La CNE confirma que la luz subirá un 14% en el 2013

La CNE confirma que la luz subirá un 14% en el 2013La Comisión Nacional de la Energía confirmó ayer un nuevo incremento de la factura de la luz en el 2013 que se situará en torno al 8 %. Fuentes de este organismo explicaron que se trata de una estimación basada en el aumento del precio de la electricidad en los mercados mayoristas previsto para el año próximo, que alcanzará el 16 %. «Como consecuencia de esto, el impacto mínimo previsto sobre el consumidor doméstico será del 8 %, y el incremento será mayor para la industria», asegura la CNE, que no incluye en este porcentaje la repercusión de la nueva tasa por generación eléctrica (6 %) impuesta por el Gobierno a las compañías. Teniendo en cuenta que éstas ya han declarado off the record que van a trasladar a la factura ese 6%, se estima así que el precio de la electricidad para 2013 auemntará un 14%.

En todo caso, esa subida del 14% se sumará al 11 % que se ha encarecido el recibo en lo que va de año (7 puntos en en abril y 4 en julio), y aún puede hacerlo más.

Equilibrar el sistema

En este tiempo, y a pesar de las subidas registradas, la diferencia entre los ingresos de las empresas y los costes que se les reconocen no ha dejado de crecer hasta los 24.000 millones.

El déficit de tarifa del sistema eléctrico español ascendió a 3.890 millones de euros en los siete primeros meses del año, frente al tope legal de 1.500 millones estipulado para todo este 2012.

Según la CNE, el desequilibrio del sistema eléctrico podría empezar a corregirse ya en la última parte del 2012 debido a las refacturaciones en los recibos de la luz por orden del Tribunal Supremo que están realizando desde agosto y hasta diciembre las eléctricas. Estas revisiones suponen una subida del 7% en la TUR de la luz, lo que supone una media de 40 euros, es decir, alrededor de 8 al mes por consumidor.

Fuente: La Voz de Galicia

El precio de la electricidad bajará un 2% en octubre. Pero nada es lo que parece…

El precio de la electricidad bajará un 2% en Octubre. Pero nada es lo que parece...La subasta eléctrica celebrada ayer tuvo como resultado una bajada del precio de la electricidad de un 4.6%. Como consecuencia de esto, el precio de la electricidad en la tarifa regulada (TUR) se reducirá algo más de un 2%, ya que el otro concepto que afecta al precio (los peajes, que establece el Gobierno y representan el 50% del coste) se mantienen.

Vaya, que casualidad. Ahora que las eléctricas están bajo sospecha de amaño de las subastas CESUR resulta que va y baja el precio. Nos dan unas pequeñas migajas con las que contentarnos, para escapar del ojo publico, mientras se reparten el enorme ingreso de la refacturación aprobada por el Supremo (pueden comprobar ya en sus facturas este concepto, que las encarece un 2.5% aproximadamente), que les reportará cientos de millones de euros que casi daban por perdidos. Y no nos olvidemos del aumento adicional del 3%, gracias a la subida del IVA, una de las grandes medidas del Gobierno de Rajoy para acabar con la acuciante crisis.

Se ríen de nosotros, porque ya han confesado con total normalidad y desfachatez que el aumento de impuestos del 6% que les repercutirá el Gobierno en 2013 lo trasladarán sin lugar a dudas a la factura de los clientes, por lo que veremos un nuevo aumento de al menos un 6% del recibo de la luz en enero.

Soria deja via libre a una nueva subida de la luz en octubre

Soria deja via libre para una nueva subida de la luzLeíamos ayer en El Economista que el Ministro de Industria, Energía y Turismo no descarta una nueva subida del precio de la luz en octubre, aunque ha matizado, que de producirse, vendrá determinada por la subasta de energía en el mercado.

En este sentido, ha asegurado que el Gobierno no subirá la parte regulada del recibo eléctrico en octubre, por lo que el precio final de la luz dependerá del coste de la energía que arroje la subasta entre operadores que se celebrará este mes.

Ya hemos explicado muchas veces en el Blog de Efimarket que la tarifa de último recurso (TUR), que se revisa cada trimestre (en abril subió el 4% y en julio el 7%), resulta de la suma de dos componentes: los peajes -que retribuyen los costes regulados del sector y que fija el Gobierno-, y el precio de la energía que resulta de las subastas denominadas Cesur.

Así, Soria ha explicado que las variaciones en la factura de la luz van a estar condicionadas por quienes ofrecen al mercado energía frente a los que compran, quienes podrán fijar un precio mayor o menor del que ofrecieron antes. “Si sube, si baja, o se mantiene en el mes de octubre va a depender únicamente del mercado, por lo que el Gobierno no va a interferir con más medidas”.

Estas declaraciones no hacen más que dar vía libre a las compañías eléctricas para que sigan manipulando de forma velada las subastas CESUR. En los pasados meses se ha investigado por parte del Gobierno y la CNE los sospechosos aumentos en los precios de la subasta (hasta un 30% en algunos casos) días antes de la misma, así como su posterior descenso, pero no se ha podido demostrar la relación directa de las compañías energéticas con este fenómeno, culpable en parte de que el precio de la electricidad en España sea tan elevado.

Guerra a las gasolineras

Por otro lado, el ministro ha anunciado este lunes que convocara “a lo largo de esta semana” a los máximos responsables de la industria petrolera para expresarles la preocupación del Ejecutivo por el incremento del precio de los carburantes, al tiempo que ha solicitado la colaboración del sector que “no puede quedar al margen” de los sacrificios que se están emprendiendo.

El Ministro ha asegurado también en Televisión Española que se reunirá con las petroleras españolas para tratar la “desproporcionada” subida en el precios de los carburantes.

