El Ministerio de Industria, Energía y Turismo está preparando un quinto recorte para las instalaciones fotovoltaicas cuya envergadura acabará por “asfixiar” a la mayor parte de sus promotores, indicó a Europa Press el presidente de la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anpier), Miguel Ángel Martínez-Aroca. Leer más
A quien le pica, ajos come. La patronal eléctrica Unesa está en pie de guerra contra Jordi Évole, también conocido como ”el Follonero”. La razón, el último programa de Salvados en La Sexta, donde con su tono habitual, el periodista catalán puso en solfa muchas prácticas del sector eléctrico que repercuten negativamente sobre los precios que paga el consumidor final. Podeis ver un resumen de dicho programa aqui en nuestro blog: Oligopoly, la verdad sobre los precios de la electricidad y las gasolinas.
La preocupación no ha sido sólo por el enfoque crítico del programa y por su elevada audiencia, un 11,9% de share, sino también porque la entrevista con el representante del sector que Unesa había facilitado para dar su versión de los hechos finalmente no apareció en el capítulo emitido el pasado domingo. Así las cosas, el espacio se convirtió en un encadenado de críticas: desde acusaciones de oligopolio hasta escaso apoyo a las renovables.
En una conference call del comité de comunicación de Unesa, convocada sólo para tratar el efecto del espacio de La Sexta, se acordó remitir una carta al presidente del grupo Planeta, José Manuel Lara, para pedir una compensación por este mal trato. Planeta es el máximo accionista del grupo Antena 3, donde está integrado La Sexta.
La patronal pide un espacio en Antena 3, ya que ningún alto directivo de las empresas de Unesa quería batirse el cobre cara a cara con Évole, dada la facilidad que históricamente ha mostrado el periodista en dejar retratadas a las más diversas personalidades que han aparecido en el programa.
Vía El Confidencial
El Gobierno hizo llegar el jueves por la tarde al Congreso de los Diputados el proyecto de Ley de Medidas Fiscales en Materia de Sostenibilidad Energética, la llamada Reforma Energética, que el Consejo de Ministros había aprobado el viernes anterior para su tramitación parlamentaria. El texto legal incluye una memoria sobre el impacto normativo y económico de las medidas fiscales que incluye.
Esta ley supone la creación de tres impuestos: uno del 6% sobre la generación eléctrica y otros dos sobre la producción y almacenamiento de residuos nucleares, un canon por el uso de aguas continentales para producción eléctrica y la aplicación de impuestos especiales al gas y el carbón.
La citada memoria desvela por primera vez el método para el cálculo y el desglose por tecnologías de las cantidades que el Gobierno prevé recaudar por el impuesto del 6% a la generación, así como el efecto que tendrá sobre los consumidores finales del gas natural. Este combustible se gravará por primera vez con el impuesto sobre hidrocarburos (0,00234 euros/kWh), que hasta ahora solo afectaba a los hidrocarburos líquidos y no los gaseosos. Para el año 2013, y teniendo en cuenta un escenario pesimista y otro optimista, la recaudación por este concepto será de 793 millones de euros, en el primer caso, o 936 millones, en el segundo, según la memoria.
El grueso de esta recaudación procederá del consumo de gas convencional (655 millones de euros en el mejor de los casos) y, en menor medida, del destinado a las centrales de ciclo combinado (281 millones). De estos datos, el Gobierno deduce un fuerte impacto en las tarifas del gas que sin considerar el IVA, subirían entre un 3,05% y un 4,43% (para los clientes de la tarifa de último recurso o TUR). Estas subidas afectarán a 7,4 millones de clientes.
Mayor aún será el impacto de los precios del gas en el mercado industrial, que subirán entre un 5% y un 8% en función de los escalones de consumo anual. Estas alzas afectarán a 3.700 clientes, entre los que se encuentran las plantas de cogeneración (estas suponen un 20% del consumo total) y las 900 instalaciones industriales que producen con gas (azulejeras, papeleras, químicas, automóvil o textil, entre otras).
Aunque los ingresos previstos por los nuevos tributos a la energía ya los anunció el ministro de Industria, José Manuel Soria, tras el Consejo de Ministros del día 14, que cifró en 2.900 millones, la memoria del proyecto de ley ofrece importantes matices. En el caso del impuesto sobre la producción eléctrica, esta calcula unos ingresos de 571,7 millones de euros en las tecnologías del régimen ordinario (nuclear, hidráulica, carbón, gas y fuel), que se derivan de una producción de 190.570 GWh y unos ingresos de 9.529 millones de euros. Este cálculo tiene un inconveniente: son datos de producción y precios de 2011, que han variado sustancialmente este año, en que la recesión ha provocado el derrumbe de la demanda.
Otro tanto ocurre con la recaudación del régimen especial, que incluye las renovables, y que se estima en 687,6 millones por una producción de 91.922 GWh y unos ingresos de 11.460 millones correspondientes al año pasado.
En cuanto a las plantas termosolares, que dejarán de estar primadas a partir de la entrada en vigor de la ley en la parte de su producción con gas o carbón, su retribución descenderá un 12%.
De los dos impuestos nucleares, uno de ellos sobre el almacenamiento centralizado de residuos radiactivos, que afectará al futuro ATC. Teniendo en cuenta que este almacén tiene una capacidad de 6.700 toneladas de metal pesado, la recaudación del tributo durante toda la vida del ARTC será de 469 millones.
Dado que dos comunidades autónomas, Andalucía y Castilla-La Mancha, ya gravan el almacenamiento de residuos (en el primer caso los de baja intensidad de El Cabril) y la ley impide la doble imposición, estas comunidades no podrán aplicarlos en beneficio del Estado. Sin embargo, “esto no supondrá una disminución de los ingresos que recibían”, que serán compensados como establece la Ley Orgánica de Financiación Autonómica.
