La situación de la energía solar en España

La situación de la Energía solar en España

España fue en el año 2008 uno de los países del mundo donde se instaló más potencia fotovoltaica del mundo, con unos 2708 MW en un solo año. Hablamos del año del comienzo de la crisis inmobiliaria y en el que el sector solar se convirtió en refugio de inversores de todo tipo atraídos por las subvenciones que el Gobierno repartía entonces. Sin embargo, regulaciones posteriores de cara evitar otra burbuja, pero ahora en el sector fotovoltaico, redujeron la inversión de manera radical,  de manera que en el 2009 solo se instalaron 19 MW.

Las cifras mejoraron significativamente al año siguiente con una potencia instalada de 420 MW en 2010, para terminar el 2011 con unos 354 MW adicionales. Para marzo del 2012, la potencia instalada en España ascendía a los 4.243 MW, representando escasamente el 2,9% de la generación eléctrica en España en el 2011.

En España la regulación ha cambiado estos últimos años de manera radical e influenciando definitivamente en el rumbo que ha tomado las inversiones en energía fotovoltaica.

En 2007, la inyección en red de la energía solar fotovoltaica estaba regulada por el Gobierno mediante el RD 661/2007, en el que se plantaba una prima de 0,44€ por cada kWh que se inyectara a la red. Condiciones que atrajo al sector grandes inversiones y que permitieron en el año 2008 ser líder en instalaciones fotovoltaicas y ganar una imagen mundial de “potencia en el sector fotovoltaico”.

A partir del 30 de septiembre de 2008, esta actividad se volvió a regular mediante el RD 1578/2008 de retribución fotovoltaica, que estableció unas primas variables en función de la ubicación de la instalación (suelo: 0,32 €/kWh o tejado: 0,34 €/kWh). Se intentaba de esta manera evitar que se creara una burbuja en el sector por estar atrayendo inversión especulativa, como había sucedido con el ladrillo, y con una clara intención de fomentar las instalaciones de particulares frente al de grandes inversores. Adicionalmente, se estableció un cupo máximo anual de potencia instalada que a partir del 2009 se adaptaría año a año. Se consideraba que el ritmo de instalaciones que se habían realizado durante el 2008 no podía mantenerse por diferentes motivos ya comentados.

Sin embargo, en enero de 2012 ( con nuevo gobierno) se aprobó el Real Decreto Ley 1/2012 que suspendía de forma indefinida los cupos del Régimen Especial de energía de todas las energías renovables.

Esto ha generado una inseguridad jurídica e indefensión absoluta, por parte de los inversores que habían realizado inversiones en base a unas rentabilidades futuras aseguradas en su momento por las legislaciones anteriores. Esto ha sido llevado al tribunal constitucional y muy criticado, incluso desde la Comisión Europea, por representar medidas retroactivas realmente ilegales e injustas.

En la actualidad, acceder a la red eléctrica requiere de una burocracia artificial organizada por la administración, aparte de la autoridad de la compañía eléctrica distribuidora de la zona. La cual boicotea de manera clara la conexión o enganche a la red eléctrica aludiendo motivos técnicos o de papeleo adicional. Las eléctricas buscan motivos técnicos, como la saturación de la red, para controlar sus intereses en otras fuentes energéticas y con la intención de bloquear la iniciativa de los pequeños productores de energía solar fotovoltaica.

Hablamos de un caso típico de abuso de posición dominante de cara evitar la entrada de nuevos competidores que le pudiera perjudicar a la larga sus cuentas de resultados.

Esta situación provoca una grave contradicción por una parte, entre los objetivos de la Unión Europea para impulsar las energías limpias, y por otra parte en España, la realidad de una legislación que boicotea claramente el sector fotovoltaico y que defiende la escasa liberalización del sector energético que a su vez bloquea e impide el despegue y la libre competitividad de las energías renovables.

Miguel Ángel de la Vega

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