Asimismo, el titular de la cartera de Industria ha asegurado que el Gobierno está “muy preocupado” por la situación del sector, dado que “no puede admitir –como ocurrió en agosto– que cinco décimas del IPC se atribuyeran al precio del combustible”.

Y aqui tenemos otro sector en el que no paran de engañar al ciudadano, ya que, al igual que ocurre con la electricidad, las gasolinas en España son las más caras de España, una vez eliminada la parte de impuestos incluida en el precio. ¿Como puede ser que en uno de los países más empobrecidos de Europa actualmente, tengamos al mismo tiempo la electricidad y las gasolinas más caras? Es difícil de entender tal desaguisado, si no se asume que durante los últimos 20 años los políticos que hemos sufrido han dedicado más esfuerzos a perpetuarse en el poder que a resolver los verdaderos problemas de los ciudadanos.

Redacción Efimarket

La subida de la tarifa eléctrica dictada por el Supremo en abril se aplicará desde agosto

subida-tarifa-electrica-abril-efimarketEl Gobierno, obligado por el Supremo, acordó en abril la refacturación de los consumos eléctricos desde octubre. El cargo a los consumidores (1.400 millones) debía ser prorrateado hasta diciembre, pero los cambios informáticos que han tenido que realizar las empresas para elaborar los nuevos recibos han provocado el retraso. Además, desde septiembre deberán aplicar dos tipos de IVA.

El pasado 26 de abril, el Gobierno publicó en el BOE una orden ministerial por la que se aprobaba unincremento extraordinario de los peajes de acceso a las redes eléctricas del 17%, o el equivalente a unos 1.400 millones de euros. Este tarifazo era el resultado de las refacturaciones de los consumos de todos los clientes entre el 1 de octubre de 2011 y el 31 de marzo de este año que el Tribunal Supremo impuso en sendos autos al Ministerio de Industria.

En ellos, el alto tribunal admitía las medidas cautelares solicitadas por las tres grandes eléctricas (Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa) contra las revisiones que estas consideraban ilegales (por ser insuficientes) de las órdenes de peajes del último trimestre de 2011 y el del primero de este año.

El propio ministerio estableció que esta deuda se prorratearía en las facturas de la luz a lo largo del año, hasta el 31 de diciembre, y en cumplimiento de los autos del Supremo, exigió a las distribuidoras eléctricas que refacturasen los citados consumos a cada uno de los clientes, hasta los casi 29 millones de puntos de suministro que existen. Ante el problema que se les avecinaba, las empresas propusieron un sistema más sencillo: que se incrementase directamente la tarifa de acceso para cubrir el desfase de 1.400 millones de euros.

El departamento que dirige José Manuel Soria no quiso facilitar las cosas a las eléctricas denunciantes (que consideraban que el coste para los consumidores sería el mismo con el mecanismo que ellas proponían) y, alegando que no quería más problemas con el Tribunal Supremo, impuso la refacturación persona por persona.

Ello ha obligado a las distribuidoras a modificar sus sistemas informáticos para calcular las refacturaciones pasadas e incluirlas en los recibos de cada cliente junto con su consumo del periodo en curso. Por tanto, pese a que muchos usuarios creen que la subida de abril por estos desfases ya se les está aplicando, lo cierto es las primeras facturas con dichos incrementos se pasarán al cobro a partir del mes de agosto, según aseguran fuentes empresariales.

Para colmo de males, la reciente subida del IVA, que incluye el de la electricidad, que pasa del actual 18% al 21%, ha complicado aún más la situación, pues la deuda entre octubre y abril que se fraccionará hasta el 31 de diciembre se gravará con un 18%, mientras que los consumos a partir del 1 de septiembre llevarán el 21% de IVA.

Se trata, por tanto, de otro problema añadido para las empresas, salvo, en cierta medida, para Endesa, ya que Canarias (uno de los sistemas extrapeninsulares que explota) tiene su propio impuesto indirecto, el impuesto general indirecto canario (IGIC), y el sistema informático de esta compañía le permite la inclusión de dos gravámenes.

La obligación de refacturar la luz del último trimestre del año figuraba en un auto que se publicó a finales de diciembre y que el Ejecutivo recién llegado no quiso cumplir (unos 160 millones de euros).

Ya en enero, Industria optó por congelar la luz sin, a la vez, elevar los techos legales del déficit (las cantidades que los superen no se pueden titulizar y se han de repercutir directamente en la tarifa), lo que se tradujo en un desfase de casi 3.000 millones y en un nuevo recurso contencioso-administrativo de las eléctricas ante el Supremo, que optó por obligar a una refacturación que va a suponer fuertes subidas de un recibo que engorda día tras día y al que le espera un nuevo mazazo: el de los impuestos que el Ejecutivo de Mariano Rajoy va a aplicar a la venta de energía y que afectará a todos los generadores.

Estas medidas, que se esperan desde hace semanas, podrían ser aprobadas en el Consejo de Ministros del viernes. Fuentes políticas aseguran que el retraso se debe a las presiones que están ejerciendo los bancos y los fondos americanos para evitar el default de muchas instalaciones renovables, muchas de las cuales financian y están fuertemente apalancadas.

También hay quien asegura que el retraso se debe a las diferencias entre los Ministerios de Hacienda e Industria.

Fuente: Cinco Días

La electricidad española es prácticamente la más cara del mundo

record-guiness-efimarketReproducimos a continuación un magnífico post publicado en el Blog de Josep Manuel Novoa, en el que el autor resume con maestría la historia del sector energético español, y desgrana uno por uno la sucesión de hechos que han llevado a que en España se pague la electricidad más cara del mundo, según el autor (aunque yo tengo otros datos: en Europa nos superan Chipre y Malta; del resto del mundo no tengo datos, pero me extrañaría que se pagara más cara que en España). Es un post largo, pero merece la pena leerlo con detenimiento.

