconsumo. Las familias producían aquello que consumían: alimentos, muebles, incluso vestuario. Después, llegó el trueque y, mas tarde, el dinero. Y, ahora, el mercado energético puede volver a los orígenes.

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Ejemplo de kit solar de autoconsumo, de la tienda de Efimarket
Y es que el Gobierno de Mariano Rajoy planea aprobar una regulación novedosa del autoconsumo, basada en lo que se conoce como balance neto, una fórmula que independiza al consumidor de las grandes empresas eléctricas. Es una verdadera revolución de la forma en que se genera y consume energía en nuestro país. La propuesta, impulsada fundamentalmente por las asociaciones fotovoltaicas, supone que los consumidores generan su propia electricidad, vuelcan la cantidad sobrante a la red eléctrica común, y pueden descontarse, a lo largo de un año, una cantidad equivalente de su consumo eléctrico convencional. Es decir, los consumidores solo pagarían por la energía consumida menos la generada.
Esta fórmula dinamizaría el sector, «que está parado» por la suspensión de las primas a nuevos proyectos, reconoció Jorge Morales, de la junta directiva de la Unión Española Fotovoltaica, UNEF, que agrupa a las cuatro patronales del sector fotovoltaico.
Hasta ahora, los particulares que generan electricidad a partir de energías renovables la conectan a la red eléctrica al precio de la tarifa establecida por las grandes compañías distribuidoras. La regulación inminente romperá con este proceso. Los paneles fotovoltaicos se conectarán a una red interna de la propia vivienda para satisfacer sus necesidades energéticas. En el sistema tradicional, la energía recorre largas distancias por redes de infraestructuras desde donde se genera hasta los centros de consumo doméstico. Con el balance neto, las viviendas se convierten en pequeños productores.
La federación de las fotovoltaicas espera que el Gobierno tome medidas que incentiven esta práctica, para que «los ciudadanos puedan ahorrarse un porcentaje creciente de sus recibos de la luz». UNED pide, para ello, «eximir de peajes, liberar los tamaños de las instalaciones e incentivar fiscalmente las instalaciones de balance individual». Morales de Labra, miembro de la directiva, admitió que la energía volcada a la red tendrá que pagar ciertos peajes, pero con un tratamiento «razonablemente favorable», dado que está muy próxima a los lugares de consumo. El consumo instantáneo, sin embargo, debería estar totalmente «exento», afirmó.
El boceto que maneja el Gobierno solo permite el autoconsumo por usuarios particulares, ya que la norma lo limita a instalaciones de 100 kilovatios. Esto supone que las comunidades de vecinos o polígonos de empresas no podrían contratar esta modalidad. Es lo que se conoce como balance neto compartido. UNEF considera que sería un error frenar la implantación de estas instalaciones y aconseja que se permitan aquellas medianas, cercanas a los centros de consumo, que no superen los 5 megavatios de potencia, y con un promedio en torno a los 3 megavatios.
Según las asociaciones fotovoltaicas, los beneficios serían importantes. UNEF calcula que, con precios actuales, el balance neto ya sería rentable sin ayuda económica. Además, generaría un ahorro de hasta el 3% para este mismo año, con un autoconsumo fotovoltaico del 60% sobre la electricidad total consumida por el grupo que disponga de las instalaciones. Esta alternativa también permitiría ahorrar el coste de la energía eléctrica que se pierde, cada año, en los sistemas de transporte y distribución. Esto supone un 10% de la energía eléctrica total, o 2.000 millones de euros para el sistema.

Crucial para la UE

La adopción de esta normativa es crucial para el sector y el desarrollo de los compromisos de la Unión Europea. Según un informe de Sun Edison, el autoconsumo facilitaría la consecución de los objetivos 20-20-20, un propósito del que se aleja con los actuales planes energéticos. Por ello, anima a los Veintisiete a incorporar el concepto de autoconsumo a «las directivas existentes o crear una nueva» para superar las barreras a las que se enfrenta en las legislaciones nacionales. El balance neto ya es una realidad en otros países como Italia, Alemania o Estados Unidos.
En Efimarket estamos convencidos de que este es el camino, y pone a disposición de todo el mundo sus kits solares de autoconsumo fotovoltaico, de facil instalación, y con los que ya podemos beneficiarnos de la energía autogenerada.
Fuente: ABC

El nuevo ministro de Industria, Energía y Turismo declara prioritaria la reforma energética

Jose Manuel SoriaPor fin se deshojó la margarita y ayer conocimos quienes serán los responsables de intentar sacar al país del estado de crisis en el que se encuentra inmerso. Una de las cuestiones que más nos preocupaba en este blog, como todos entenderéis, era saber en qué plano quedarían los asuntos relacionados con el campo de la energía.

Pues bien, una vez puestas las cartas sobre la mesa, ya sabemos que el cargo del que dependerán en gran medida el devenir de la industria y el quid de la cuestión energética, será ocupado por José Manuel Soria, político canario que tendrá que lidiar con numerosos y no poco complicados frentes de guerra abiertos en un sector que vive momentos convulsos, escenificados durante los últimos tiempos en la batalla a brazo partido entre la vieja guardia eléctrica y los principales actores del movimiento pro-renovables.

Ayer, en su puesta de largo al mando de la cartera de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria aseguró que, “en la línea de lo dicho por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy”, las reformas en el sector energético forman parte de las “prioridades” del nuevo Gobierno y que se acometerán “lo antes posible”.

“Ahora mismo hay muchos problemas y tenemos que sentar las prioridades, y desde luego la materia energética va a ser una de ellas”, afirmó Soria.

Sobre la tarifa eléctrica, el nuevo ministro no precisó si el Gobierno la congelará o subirá en enero, y se limitó a decir que Sebastián le informará “exactamente sobre el estado de esta cuestión”, aunque asumió las palabras del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el debate de investidura, sobre la necesidad de introducir cambios regulatorios para hacer frente al problema.

Soria también ratificó el compromiso asumido por España ante la Unión Europea de que en 2020 el 20% de la energía proceda de fuentes renovables y señaló que entiende el malestar del sector fotovoltaico por el “cambio de reglas de juego a mitad del partido”.

También señaló la importancia de la energía debido a que sus altos costes suponen una restricción para la industria española a la hora de competir en el exterior.

Desde Efimarket, pedimos al nuevo ministro el esfuerzo necesario y la cordura suficiente para aclarar el panorama energético actual, ya que al final, en toda guerra hay damnificados, y en esta, la de la lucha del déficit tarifario, somos los consumidores los que pagamos el pato, véase la factura eléctrica.

Por si acaso, desde este portal que pelea por y para la eficiencia energética y el ahorro en los hogares, seguiremos ofreciéndote las mejores soluciones para el ahorro en tus facturas de una forma respetuosa y consecuente con el medio ambiente y con nuestros bolsillo.

Fuente: Energía Diario