Aunque el ministro de Industria, José Manuel Soria, y la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, subrayaron durante la presentación de la nueva ley energética que el objetivo de la misma es solventar el grave problema del déficit de tarifa, lo cierto es que el texto legal remitido al Congreso para su tramitación parlamentaria no hace ni una sola alusión al déficit. Es más, el objetivo de la norma no es acabar con él, sino “armonizar nuestro sistema fiscal con un uso de los recursos energéticos más eficiente con el medio ambiente y la sostenibilidad”.
Visto en detalle el texto, se llega a la conclusión de que parte de la recaudación prevista se destinará no ya al déficit de tarifa, sino a fines medioambientales (por ejemplo, a costear la gestión de residuos radiactivos y el desmantelamiento de las centrales nucleares) o a paliar los efectos del uso de las aguas continentales para producir electricidad, como es el caso del nuevo canon hidroeléctrico.
Hasta la aplicación del impuesto de hidrocarburos al gas natural o el nuevo impuesto especial al carbón (el llamado céntimo verde) se justifica en el proyecto de ley por razones medioambientales: “El que contamina paga“, señala.
La norma establece que la tarifa de acceso se financiará también a partir de ahora vía Presupuestos del Estado. Sin embargo, mientras el anteproyecto de ley dejaba claro que dicha recaudación se destinaría a financiar costes del sistema eléctrico “vinculados a fines de fomento de las energías renovables” (las primas que reciben) a través de partidas presupuestarias, el proyecto de ley introduce matices, al señalar que en la asignación de créditos presupuestarios para pagar dichas primas, “podrá tenerse en cuenta el importe de dichos ingresos”.
Fuente: Cinco Días
“Los que van a pagarlo al final son los consumidores”, se admite sin ambages desde una compañía eléctrica. Y es que el impuesto general del 6% anunciado el viernes por el Ministerio de Industria para los ingresos de todas las empresas energéticas se acabará trasladando al consumidor final. Los hogares, que según datos de Eurostat han sufrido subidas de la luz cercanas al 70% desde 2006, verán cómo sus recibos se incrementan progresivamente cuando la reforma entre en vigor en el mes de enero. Sin prisa pero sin pausa, Endesa, Iberdrola y Gas Natural llevarán el sobrecoste que ahora el Gobierno les impone a las subastas en las que se fija el precio de la luz.
“En definitiva, quien realmente pagará este impuesto serán los consumidores y no las empresas eléctricas propietarias de las centrales. Es, por consiguiente, un impuesto claramente inflacionista que tendrá como destino pagar a esas mismas empresas”, advertía ya en julio un artículo publicado por Economistas frente a la crisis al analizar un posible impuesto a la facturación del régimen ordinario (véase las instalaciones nucleares, térmicas, hidráulicas y de ciclo combinado). Además las grandes eléctricas están integradas verticalmente, lo que aumenta su margen de maniobra.
Por el contrario, las energías limpias no podrán trasladar la tasa, ya que reciben una tarifa fija regulada por ley. “La diferencia entre las tecnologías convencionales y las renovables es que las primeras pueden repercutir un impuesto a la generación en el pool eléctrico y, por tanto, a medio plazo compensarán ese nuevo costo”, se lamenta desde el anonimato una empresa de energías verdes.
En ese escenario, no es de extrañar que para las grandes eléctricas la principal preocupación hayan sido desde el principio las tasa nuclear y hidráulica, que les supondrán en conjunto 574 millones. “El impuesto genérico lo van a repercutir. Con las otras tasas lo tienen más díficil”, explican fuentes del sector. Con el futuro de Garoña en el alero, Nuclenor -la sociedad que forman al 50% Endesa e Iberdrola para explotar la instalación- dejaba pasar hace apenas días el plazo para solicitar una prórroga que les permitiera seguir operando la central, ante la incertidumbre regulatoria que se cernía sobre el sector. Con el marco legal ya sobre la mesa, las dos grandes deben echar cuentas para ver si hay posible marcha atrás. El Gobierno les espera con ansiedad para buscar una solución al entuerto. Nadie en el Ejecutivo quiere cerrar la central, pero parece que los números obligan.
Por su parte, la patronal que acoge a las grandes compañías (Unesa) evitó pronunciarse el viernes tras conocer la esperada decisión del Ejecutivo. A mediados de julio, sin embargo, reaccionaba con indignación a la propuesta inicial de Industria, que contemplaba un impuesto lineal de sólo el 4% para el régimen ordinario. “Se come todos los beneficios de distribución y generación. Deja nuestro beneficio a cero”, zanjaba la asociación que preside Eduardo Montes. Según los datos que maneja la patronal, el beneficio neto de las eléctricas en España alcanzó en 2011 los 3.063 millones de euros. Los ingresos que dejarán de apuntarse por la tasa del 6% y por los impuestos nuclear e hidráulica rozan los 1.150 millones. Todo un sablazo a su facturación.
“Estas empresas son las responsables de garantizar el suministro eléctrico”, subrayaba entonces Unesa en su particular aviso a navegantes. “Nadie va a invertir en España”, remataba el viernes un ejecutivo con larga experiencia en el sector, recordando cómo el PP, adalid del libre mercado, apuesta decididamente por la intervención en este nuevo mapa eléctrico. “El espectáculo ha sido bochornoso y ha puesto de manifiesto la absoluta falta de entendimento en el equipo económico. Eso sin contar con que la reforma supone el fin del mercado, con tasas discrecionales para que al Gobierno le cuadren las cuentas, y que genera una incertidumbre perpetua respecto al volatilidad de los marcos legales”, zanjaba.
Fuente: El Confidencial