¡Lo han conseguido! La electricidad española es la más cara del mundo

Como todo récord mundial, se necesita esfuerzo y dedicación, ya qua al liderato no se accede por casualidad. Se han tenido que dedicar ímprobos esfuerzos para que los precios da la electricidad en nuestro país sean los mas caros del mundo industrializado. La clase política, lejos del papel que le corresponde, y con independencia de la formación a la que pertenezca el Gobierno de la nación, ha arrimado al hombro junto a las “familias” dominantes en el sector eléctrico para conseguir la proeza de figurar en el informe de la consultora National Utility Service (NUS) qua señala a España como el país más caro por sus costes de energía eléctrica. No solo se ha conseguido este récord Guinness, sino que la liberación del mercado eléctrico se ve como una parodia nacional al más puro estilo del cine de Berlanga. Los precios se han resistido a bajar a pasar da la liberalización del sector y las sucesivas medidas adoptadas por el Gobierno trapicheando con las tarifas. En casi todos los países que recoge el informe NUS, el precio de la electricidad desminuyó, destacando los descensos tarifarios en Suecia con un 20,37%, Dinamarca con un 15,57% o Italia con un 12,05%. Por al contrario, la tarifa eléctrica española no ha variado a la baja, todo lo contrario desde 2008 se ha incrementado en más del 50%.

La codicia de las compañías eléctricas no tiene fin, no satisfechas en su lloriqueo perpetuo persisten que el próximo 30 de marzo se le de una vuelta de tuerca más a la tarifa y ponen toda la carne en el asador con el fin de esgrimir su fuerza intimidatoria. Estos angelitos se atreven a pronunciar: Es que esto no se arregla sin una subida del 30% o del 40% para no generar un agujero mayor, así también lindezas como esta: Al final, el negocio internacional es el que salva nuestra cuenta de resultados.Cuando no deja de ser una mentira detrás de otra, las inversiones internacionales, sobre todo en Sudamérica, han sido financiadas con el expolio de la tarifa nacional. Así y todo el lobby de las eléctricas asegura que se trata de un mal negocio y que los balances contables están construidos en el aire: El beneficio no corresponde a flujos de caja reales, son contables, y que el esplendoroso déficit tarifario supone cinco veces su beneficio. ¿Si los beneficios son virtuales y no llegan a entrar en caja por qué continúan? ¿No sería oportuno que encaminaran sus pasos por una renacionalización? De esto ni hablar, de lo que se trata es de chupar de la mamella de la vaca hasta el infinito y lloriquear sin descanso: La realidad es que los beneficios cubren el esfuerzo financiero de la inversión, pero no retribuyen de una manera rentable los costes del capital invertido. ¿Cómo puede ser competitivo este país con una oligarquía que no está dispuesta a ceder en lo más mínimo? ¿Toda la carga tiene que avocarse en las espaldas del españolito? Esto no puede acabar bien, lo ve hasta los que miran al otro lado.

Ha sido da tal magnitud el latrocinio cometido con los ciudadanos del país a través del arma legislativa de incrementar la tarifa eléctrica que, ahora, cuando se desarrollan los efectos de la economía globalizada pueden apreciarse los estragos cometidos en toda su amplitud. El coste de un KW/h en España respecto a la media de los países más industrializados es impresionante, más de un 40%. Un dato sin confirmar, un ciudadano londinense paga un tercio de lo que paga un español por el recibo de la luz a pesar de las diferencias salariales. Se ha llegado a inflar el globo de las tarifas, al repercutir una y otra vez costes por distintos e imaginarios conceptos con variopintos nombres, acompañados de leyes que los legitimaban como saneamiento, moratoria, parón nuclear, y un sin fin de dimes y diretes que tratan de ocultar la quiebra técnica de las compañías eléctricas al invertir en centrales nucleares. Si se quiere llegar al fondo de la cuestión es necesario explicar lo ocurrido con un cierto detalle, de lo contrario, en genérico es tan superficial que el potente sistema mediático arrasa con todo y la mentira se consolida. Para ello volvamos algo atrás.

En 1983 el gobierno socialista decidió poner fin a la aventura de construir centrales nucleares en nuestro país. Hasta entonces ya estaban en funcionamiento la de Zorita, que se había conectado a la red en 1968, la de Santa María de Gadoña, en 1971, la central de Almaraz I, y Alrnaraz II, en 1981 y 1983 y también la de Ascó I, en el mismo año. En construcción estaban la central de Cofrentes, que se conecto a la red en 1984, Ascó II, que se conectó en 1985, y ya por último las centrales de Vandellós II y Trillo, que entraron en funcionamiento en 1987 y 1988. La decisión política de suspender el programa de instalación de centrales nucleares, a la que se llamó “paron nuclear”, no levanto ninguna crítica por las empresas concesionarias de las instalaciones, las tradicionales compañías eléctricas. Cualquier otro sector, después de haber invertido miles de millones de pesetas y de estar endeudados hasta las pestañas en divisas, hubiera puesto el grito en cielo por la decisión de unos chicos con chaqueta de pana que habían desembarcado en el Gobierno. Pues no, a las poderosas familias que copaban los consejos de administración de las eléctricas les pareció de maravilla que el gobierno tomara la decisión del paron nuclear. La razón para que este previsible enfado de los mandamases de la electricidad se transformó en silencio espeso, resultó que la decisión les venia como anillo al dedo.

El maná que iba a representar la energía nuclear para las cuentas de explotación y los balances de las compañías que participaban en el proyecto de nuclearizar España en pos de la modernidad y la energía barata, había sido tan sólo un eslogan de las compañías americanas que vendían las instalaciones. Pero cuando las instalaciones estuvieron en marcha, se pudieron percatar de los altos costes por la derivación de su financiación en divisas, la seguridad, y el almacenamiento de los residuos. Fue entonces cuando se dieron de bruces con la realidad, no eran la panacea de una inversión acertada. Fueron los consejos de administración de las compañías eléctricas las que tomaron la decisión de producir energía por la vía de la explotación nuclear. Nadie les impulsó, ni forzó a tomar esta decisión, ni tan siquiera fue debatida en ninguna instancia, fue simple y llanamente una decisión empresarial. A mediados de los 70, la fiebre nuclear despertó en los consejos de administración de las eléctricas, coincidiendo con la transición política, por lo que se obviaron las consultas populares que podían entorpecer un negocio de altos vuelos. En definitiva, quienes se equivocaron de lleno fueron los que tomaron la decisión de invertir en un negocio equivocado.

La transición política española, que tanto se alardea, consistió en que el régimen anterior se murió sólo y, en su agonía, se constituyeron unos partidos políticos que, sin una peseta para estructurarse como tales, tuvieron que recurrir a los mecenas tradicionales, las “familias” que controlaban la banca y las eléctricas. Esto fue la transición política española, “tu a lo tuyo y yo a lo mío”. Por derivación, tu de dedicas a montar el circo político e institucional y, a nosotros nos dejas los sillones de los consejos de administración. Al igual que la democracia en el Reino Unido mantuvo los aristócratas con titulo nobiliario en la Cámara de los Lores, en España, la transición mantuvo a las “familias” en los consejos de administración de la banca y las eléctricas. En su momento ninguno de los consejos de administración asumió nunca el error de gestión que supuso la decisión de invertir miles de millones de pesetas en un programa de instalaciones nucleares que acabaron por destrozar las cuentas de resultados de estas compañías. Ni la menor autocrítica, ni desesperación alguna, ya que su puesto en el consejo de administración no estaba vinculado a una aportación dineraria traducida en acciones propias, sino a la malsana costumbre, bendecida políticamente, de la legitimación hereditaria de la “familia” cuya participación en el capital de la compañía era minima.

Lo más grave del desaguisado nuclear, no es el no haber escuchado ninguna autocrítica por los componentes de los consejos de administración. Lo mas grave es que nadie les ha exigido ninguna responsabilidad por la impericia en la gestión empresarial que ha acabado costando miles de millones de euros. La clase política, sea de la formación que sea, con la careta socialista o con el populismo de la derecha, ha venido configurando leyes y mas leyes para que se acomoden a cubrir por la vía parlamentaria el tremendo agujero provocado por una decisión empresarial que les llevó a la quiebra técnica. El descalabro financiero se convierte en una razón de Estado. Estas “razones” lo permiten y legitiman todo. Para empezar se construye la casa por el tejado, por lo que a la contabilidad se le da la vuelta como a un calcetín. Primero se asignaba el beneficio que debían recibir los accionistas, ni mucho ni poco, lo suficiente para que no protestaran. A partir de este estadio, se iban asignando partidas que no contemplaban los tremebundos gastos financieros, la devaluación de la moneda al tener que pagar en divisas, las amortizaciones necesarias y todo lo que concernía a los ingredientes del balance contable, que en nada reflejaba la realidad patrimonial de las eléctricas.

Cuando se llego al extremo de que la ingeniería financiera ya no daba más de si, pues el balance contable ya no se lo creía ni tan siquiera el conserje del ministerio, transcendió la alarma a los inversores extranjeros. Estos inversores extranjeros, la banca principalmente, empezaron a preocuparse por la inversión realizada al acreditarse la falta de posibilidades en la reintegración de los préstamos. Entonces el Gobierno tuvo que tomar cartas en el asunto, no fuera que el país se quedara sin suministro de energía eléctrica por la quiebra en cadena de los suministradores. Llegaron entonces las soluciones mágicas. La clase política estaba mas preocupada en quien les iba a financiar la próxima campaña electoral que en exigir responsabilidades a los miembros de los consejos de administración de las eléctricas. Así, para que ni tan siquiera se tuviera que debatir parlamentariamente, dado que el consenso se suponía, llegó a las páginas del BOE el Real Decreto 441/1986, de 28 de febrero, donde la solución mágica viene por la vía fácil de incrementar la tarifa eléctrica. Su título no lleva a engaño, modificación de las tarifas para la venta de energía eléctrica, y sin perderse en prolegómenos, en su artículo 2º establece que un 3% de la recaudación había de ingresarse en una cuenta intervenida —controlada por el Ministerio de Industria- en Unión Eléctrica S.A. (UNESA), una sociedad anónima inscrita en el registro mercantil, que, como peculiaridad, tiene que es la patronal del sector.

Pero todavía es más peculiar, por inconcebible, el artículo 30 de este inefable Real Decreto donde se especifica la naturaleza del reparto de la cuantiosa cifra que representa una recaudación del 3% sobre la tarifa eléctrica. Está dirigido a aquellas empresas integrantes de la patronal del sector que cumplan las siguientes condiciones: saneamiento con cargo a reservas de los ajustes, salvedades y excepciones destacados en las auditorias correspondientes al ejercicio de 1984, consecuencia de sobre valoraciones de gastos financieros y de personal, menores amortizaciones, diferencias de valoración de préstamos en moneda extranjera y otros conceptos ajustables. En definitiva, la clase política no encuentra otra manera mejor que la de premiar con una subvención, por la vía del incremento de tarifas, a todas aquellas empresas que ostenten una contabilidad incorrecta. Para que todo sea al revés, empezando por la asignación contable del beneficio al accionista, la solución también va por esta línea. En lugar de castigar, en la medida que le corresponde a cada consejo de administración de las eléctricas, el gobierno las premia por haber llevado a estas sociedades a la quiebra técnica. Al borrón y cuenta nueva se le llamó “saneamiento”, pero como coincidió con el paron nuclear, se extendió a una solución complementaria con un nuevo nombre la “moratoria”.

Para legalizar la milonga, como no había cobertura legal se creó un “marco legal y estable” por medio del Real Decreto, el 1538/1987, de 11 de diciembre, que se desarrolló en las Ordenes del Ministerio de Industria y Energía de 3 de diciembre de 1993 y 15 de diciembre de 1995. Entre pitos y flautas, a los consumidores de energía de este país, la falta de acierto de los mandamases de las eléctricas les viene costando un significado incremento en la tarifa que entre el porcentaje destinado a “stock básico de uranio”, y el que comprende la eliminación de la “basura” nuclear, que para hacerlo mas bonito y despistar al personal se le llama “2º ciclo nuclear”, el porcentaje se eleva entre el 6% y el 7%. Toda una verdadera fortuna que cada año hace sonar el ring ring de las cajas registradoras de las principales eléctricas. La forma más efectiva de que errores propios los paguen otros. Puestos ya en el todo vale, la clase política no tuvo inconveniente en resolver el problema de las eléctricas por la vía tarifaria en lugar de aplicarlo a los Presupuestos Generales del Estado –de este delicado asunto hablaré en el próximo post-. Al mundo de la luz se le otorgó patente de oscuridad, y así la transparencia de las cuentas acabó en un conglomerado normativo, en el que resulta imposible enterarse de lo que se determina, al apoyarse en un lenguaje encriptado que ni los expertos entienden. Lo que se pretendía ha tomado cuerpo, la Intervención General de la Administración del Estado nunca ha podido fiscalizar el debido uso de estos fondos, por lo que tampoco ha podido intervenir el Tribunal de Cuentas, quedando todos contentos. Los políticos podrán tener garantizada la financiación de sus partidos y demás prebendas, y los eléctricos al estar enchufados al maná de la tarifa.

Para finalizar este post tan sólo poner en evidencia que estos oligarcas cuando les ha convenido, se le ha dicho al ciudadano de a pie que el suministro de energía eléctrica es un servicio público. Bajo este postulado se han construido pantanos, desalojando de sus casas a sus ocupantes, pagándoles cuatro duros por sus tierras, y resignados todos por el bien común, nos hemos dejado nuclearizar el país en pos de la energía barata. Las consecuencias del llamado servicio público son irreversibles, el sistema ya se las ha cobrado, humildes campesinos han aportado su contribución a la producción eléctrica con sus menguados patrimonios. Al resto de los de a pie se nos ha impuesto el riesgo de un percance nuclear que ahí esta. –Reservo una sorpresa a los seguidores del blog en el post número 4 de esta serie- Cuando así están las cosas llega la modernidad, la privatización, la liberalización del mercado y la plasmación normativa del acuerdo entre el Gobierno y el sector eléctrico en formato de protocolo, donde se dispone que el suministro de energía eléctrica deja de ser un servicio público “por su progresiva pérdida de transcendencia en la practica” así, literal, que: todo lo exprimido ya esta exprimido. La definición de servicio público detestado por las propias eléctricas, era soportado por su efectividad en tiempos remotos del Decreto de 12 de abril de 1924,  reiterado en e1 Reglamento de Verificaciones Eléctricas de 1954 y, sobretodo, con la propia Ley 10/ 1966, de Expropiación forzosa y Sanciones  en Materia de Instalaciones Eléctricas, y, ya tímidamente definido, en la Ley 49/1984 del 26 de diciembre sobre Explotación Unificada del Sistema Eléctrico Nacional. Los nuevos tiempos traen nuevos conceptos. Ahora se le bautiza como “servicio de interés económico general” que, traducido al  idioma del ciudadano de a pie, quiere decir todo lo contrario, “que estamos al servicio del interés económico privado”. Prueba de ello es quo nos achicharran con impuestos tarifarios y, si nos descuidamos, nos facturaran a portes debidos el envío de los residuos radioactivos para que los almacenemos debajo de la cama.

Fuente: Ataque al Poder

Lo que el presidente de UNESA no contó en Bruselas

unesa - efimarket

Eduardo Montes, presidente de UNESA

El pasado viernes los directores de regulación de las tres grandes compañías (Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa), acompañados por el presidente de UNESA, visitaron a la Comisión Europea en un desesperado intento de que Bruselas secunde la reducción de los apoyos a las  energías renovables en España y se mantengan los privilegios de que gozan las eléctricas desde hace tantos años en nuestro país.

Seguramente a las eléctricas no les preocupa que del coste de cada kWh que generamos en los ciclos combinados, el 80% se vaya fuera del país, o que perpetuemos la dependencia energética del exterior, que es la base de su negocio actual tras la gran burbuja de instalaciones innecesarias de ciclos combinados que con enormes subvenciones, llamadas “incentivos a la inversión”, han realizado en los últimos años. Estamos seguros de que a la Comisión Europea, que ha marcado una hoja de ruta hacia un cambio de modelo energético, sí.

Pero lo que seguramente no comentaron a la Comisión el señor Montes y sus acompañantes fue, entre otras cosas, lo siguiente:

– Que es precisamente en el negocio regulado, es decir el que causa contablemente el déficit de tarifa, donde las eléctricas tienen mayores beneficios y el que más ha crecido en los últimos años, de lo cual hacen incluso gala en las presentaciones de resultados a sus accionistas. Los beneficios de esa parte de su negocio en todo este periodo de acumulación del déficit han sido mayores que las primas recibidas por las renovables y, sin duda, una moderación de los mismos hubiese permitido tener un déficit mucho menor en estos momentos.

– Que, incomprensiblemente todavía, no se ha efectuado la liquidación final de los costes de transición a la competencia (CTCs) cobrados por las eléctricas en aquel pingüe negocio en el que convirtieron el cambio de modelo de mercado. Según ciertas estimaciones, las compañías eléctricas deberían devolver más de 3.000 millones de euros, lo cual, sin duda, aliviaría el déficit.

– Que los derechos de emisión gratuitos internalizados en el precio del ‘pool’ se minoraron de la retribución en el periodo 2006-2009 pero no posteriormente, ni tampoco en 2005. La cuantía pendiente de regularización sería superior a 4.000 millones de euros, que también contribuirían a reducir el déficit significativamente.

– Que, al igual que se justifica para las renovables, se podría aplicar la doctrina del Supremo de “beneficio razonable” a las centrales prácticamente amortizadas (nucleares e hidráulicas) que, con muy pequeños costes variables, se aprovechan de la subida de los precios del ‘pool’. Una rigurosa auditoría de costes demostraría el elevadísimo margen con el que vienen operando desde hace años y se podrían establecer mecanismos por los que dicho margen se aplicara a reducir el déficit acumulado y futuro.

– Que los ciclos combinados, auténtica burbuja energética de este país, además del “pago por disponibilidad” disponen de una subvención llamada “incentivo a la inversión”, que era de 20.000 €/MW/año durante 10 años y que el anterior ministro, Miguel Sebastián, elevó a 26.000 €/MW/año momentos antes del cambio de gobierno. Esta subvención puede representar en algunos casos el 25% de su inversión. Este coste, además, se incluye en el término de energía y no aparece como coste regulado, por lo que está pasando inadvertido al hablar del déficit. Con subvenciones parecidas, algunas renovables tampoco necesitarían primas.

– Que en el ranking de empresas que más primas a las renovables han recibido figuran empresas eléctricas cuyas opiniones sobre la razonabilidad o no del marco regulatorio dependen de su posicionamiento particular y circunstancias temporales para cada tecnología.

Tampoco creemos que les informaran con transparencia de que la termosolar ha recibido hasta la fecha del orden del 3% de las primas acumuladas por el Régimen Especial y que, por tanto, habrá que buscar a otros responsables del déficit acumulado hasta estos momentos. Además, cuando estén en funcionamiento todas las centrales termosolares del Registro de Preasignación, representarán menos coste anual que la Cogeneración, que la Fotovoltaica o que la Eólica.

Este Gobierno tiene, por tanto, muchas herramientas para reducir el déficit, que no pasan precisamente por tasas discriminatorias hacia las tecnologías solares, como las que se han venido comentando estos días en los medios, las cuales vulnerarían los principios de seguridad jurídica y de rentabilidad razonable, así como varios artículos de la Carta sobre el Tratado de la Energía, resultarían anticonstitucionales y confiscatorias además de elevar el riesgo-país y de poder inducir una situación no deseada en el sector financiero.

Sabemos que la apuesta de la Unión Europea es muy fuerte a favor de las renovables, y en particular de la energía solar, que en sus formas de conversión, fotovoltaica termoeléctrica, contribuirá en el futuro, desde los países del Sur, a una buena parte de las necesidades energéticas de la UE.

El cambio de modelo energético es irreversible aunque las eléctricas traten de frenarlo para defender la situación de privilegio que llevan disfrutando en nuestro país desde hace tantos años, sin importarles que sigamos manteniendo la dependencia energética, el déficit comercial con el exterior y que se perjudique a una industria que puede proporcionar al país empleo, independencia energética y expansión internacional.

Fuente: Protermosolar

El gobierno sube el precio de la luz un 3,95% y el gas un 2,26%

El gobierno sube el precio de la luz un 3,95% y el gas un 2,26%

Aprovechando la euforia ciudadana por la participación y finalmente victoria de nuestra selección de futbol en la Eurocopa, el Gobierno, siempre certero escogiendo las fechas para los anuncios de sus reformas, ha aprobado una subida del precio de la luz, que siendo aparentemente tímida, es posible que se incremente en las próximas semanas. Explicamos el porqué de esta confusa circunstancia.

El recibo de la luz experimentará desde el día 1 de este mes un incremento del 3,95%. Sin embargo,esta podría no ser la única subida que se aplicará a los consumidores en el tercer trimestre que ahora se inicia. De hecho, lo único que ha hecho el Ministerio de Industria ha sido trasladar a través de una resolución el resultado de la subasta Cesur celebrada el martes, que se saldó con una subida del precio de la energía del 9,5% para el nuevo trimestre.

Teniendo en cuenta que el componente de la energía computa aproximadamente la mitad en la tarifa de último recurso (TUR), el aumento a aplicar es el citado 3,95%. Sin embargo, falta por ser revisada la parte regulada del recibo de la luz, los peajes de acceso que financian los costes del sistema (distribución, primas de las renovables y el agujero del déficit de tarifa, entre otros).

Es cierto que la ley no obliga al Gobierno a revisar todos los trimestres los peajes (sí es obligatorio, en cambio, llevar al recibo el resultado de la subasta trimestral), pero si lo hace estos deben recoger adecuadamente los costes. Y dada la abultada deuda del déficit de tarifa, la subida resulta inevitable, tal como ha determinado en una sentencia el Tribunal Supremo.

Además del compromiso de sufragar el déficit si este supera los 1.500 millones de euros (límite legal para este año), el Gobierno podría subir los peajes en julio para completar el paquete de medidas que componen lareforma energética prevista para el próximo viernes o el siguiente.

Pero ¿por qué Industria no ha realizado una única subida de la TUR desde el 1 de julio? Por razones de procedimiento. Para poder revisar los peajes de acceso o parte regulada de la tarifa, el ministerio debe remitir una propuesta de orden a la Comisión Nacional de Energía (CNE) y, previa consulta pública entre las asociaciones de consumidores, empresas y comunidades autónomas, realizar el correspondiente informe.

El afán de compensar el resultado de la Cesur con los peajes de acceso, y viceversa, para evitar subidas excesivas de la TUR, hace que el Gobierno espere al resultado de esta para abordar la revisión de dichos peajes. Pero como la Cesur suele celebrarse en la última semana del trimestre y el trámite de consulta a la CNE requiere de un plazo mínimo de dos semanas, el Ejecutivo se queda sin tiempo para revisar toda la TUR, en este caso, el 1 julio. Vamos, que no le ha dado tiempo.

La historia de la última revisión, la del 1 de abril, puede volver a repetirse. Industria aprobó entonces una resolución para llevar a la factura el precio de la electricidad de la subasta (que resultó negativa en aquel caso) y posteriormente remitió una propuesta de orden de peajes a la CNE, que se publicó en el BOE a finales de abril y aplicó, por primera vez en la historia, con carácter retroactivo desde el día 1 de ese mes. Una retroactividad que podría no ser legal, si bien no serán las empresas las que la denuncien, pues se benefician de las subidas. Fuentes del sector consideran que solo las asociaciones de consumidores podrían recurrir dicha retroactividad.

En aquel caso, la subida de los peajes fue del 25%, pues incorporaba una refacturación de los consumos desde octubre, de acuerdo con sendos autos del Supremo en que admitía las medidas cautelares solicitadas por las eléctricas.

La demanda se derrumba

Por otra parte, la demanda de energía eléctrica en la España peninsular descendió en junio un 1,8%respecto al mismo mes del año anterior, teniendo en cuenta los efectos del calendario y las temperaturas. Según datos de REE, la demanda bruta ha sido de 20.655 GWh, un 0,2 % superior a la de junio del 2011.

En el primer semestre la caída de la demanda, que se tradujo en descenso de los ingresos y agravamiento del déficit tarifario, cayó el 1,7% (127.473 GWh).

La tarifa del gas aumenta un 2,26% desde el día 1

La subida de la luz publicada el viernes en el BOE ha ido acompañada de la consiguiente revisión de la tarifa del gas natural, que se traduce en un alza media del 2,26% desde el 1 de julio. El ministerio que dirige José Manuel Soria se ha limitado a aplicar el resultado de la subasta del gas, a la que acuden las comercializadoras de último recurso para adquirir la energía que suministrarán a sus clientes en el siguiente trimestre, pero no los peajes. Según los distintos consumos, el gas sube el 1,69% en la TUR 1 (consumo de agua caliente y cocina) y del 2,16% en la TUR 2 (agua caliente, cocina y calefacción).

Por su parte, el presidente de la Fundación Renovables, Javier García Breva, denunció el viernes que los precios de la electricidad en el mercado subieron casi un 20% en los prolegómenos de la Cesur y cayeron en parecida proporción tras su celebración. “Se ha producido un escándalo que nadie quiere comentar en público”, declaró García Breva a Europa Press, antes de lamentar que el Gobierno y la CNE no hayan reaccionado ante lo sucedido.

El presidente de la Fundación Renovables advirtió de la capacidad de influencia de las eléctricas en la subasta y considera que estas provocan una subida para compensar los recortes de la reforma energética.

Fuente: Cinco Días

La nueva subida de la luz de mañana podría superar el 4%

consejo ministros reforma energetica - efimarketLos precios de la electricidad en el mercado mayorista, los cuales influyen en el resultado de la subasta Cesur, anticipan una fuerte subida de la tarifa de último recurso (TUR). El precio del pool cerró ayer en 53,54 euros/MWh, frente a los 51 euros MW/h del trimestre anterior. Durante el mes de junio el precio en dicho mercado ha llegado a superar los 60 euros MW/h.

El resultado de la subasta que se celebra hoy determinará, a su vez, el precio de la energía en la factura de la luz que se revisará a partir de julio. Dicha factura incluirá también una subida de la tarifa de acceso (o peajes), que es la parte regulada de la misma y no puede bajar pues a través de ella los consumidores pagan el déficit de tarifa a las cinco grandes compañías eléctricas.

En declaraciones a un medio radiofónico, el Ministro Soria ha dejado ver que la subida de la tarifa rondará valores entre el 4% y el 5%. 

Esta semana es clave para el sector energético y se espera que el Consejo de Ministros del viernes apruebe nuevas medidas, esencialmente de tipo fiscal, para poner freno al déficit de tarifa.

La llamada reforma energética va a coincidir con la revisión de la tarifa del tercer trimestre. La primera fue aprobada el 30 de marzo. Sin embargo, en esta ocasión el Gobierno no va a tener a su favor una caída de los precios de la energía, tal como ocurrió con la subasta Cesur de marzo. Por razones coyunturales, el resultado de las pujas en los primeros meses del año es a la baja, lo que no suele ocurrir en el segundo semestre.

Además, todo apunta a que en marzo las empresas no presionaron los precios al alza para dejar margen al Gobierno para abordar una reforma, que, finalmente, no fue de su agrado. Fuentes del sector aseguran que en esta ocasión no van a dar ningún margen: los posibles recortes que el Ejecutivo les pueda aplicar los compensarían con la subida del precio de la energía que nacen en la Cesur.

Nerviosismo

Para el sector energético esta será una semana de nervios. El que más y el que menos teme una tasa, caso de la generación, o algún tipo de recorte. El suspense es mayor si se tiene en cuenta la falta de interlocución con el Gobierno que denuncian en todos los subsectores.

Fuente: Cinco Días

El Gobierno aprobará el viernes la reforma energética, aumentando además el precio de la luz

reforma energetica - efimarketEl Gobierno aprobará el viernes de esta semana tanto la reforma energética, con la que espera solucionar el problema del déficit de tarifa, como la revisión del precio de la luz para el tercer trimestre del año, en la que los ingresos del sistema eléctrico deberán ser suficientes para cubrir los costes, lo que implicará seguramente una nueva subida del recibo de la luz en julio.

En su reforma energética, el Gobierno incluirá medidas para detener el crecimiento del déficit de tarifa y, por otro lado, dar una solución a la deuda acumulada de 24.000 millones, que deben devolver los consumidores.

La absorción del desajuste obliga a nuevos esfuerzos a los tres principales actores del sector, que son los consumidores, las empresas y el Estado. Los consumidores ya han soportado subidas del 60% en el recibo en los últimos cinco años, mientras que las eléctricas ven amenazados sus ‘rating’ por la deuda que financian y el Estado no tiene capacidad para contribuir a la solución.

Aun así, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha advertido de que las medidas adoptadas en marzo fueron insuficientes y de que hay que poner coto a un problema que crece a un ritmo anual de 4.000 millones. Hace apenas tres meses, Industria elevó un 7% las tarifas para asumir las sentencias del Tribunal Supremo y recortó costes por 1.700 millones de euros.

Entre las medidas que estudia ahora el Gobierno figura la de gravar los combustibles con un ‘céntimo verde‘ para financiar las renovables, lo que procuraría ingresos suficientes para aliviar el coste de las primas que, a través de la tarifa, se dedican a estas tecnologías.

El ministro José Manuel Soria también ha aludido a un aumento en la “imposición indirecta a la generación”, mientras que en su departamento se trabaja en una reducción a entre 3 y 5 kilovatios (kW) del umbral de potencia con derecho a tarifa regulada, lo que obligaría a más de 9 millones de consumidores a salir al mercado libre.

Las eléctricas, que temen mayores recortes en partidas como la distribución, advierten de que, de los 18.500 millones de costes del sistema, 10.050 millones son subvenciones (7.600 millones en primas, 1.900 millones en extrapeninsulares, 500 millones para grandes consumidores y 400 millones del decreto del carbón), y que es ahí donde se debe recortar. Mientras, los operadores petrolíferos critican el ‘céntimo verde’ y recuerdan la alta fiscalidad que ya soportan los combustibles.

SUBASTA ELÉCTRICA.

Al margen de las decisiones que adopte el Gobierno, los expertos advierten de que será necesario elevar los ingresos del sistema y de que, para ello, no solo se elevará previsiblemente la fiscalidad, sino también la tarifa eléctrica.

El alcance de la próxima revisión tarifaria a partir del 1 de julio dependerá en parte de la próxima subasta de electricidad entre comercializadoras de último recurso (Cesur), que se celebrará este martes y que servirá para fijar el término correspondiente a la energía dentro de la tarifa de la luz.

El resultado de estas subastas tiene un peso cercano al 50% sobre la Tarifa de Último Recurso (TUR), mientras que el otro 50% corresponde a los peajes eléctricos, que sufragan los costes regulados del sistema eléctrico.

La anterior subasta, celebrada en marzo, se cerró con bajadas del 7%, si bien la TUR subió finalmente un 7% para recoger un incremento de peajes cercano al 23% con el que el Gobierno cumplía las sentencias del Supremo y garantizaba el equilibrio entre costes e ingresos.

Fuente: Europa Press

Competencia sanciona a Endesa con 5 millones de euros

sanciones a endesa - efimarketLa Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha impuesto a Endesa una multa de 5,475 millones de euros por traspasar al mercado libre, sin recabar su consentimiento expreso, a los clientes sin derecho a tarifa de último recurso (TUR) que estaban siendo transitoriamente suministrados por su comercializadora de último recurso.

La dirección de investigación de la CNC tuvo conocimiento de los hechos a través del expediente informativo que abrió la Comisión Nacional de Energía (CNE) y que le remitió en julio de 2010. Según el regulador energético, la citada comercializadora, denominada Endesa Energía XXI, habría cambiado los contratos de determinados clientes que se quedaron sin derecho a acogerse a la TUR (desde julio de 2009 solo tienen ese derecho los clientes con potencia contratada inferior a 10 kW), trasvasándolos a la comercializadora en el mercado libre del grupo Endesa.

El nuevo sistema de último recurso, que entró en vigor el 1 de julio de 2009, establecía un periodo transitorio para que los clientes que quedaban fuera de la TUR pudieran pasar, siempre con su consentimiento, al mercado libre. Entretanto, se les cobraba un recargo en la tarifa para incentivar su salida a dicho mercado.

El consejo de la CNC, en línea con lo solicitado por sus investigadores, ha acordado la imposición de una multa a Endesa por haber vulnerado el artículo 3 de la Ley de Defensa de la Competencia. Unas conductas que se enmarcan en el proceso de liberalización del suministro eléctrico y, en particular, del traspaso de los clientes con menor disposición al cambio al mercado libre.

El consejo considera en su resolución que esta conducta ha afectado a más de 300.000 clientes y es una “violación de normas que constituye un acto desleal que falsea la competencia y es susceptible de afectar al interés público“.

También a Iberdrola

La CNC había incoado otro expediente similar a Iberdrola, a raíz de una denuncia de Gas Natural. Dicho expediente se resolvió en febrero con la imposición de una multa de más de 10 millones por infringir el artículo 3 de la Ley de Defensa de la Competencia.

Estas prácticas y otras están extendidas al parecer entre las compañías eléctricas. Es normal que en un oligopolio estas poderosas compañías intenten barrer para casa siempre que puedan. Y a parte, están las presiones que el lobby eléctrico realiza sobre el Gobierno de turno, presiones con las que siempre consiguen sacar tajada a costa del consumidor.

Fuente: Cinco Días